Esto es lo que advierte el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos por medio de una carta pública que fue enviada al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Se reunió en Santa Fe el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos que agrupa desde 2019 a las organizaciones locales que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia y la plena vigencia de los derechos humanos que actúan en esa provincia. Y por tal motivo se dieron cita representantes de Reconquista, San Cristóbal, ciudad de Santa Fe, Granadero Baigorria, Rosario, Funes y Pérez, al tiempo que adhirieron organizaciones de Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y Firmat.
«Seguridad no es Disciplinamiento Social», advierte el documento con el que concluyó el rico debate que se desarrolló a lo largo de la jornada en la que a la hora de evaluar la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe, se coincidió en «la profunda preocupación por la represión creciente que vienen ejerciendo las fuerzas de seguridad», así como por otros retrocesos institucionales que se verifican. Y al respecto se recalcó que se trata de «acciones que no tienen como blanco a delincuentes ni a bandas de narcotraficantes, que siguen sin obstáculo alguno con su comercio criminal», sino que se dirigen «contra fuerzas políticas opositoras, movimientos sociales, jóvenes y sectores más vulnerables o docentes que reclaman pacíficamente frente al despojo de sus derechos».
Al respecto, el Encuentro advirtió que este accionar está en sintonía con las políticas nacionales implementadas bajo el paraguas del Protocolo Bullrich y la represión contra la legítima protesta social, «sumado a la violencia verbal permanente que luego se va transformando en violencia física, ya sea estatal, para estatal o social». Y fue claro al remarcar que esta situación «afecta gravemente el Estado de Derecho y la democracia», en tanto que pretende imponer «un modelo económico de hambre, exclusión, precarización laboral, crueldad, destrucción de la Universidad Pública y del Sistema Científico Tecnológico, y entrega de nuestro patrimonio nacional».
Con este telón de fondo, describió que «como parte de la degradación institucional que se observa en la provincia, hay que contabilizar el decreto 659/2024, que otorga mayores atribuciones al Ejecutivo para la designación de jueces y fiscales, en detrimento de la institución del concurso de antecedentes y entrevista pública», pero también la propuesta de avanzar en la llamada Ley Luciano, «que busca despenalizar el gatillo fácil para que la policía ejecute a posibles delincuentes, basado en argumentos de ‘estrés’ y ‘adrenalina’». Pero también la reforma al Código Procesal Penal que favorece la arbitrariedad y la persecución política, y la autorización de que personal policial utilice pistolas de choque eléctrico.
El Encuentro también recordó que recientemente se registraron en Rosario, Santa Fe y Casilda detenciones de militantes que realizaban actos de propaganda, también las de personas que salieron en defensa de jóvenes que eran hostigados por policías, el hostigamiento por parte de uniformados a alumnos de colegios secundarios de Rosario, como así allanamientos y detenciones a dirigentes sindicales que protestaban contra la reforma previsional, el encarcelamiento de pibes del barrio Qom de Rosario que practicaban Rap y Hip Hop, y «centenares de casos de maltrato hacia jóvenes de barrios pobres, que en muchos casos son llevados en camioneta a seccionales policiales y golpeados». Todo esto con el objetivo «de amedrentar para neutralizar el desarrollo de organizaciones sociales y políticas que defienden los derechos de los más humildes y cuestionan el modelo económico dominante».
Por eso es que «a 41 años de aquel esperanzador 10 de diciembre de 1983 y con profunda preocupación por la posible deriva de esta degradación, sumado al creciente autoritarismo y crueldad, hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas a actuar con profundo compromiso por la defensa y recuperación de una democracia plena como soñamos todos los argentinos y argentinas hermanados en aquel momento».
Y también «solicitamos la adhesión de la provincia a la Ley 26827 de Prevención de Tortura y que se cree el mecanismo local, como ya se reclama desde hace muchos años y al Ministro de Justicia y Seguridad que esclarezca los hechos mencionados y revierta las políticas que representan un grave retroceso en el campo de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática». Por tal motivo en una carta abierta dirigida al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se solicitó que la cartera a su cargo esclarezca los hechos de violencia institucional que se vienen registrando para lo que s preciso que «revierta las políticas que representan un grave retroceso en los Derechos Humanos y en la institucionalidad democrática».
Cabe citar que, entre otros, integran el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos Rosario, Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista, Espacio de la Memoria de Rafaela, Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Pérez, Documenta Baigorria, Comisión por la Memoria de Funes, Apdh Regional Rosario, Medh Rosario, Hijos Rosario, Ronda de las Madres Rosario, Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos de Rosario, Colectivo de Ex Presos Políticos de Rosario , Nietes, Pedagogía y Memoria del Apagón-Puerto San Martín, Asociación de Derechos Humanos de Cañada de Gómez, Comisión Permanente por los Derechos Humanos y Sociales de Villa Gobernador Gálvez y el Instituto Venadense por la Memoria, Verdad y Justicia.
