En un nuevo capítulo de la impunidad que reina en Perú, quedó libre el ex presidente que está condenado por perpetrar crímenes de lesa humanidad.
Pese a que dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron que no fueron consultados, sus pares decidieron dar luz verde a la liberación de Alberto Fujimori, que se consumó la semana pasada cuando abandonó el penal de Barbadillo el ex mandatario condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad penal en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
La decisión de otorgarle el “indulto humanitario” a raíz del deteriorado estado de salud que presenta, había sido frenado como consecuencia de una prestación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ahora el TC determinó que no es competente para ordenar que no se ejecute una sentencia de un tribunal nacional, lo que abrió las puertas del penal para quen Fujimori recobrara su libertad.
Tras repudiar esta medida, el Partido Comunista Peruano (PC), advirtió que detrás de todo esto está la mano de Fuerza Popular (FP), el partido político de extrema derecha que “ha capturado el poder político desde 2022, ante la debilidad del poder ejecutivo presidido por Dina Boluarte, quien es la responsable política de la masacre de medio centenar de compatriotas entre diciembre y marzo de 2022 y 2023”.
Al respecto, recordó que FP lleva a cabo un “plan de copamiento de los poderes claves para asegurar el futuro triunfo en las próximas elecciones” del fujimorismo, pero asimismo “para que Keiko Fujimori se salve de sus fechorías millonarias”, por lo que el TC “que está bajo control fujimorista pesca en río revuelto aceptando un habeas corpus que saca de la prisión al asesino Fujimori,
desconociendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló que el indulto que le otorgaron no procedía, ya que se trata de un caso de violación de Derechos Humanos”.
Por su parte, el viernes pasado, familiares de víctimas de los gobiernos que encabezó Fujimori, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare en desacato a Perú por liberar al ex presidente. “Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado peruano ha desacatado una orden suya y que, en base a eso, emita un informe a la Asamblea General de la OEA”, señaló la abogada de las víctimas, Gloria Cano.
