Una nueva jornada de huelga que sumó a docentes, funcionarios públicos y ferroviarios paralizó Gran Bretaña, mientras Rishi Sunak prepara una norma que el Partido Comunista caracteriza como “una nueva legislación antihuelgas”.
Alrededor de seiscientos mil trabajadores volvieron a ir a la huelga en Gran Bretaña, para protestar contra el ajuste que impone el gobierno que encabeza Rishi Sunak. Y, en esta ocasión, la medida de fuerza involucró a docentes de todos los niveles, funcionarios públicos y ferroviarios.
Esta jornada se suma a una serie de otras similares que trabajadores de distintas áreas vienen desarrollando desde el segundo semestre de 2022, básicamente para exigir recomposición salarial ante la disparada de la inflación que en el caso de los alimentos cerró el año pasado por encima del dieciséis por ciento, en un escenario en el que la legislación no prevé mecanismos de negociación paritaria, por lo que la mayoría de los sectores tienen salarios congelados desde hace más de una década.
Y, como si esto fuera poco, los trabajadores británicos también están pagando el precio de la aventura guerrerista de su gobierno en el Donbass, algo que se verifica en un aumento inusitado de las tarifas de los servicios de gas y electricidad.
Con este telón de fondo, a las protestas contra los aumentos tarifarios que se registraron en julio y agosto, durante noviembre más de setenta mil investigadores, académicos y administradores universitarios llevaron a cabo medidas de fuerza y al me siguiente fueron los trabajadores de la salud y los ferroviarios de Inglaterra, Escocia y Gales los que protagonizaron una huelga que paralizó al reino.
Pero la de la semana pasada fue, según el propio gobierno británico, la huelga más fuerte de las últimas dos décadas ya que planteó “una interrupción de la producción” que “le costó a la economía alrededor de doscientos millones de libras esterlinas”, esto es algo así como 240 millones de dólares.
Ante esto, la respuesta que se escucha desde el número 10 de Downing Street es una clara amenaza contra los trabajadores y mientras la secretaria de Educación, Gillian Keegan, dice que está “decepcionada” por la decisión de los sindicatos docentes, el gobierno que integra avanza en su intento de que se sancione una Ley que, entre otras cosas, imponga la obligatoriedad de que se respete un servicio mínimo en los transportes públicos durante las huelgas.
Este proyecto fue catalogado como “una nueva legislación antihuelgas” por el secretario general del Partido Comunista de Gran Bretaña (PCB), Robert Griffiths, quien a propósito convocó a que los sindicatos del Reino Unido “trabajen juntos para presentar una respuesta unida al intento que está preparando el gobierno conservador” presidido por el premier Sunak.
La iniciativa propone que durante un paro de actividades, los sindicatos y las patronales estén obligados a garantizar un servicio mínimo y pretende facultar a las empresas a emitir “avisos de trabajo” que obligarían a los empleados a romper la huelga, algo que el dirigente sindical del PCB, Andy Bain, calificó como “una carta de esclavos que castiga a los sindicatos y elimina las pocas protecciones contra el despido de los trabajadores en huelga”.
