El ex dueño de la empresa La Veloz del Norte vuelve a responder en una causa por delitos de lesa humanidad. Dictadura y poder económico, un vínculo que vuelve a ventilarse.
En Salta, el Poder Judicial requirió el procesamiento y juicio para Marcos Levin, ex dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, para su jefe de seguridad, José Antonio Grueso, y dos policías, Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardoso.
Se trata del segundo proceso que enfrenta Levin y sus cómplices y, en todos los casos, todos están imputados de perpetrar delitos de secuestro y torturas durante la última dictadura.
El procesamiento fue requerido por el fiscal general Carlos Amad -a cargo del Área de Transición de Salta- en una causa en la que se investiga al ex dueño de la empresa, directivos y agentes provinciales por crímenes de lesa humanidad.
El pedido fue realizado al juez federal de Salta, Julio Bavio, quien investiga los crímenes cometidos contra los trabajadores de la empresa durante la dictadura, cuando Levin era su dueño.
Al respecto, la referente del PC de Salta y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Bertha Lozano, sostuvo que “llevar a Levin al banquillo de los acusados, ya había sido una victoria para el campo popular” y recordó que “quisieron llevar la acusación a la justicia ordinaria intentando convencer a la sociedad que se lo acusaba de delitos penales, con el propósito de desligarlo del genocidio, pero finalmente en instancias superiores se demostró que se trataban de crímenes de lesa humanidad”.
Tras lo que advirtió que la estrategia de Levin es “apelar al tiempo biológico, a que muera impune, por eso constantemente se niega a declarar”.
Sin embargo, señaló que “el marco en el que se desarrolla su caso judicial implica un pedacito de justicia, ya que allí queda a la vista la responsabilidad de Levin y, por ende, de la pata civil en el terrorismo de Estado”.
Y recalcó que en el expediente “está claro la manera en que Levin y su séquito llevó a cabo una acción sistemática de violación a los derechos humanos, junto a las fuerzas de seguridad, la Iglesia católica y parte del Poder Judicial”.
Por todo esto, sentenció, “Levin y sus cómplices deben responder y dar explicaciones, fundamentalmente, tiene que romper con el pacto de impunidad y develar quiénes más actuaron con él”.
Cabe señalar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante en esta causa. “La secretaría va a volver a poner la mirada sobre las causas donde hay responsabilidad empresarial ya que durante los últimos cuatro años esas causas quedaron abandonadas”, señaló su titular, Horacio Pietragalla Corti.
Los obreros en la mira
Los crímenes que se investigan tuvieron lugar durante 1977, cuando a pedido de la empresa, efectivos policiales y grupos de tareas secuestraron y torturaron a 17 trabajadores, entre los que se encontraban delegados gremiales de la Unión Tranviarios Automotor.
Así la empresa buscaba disciplinar a los trabajadores de la empresa y al movimiento obrero de Salta en general.
El fiscal Amad sostuvo, según informó el servicio de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que los trabajadores fueron perseguidos, ilegalmente detenidos y torturados en la Comisaría 4 de Salta a instancia de los directivos de la empresa, en razón de su actividad gremial contraria a los intereses patronales.
También recordó que se cumplieron con todas las medidas procesales tendientes a descubrir la verdad, las que consideró que ratificaron los hechos de privación de la libertad y torturas sufridos por las víctimas, como así también la participación de Levin, Grueso, Almirón, Bocos y Cardozo en los hechos.
Vale recordar que, en 2016, Levin y sus cómplices recibieron una primera condena por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a Levin, por entonces todavía dueño de La Veloz del Norte, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados en 1977 a un trabajador y delegado sindical de la firma.
Los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz -el juez Gabriel Casas votó en disidencia con la calificación legal y propuso penas menores- impusieron la misma condena a los ex comisario y subcomisario de la seccional 4 de Salta, Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, quienes fueron considerados coautores de los crímenes.
Esta condena fue un hecho histórico, debido a que fue la primera recibida por un empresario por crímenes de lesa humanidad cometidos contra un trabajador de su dependencia.
