Juntos por el Cambio vuelve con las recetas de siempre. Y mientras la clase capitalista aplaude, Patricia Bullrich, se florea por la Sociedad Rural y el canal de televisión de Mauricio Macri.
“Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible”, recalcó Patricia Bullrich el lunes pasado por la noche en una de sus habituales incursiones por los estudios de LN+. Lo hizo poco después de que en la Sociedad Rural fuera aplaudida cuando, sin aportar precisiones, aseveró algo así como que si resulta elegida Presidenta, aparecerían como por arte de magia los dólares necesarios para que se unifique el tipo de cambio y se levanten las restricciones que existen para la compra de divisas.
¿Pero a quiénes le hablaba Bullrich, más allá de aquellos que asistían al foro por el que también pasaron Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Juan Schiaretti? Apenas se conocieron las medidas anunciadas por el ministro Massa el domingo por la noche, la UIA, el Foro de Convergencia Empresaria y de AEA salieron al cruce con declaraciones tan fuertes como propias del glosario habitual de este sector de la clase capitalista que actúa en Argentina.
AEA, esto es el Grupo Clarín y sus amigos, dijo que el ejecutivo “ha vuelto a incrementar la presión tributaria” y advirtió que “esta vez con medidas que impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas”. Y denunció que esta decisión “implica la creación discrecional de nuevos impuestos”, al tiempo que “genera enorme preocupación en el mundo empresario”.
Por supuesto las críticas de este sector no apuntan al carácter devaluatorio que tiene una parte del paquete de medidas, sino a la intervención estatal que en este caso mete la cuchara, fundamentalmente, en la importación de bienes suntuarios, algo que durante el último período le costó al Banco Central el drenaje de alrededor de cuatrocientos millones de dólares.
Pero la titular del PRO también le habla a un público compuesto por sectores medios, que siguen viendo en el dólar una herramienta de atesoramiento y estabilidad vinculada al ahorro personal; así como a aquellos habituados a salir vacaciones y compras hacia el exterior, y a los que simplemente tienen a la moneda estadounidense como uno de sus fetiches predilectos. Se trata de un grupo social históricamente permeable al discurso de derecha, en donde el PRO siempre se sintió muy cómodo.
Pero más allá de tirar el espinel dentro de una pecera y con la bestialidad que la caracteriza, durante la jornada del lunes, Patricia Bullrich, expresó sin ambages qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio si vuelve a La Rosada.
Y lo hizo sin vueltas ni apelando al maquillaje que intenta ponerle Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, lejos de ser un exabrupto, lo del “blindaje” al que aludió en sus declaraciones, expresa cabalmente que un Gobierno de Juntos por el Cambio, va a significar la prosecución de un proceso que tuvo a Bullrich, Larreta, Gerardo Morales y las principales cabezas de este espacio como protagonistas de la etapa que se abrió en diciembre de 1999 con La Alianza. Y que tuvo entre sus principales hitos al acuerdo suscripto el 28 de enero de 2000 por Fernando De la Rúa con el FMI, que viabilizó un mecanismo para garantizar la fuga de capitales, lo que profundizó la crisis que reventó con el estallido social de diciembre de 2001. Esa vez, a esa maniobra fraudulenta, el Gobierno que integraba Bullrich la denominó “Blindage”.
Historia y continuidad
¿Pero por qué hablar de un proceso? Hablar de FMI es hacerlo de sobreendeudamiento, un esquema que está diseñado para beneficiar a la clase capitalista que actúa en el país y que la constatación empírica señala que nunca cierra si no es con represión. Y en esto existe un claro sentido histórico y de continuidad.
El 24 de marzo de 1976 Videla, Massera, Agosti y José Alfredo Martínez de Hoz eran los actores más visibles del golpe de Estado que perpetró el peor genocidio de la historia argentina. Ese día la deuda externa del país ascendía a siete mil millones de dólares, sólo seiscientos millones más que cuando, tres años antes, había asumido Héctor J. Cámpora. Pero cuando Bignone le pasó la Banda Presidencial a Raúl Alfonsín, la deuda ya era de 43 mil millones.
Queda claro que este proceso de sobreendeudamiento fue destinado a favorecer a la clase capitalista, reprimarizar la economía, destruir derechos laborales, sociales, políticos, ciudadanos y humanos. “El presente programa es un conjunto coherente e inseparable”, sostenía el 2 de abril de 1976 el ministro de Economía Martínez de Hoz, mientras que anunciaba un paquete de medidas que apuntaba a destruir la actividad productiva, especialmente la industrial; al tiempo que fomentaba la fuga de capitales y la especulación financiera.
Y, para garantizarlo, se implementó la apertura comercial irrestricta, se subieron las tasas de interés y se habilitó la libre entrada de capitales extranjeros, que se hicieron el veranito con la bicicleta financiera que demandaba muchos dólares, algo que se solucionó incrementando la deuda externa. Todo esto, traducido a la jerga actual, sería algo así como “levantaron el cepo”.
En medio de esa orgía financiera, el sector privado quedó sobreendeudado y el Estado siguió por el mismo camino, ya que proveía dólares baratos para la importación de mercancías e insumos que, en muchos casos, se trataba de porquerías innecesarias. Pero fundamentalmente, los dólares iban a parar a manos de los especuladores.
Así las cosas, cuando ya no quedaba alfombra para tapar tanta mugre, apareció Domingo Felipe Cavallo que desde el Banco Central licuó entre todo el pueblo argentino 17 mil millones de dólares de deuda privada. Entre los beneficiados estuvieron Bunge y Born, Grafa, Alpargatas, Loma Negra, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Pérez Companc y Acindar, también algunos de los que ahora siguen inflando el precio de los alimentos como Molinos Río de la Plata Ingenio Ledesma. Y, por supuesto, el Grupo Macri.
Entonces, acabó la dictadura, pero quedó el sobreendeudamiento y no sólo eso, ya que también la herencia dejó un aparato productivo destruido, la capacidad industrial instalada que funcionaba por debajo del cuarenta por ciento, salarios que estaban en niveles menores de los históricos e índices de desocupación que nunca habían sido vistos. Y en este punto vale recordar que de los 30 mil desparecidos, el 30,2 por ciento eran obreros, 17,9 empleados y 5,7 docentes, lo que quiere decir que más de la mitad eran trabajadores, algo que explica con claridad a qué apuntó la dictadura y qué tiene que ver todo esto con este proceso que todavía no acaba.
De ahí en adelante con algunos breves paréntesis, prosiguió este esquema que tuvo uno de sus hitos en Juan Vital Sourrouille, que fue puesto por el FMI en el Ministerio de Economía para acordar con el Fondo y el Club de Paris. Siguieron el Plan Austral y su correlato el Plan Primavera, que incrementaron la deuda hasta llevarla a algo más de setenta mil millones de dólares. Y el acuerdo con el FMI por el que Argentina comenzó a pagar y volvió a ajustar, lo que dejó como saldo una pronunciada recesión, caída del PBI, desocupación e hiperinflación.
Después, Menem y Cavallo vendieron como una suerte de panacea universal al Plan Brady que reunía a los distintos acreedores: bancos comerciales, FMI, Banco Mundial y Club de Paris. Básicamente habilitaba a que a Argentina se le abriera las puertas de mercados financieros internacionales, siempre y cuando, aplicara el decálogo del Consenso de Washington.
Y Menem lo hizo, para lo que se emitieron otros títulos, los bonos Brady, con lo que se saldaron vencimientos que Argentina no podía pagar y, en el medio, comenzaron las privatizaciones por las que el Estado recibió bonos de una deuda que continuaba catapultándose y que eran algo más que papel pintado.
Terminaba el siglo 20 y Menem dejaba La Rosada con una deuda superior a los 111 mil millones de dólares y un contexto social atravesado por el ajuste, la destrucción de trabajo, la privatización del sistema jubilatorio, la degradación de las prestaciones de los sistemas público universal y gratuito de Salud y Educación. Y con la certeza de que esta olla a presión no cerraba sin represión, algo sobre lo que tomó nota Fernando de la Rúa y su staff en el que comenzaban a despuntar algunos de los jugadores que más adelante se distinguirían con el macrismo como Adolfo Sturzenegger, Hernán Lombardi, Ricardo López Murphy y, por supuesto, Patricia Bullrich.
Toda esta runfla es responsable del empobrecimiento de los trabajadores que se profundizó entre 1999 y 2001, así como de la matanza de diciembre de ese año. Y, asimismo, dejaron los dedos marcados en otro hito de la continuidad del programa de la dictadura de 1976: el Megacanje y el Blindaje que prometía cuarenta mil millones de dólares para “blindar a la economía de la turbulencias financieras”, de ellos catorce mil provendrían del FMI.
Pero en la vida real sólo se trataba de un asiento contable que firmaba el Estado antes de pasarlo a los acreedores, con lo que lo único que se blindó fue el negocio de quienes hicieron la bicicleta financiera, para aprovechar la Convertibilidad y conseguir dólares baratos que fugaron cuando el país estaba reventado. Y, a cambio del Blindaje, el gobierno de La Alianza se comprometió a avanzar en un esquema de desregulación de las obras sociales y en una reforma previsional que incluía dinamitar el Anses y el Pami.
Pero como no podía ser de otra manera, el Blindaje se extinguió rápido y entonces, como para garantizar tiempo para se robaran lo que quedaba, la clase capitalista que actúa en Argentina recurrió al último de sus fetiches del momento. Cavallo volvió con las mismas recetas que aplicó cuando fue parte del staff de la dictadura y para implementar el Corralito, pero antes infló el globo del Megacanje de títulos públicos por cincuenta mil millones de dólares, lo que no era otra cosa que patear para adelante vencimientos que a esa altura ya eran impagables.
Y para hacerlo recurrió al Credit Suisse Group, que tenía al ministro en su nómina desde hacía muchos años, y que se quedó con 120 millones de dólares en concepto de honorarios por una operación que no solucionó nada, porque en ese pasamanos la deuda se volvió a incrementar, esta vez, por nueve mil millones tal como reconoció el propio FMI.
Queda claro que tal como el Megacanje, el Blindaje, tiene un sentido de continuidad metodológica e histórica con los planes Austral y Primavera, la Convertibilidad y su saga, así como con el Plan Martínez de Hoz y la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura que sigue vigente. En todos los casos se trata de programas criminógenos que también son padres del plan impuesto por el Gobierno Cambiemos y su obra cumbre: el Stand-By por 57 mil millones que acordó con el Fondo, que condiciona coyuntural, táctica y estratégicamente al país.
Y, como se ve, se trata de un hilo conductor que en su etapa más reciente, arranca con la última dictadura, y ahora pretende relegitimarse electoralmente por medio de cualquiera de los actores del bloque de representación política que exhibe la derecha de cara a las próximas Presidenciales, de los que Patricia Bullrich es sólo su exponente más cruelmente deschavetado.
