El juez Fabián Lorenzini le bajó el pulgar a la oferta concursal que fue presentada por el holding, lo que abre la posibilidad a que los interesados en quedarse con Vicentin, hagan propuestas conforme la Ley de Concursos y Quiebras.
El viernes pasado, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, le bajó el pulgar a la oferta concursal que fue presentada por la sociedad Vicentin Saic y, de esta manera, abrió el proceso de concurrencia (cramdown) por el que se abre la posibilidad de que de hagan propuestas por parte de los interesados en quedarse con Vicentin, tal como lo establece la Ley de Concursos y Quiebras.
Así las cosas, a tres años y tres meses de que Alberto Fernández firmara el DNU 522/2020, va quedando claro que todo el pustch que enemigos y algún que otro socio del Gobierno realizaron para evitar que se hiciera realidad la intervención transitoria que preveía el decreto, sirvió para que el directorio de Vicentin lograra dilatar su permanencia en la zona de toma de decisión del holding, pero también para propiciar que grandes multinacionales cerealeras se repartieran su cartera de negocios con lo que creció la extranjerización del rubro.
Y algo más que no se puede soslayar en ningún análisis: si aunque hubiera sido de manera transitoria, Vicentin hubiese estado administrada con una determinante presencia del Estado Nacional como postulaba el DNU 522/2020, el Gobierno hubiera tenido una herramienta clave para enfrentar problemas como los que durante los dos últimos años se sucedieron por la falta de disponibilidad de dólares y la escalada inflacionaria que dispara, principalmente, la constante remarcación del precio de los alimentos de la Canasta Básica.
Es que cuando reculó con el DNU 522/2020, el Gobierno resignó la posibilidad de que el Estado nacional se hiciera cargo de una herramienta vital para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las reservas en divisas del Banco Central, ya que para la actual estructura económico-financiera de Argentina, el comercio exterior de granos es fundamental para paliar los efectos de la grave restricción externa.
Esto es algo que se profundizó todavía más a raíz de la crítica situación que plantearon la sequía, los condicionantes al mercado global de alimentos que impone la agresión de la Otan contra Rusia, la deuda contraída con el FMI y su posterior renegociación y la vuelta de rosca en el camino de la reprimarización que se perpetró durante el Gobierno Cambiemos.
Y también se dejó la mesa servida a empresas transnacionales que se quedaron con buena parte del mercado que controlaba Vicentin. Ahí aparecen gigantes como Cofco y Cargill, pero fundamentalmente el Grupo Viterra que no hace mucho cerró su fusión con la que hasta ahora era su principal competidora global, el Grupo estadounidense Bunge.
Las características de la concentración que plantea esto y la transnacionalización de este negocio clave para la economía argentina son contundentes. La capitalización de mercado de Bunge es de aproximadamente catorce mil millones de dólares, a lo que se suma una deuda neta de efectivo de alrededor de 2.700 millones. Y con la fusión se evalúa que la valoración ascendería a los treinta mil millones de dólares.
Estas cifras hablan de la pérdida de soberanía que trae aparejado dejar el negocio que controlaba Vicentin en este tipo de manos, al tiempo que dan pistas que permiten atisbar qué hay en el fondo de la defraudación al Estado que se perpetró a partir del préstamo otorgado por la Presidencia Macri a este holding.
Estrés, dólares y un DNU que naufragó
La cosa es clara, ganaron tiempo que con Vicentin, que si hubiera estado administrada por el Estado, hubiese aportado de forma determinante a la construcción de un panorama diferente al actual. Y, por acción u omisión, el juez Lorenzini fue parte del mecanismo que permitió esta dilación, por lo que sumó un jury de enjuiciamiento y otros pedidos de recusación en la causa del concurso preventivo que pesa sobre la cerealera, en el que hace rato se debió haber definido el futuro de Vicentin.
Hace tres meses fue imputado de haber intentado operar ante la Justicia Penal de Rosario, para que se flexibilicen las cautelares que se dictaron contra ex directivos de este holding, que les impiden disponer de los activos de la agroexportadora Renova.
Quien hizo la denuncia es el abogado Gustavo Feldman, que es apoderado de una de las principales acreedoras de Vicentin y lo acusó de haber intentado operar sobre quiénes llevan a cabo la investigación en la causa penal por defraudación y estafa contra los ex directivos del Grupo: el fiscal de Delitos Complejos de la justicia penal de Rosario Miguel Moreno, y los jueces penales que participan en la investigación que son Hernán Postma y Nicolás Foppiani.
Estos magistrados dictaron medidas cautelares contra los catorce directivos de Vicentin que están procesados por defraudación y estafa, por lo que quedaron inhibidos de disponer de activos de la empresa concursada, mientras continúe sustanciándose el juicio penal.
Los embargos pesan -entre otras- sobre Renova que es la agroexportadora que tiene la planta de molienda de soja ubicada en Timbúes, que está considerada como una de las más modernas y eficientes del mundo, al tiempo que constituye uno de los principales activos de Vicentin y está en el ojo del huracán de las maniobras de vaciamiento perpetrados por este holding.
Lorenzini jugó un papel clave desde el mismo momento en que con la Presidencia Macri en retirada, Vicentin hizo público que comenzaba “un proceso de reestructuración de pagos”, como consecuencia de lo que ingeniosamente, la firma calificó por entonces como una situación de “estrés financiero”. Pero la verdad es que adeudaba más de 1.350 millones de dólares, en un tendal en el que entre otros, tenía colgados a pequeños y medianos productores, trabajadores de sus plantas y el Banco Nación que bajo la conducción de Javier González Fraga le había entregado un nuevo e impagable crédito por seis millones de dólares, el 26 de noviembre de ese mismo año.
Desde que Lorenzini apareció en esta historia, su papel fue fundamental para conducir cualquier intento de investigación hacia un callejón sin salida, lo que garantizó impunidad a los integrantes del Directorio de esta empresa que es responsable de vaciamiento, triangulación y fuga de divisas, así como de sobrefacturación y subfacturación. Pero también ayudó a que se vaya diluyendo la posibilidad de que se revise la responsabilidad de González Fraga lo que, tirando de la cuerda, podría haber hecho que se llegue hasta el propio Mauricio Macri. Macri, González Fraga y Laura Alonso fueron denunciados penalmente, durante enero de 2020, por las irregularidades que presenta el otorgamiento de este préstamo del Banco Nación a la empresa agroindustrial, pero hasta ahora la causa duerme.
Es que a más de tres años, la cosa parece haber quedado en el “estrés” de Vicentin. Pero poco y nada se sabe de los alrededor de 791 millones de dólares que fugó este holding en connivencia con el Gobierno Cambiemos durante el momento que va de las Paso de 2019 a la salida de Macri de la Presidencia.
Y aquí vale señalar un dato que es muy significativo. Durante la campaña presidencial de 2019, Juntos por el Cambio recibió jugosos aportes empresariales, entre ellos, los de Algodonera Avellaneda, Friar y Oleaginosa San Lorenzo. Se trata de tres compañías del Grupo Vicentin que aportó así un total de 13,5 millones de pesos para la campaña de las Paso y añadió otros 5,5 millones para las generales, según datos de la Comisión Nacional Electoral. Todo mientras el holding estaba estresado y González Fraga le daba alegremente unos cuantos dólares del Banco Nación, que estaban destinados a un pagadiós.
Así las cosas y después de que mucha agua pasara por debajo del puente, González Fraga, Macri y los integrantes del Directorio del holding siguen sueltos, mientras que Omar Perotti ni siquiera pudo cosechar los votos de aquellos que pensó seducir oponiéndose al DNU 522/2020. Y entre aquellos que salieron a vociferar “todos somos Vicentin”, debe haber alguno que otro que ahora se muerde la lengua cada vez tiene que pagar el paquete de fideos a precio dólar.
Mientras tanto al conocerse la decisión de Lorenzini, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, reconoció que la entidad está trabajando en una oferta para intentar comprar acciones de Vicentin, en la que podría estar asociada con alguna otra entidad del Estado, pero que no sería por el cien por cien de las acciones. Y, en algún lugar, Alberto Fernández, debe estar preguntándose por qué nunca se decidido a ir a fondo con el DNU 522/2020.