Un magistrado condenó a una docente porque, en el marco de una clase donde se hablaba sobre Derechos Humanos, se refirió al genocidio que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo palestino.
La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), va a manifestarse esta semana cuando la docente Ana Cecilia Contreras se presente para hacer su descargo en la sede judicial de General Pico, tras haber sido condenada por el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, a pagar una multa de 913.800 pesos entre otras sanciones como la prohibición de entrar en contacto durante un año con la alumna que la acusó de haberla “maltratado psíquicamente”.
La denuncia que fue atendida rápidamente por el magistrado que condenó sin escuchar a Ana Contreras, fue hecha por una estudiante y sus padres que consideraron que hablar en clase sobre la masacre que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo palestino, es un delito incluso si eso sucede en el contexto de una clase referida a la defensa y violaciones de los Derechos Humanos, algo que está considerado en la currícula escolar.
Ante esto, Utelpa emitió un comunicado en el que advierte acerca de su preocupación por la “intromisión del Poder Judicial en el ámbito educativo” y los riesgos que esta situación representa para la autonomía normativa del sistema de educación, por lo que tras rechazar la decisión judicial se reunieron con Ana Contreras la titular del gremio Rosana Gugliara, junto a las secretarias general y gremial de la Seccional General Pico, Carina Villegas y Carina Peredo. Tanto Utelpa como Ctera pusieron a disposición de la docente a sus respectivos equipos de abogados.
Víctor Giavedoni se desempeña en la Secretaría de Derechos Humanos de Utelpa y en el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, y destaca que el gremio docente “está brindando todo su apoyo a la compañera”, que es víctima de este hecho ante el que el juez Boga Doyhenard, “lo que hace es tomar la palabra de la adolescente y su familia como verdaderas y no así el descargo que hace la docente, que explica cómo se dan los hechos en el contexto de una clase sobre Derechos Humanos y que es desde la misma clase, donde sale el tema de Palestina al que ella le da una interpretación dentro de la mirada de defensa de los Derechos Humanos”.
Vale recordar que en más de una oportunidad la ONU condenó a Israel por los crímenes que perpetra sistemáticamente contra la población palestina, la última vez hace apenas seis meses cuando oficialmente determinó que la ofensiva que lleva a cabo en la Franja de Gaza “es consistente con las características de un genocidio”.
También durante 2024, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, condenó al Estado de Israel por ese genocidio, pero también dictó órdenes de detención contra el premier Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant a quienes les imputa ser penalmente responsables de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“Imagínense que en el tema genocidio no es ajeno a la problemática de los Derechos Humanos y el posicionamiento de la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya lo dictaminaron”, recordó Giavedoni y advirtió que “hablar sobre ese genocidio no implica alentar el terrorismo internacional y ese fue el posicionamiento de la docente”.
Así las cosas, “de esta manera el Poder Judicial avala y promueve este tipo de denuncias para utilizar estos temas como disciplinador social, lo que es muy peligroso porque se están metiendo en el aula dándole un mensaje a la docencia pampeana y de todo el país, que dice que de estos temas no se puede hablar”.
¿Pero por qué? “Quieren frenar el tratamiento de estos temas metiéndoles miedo a la docencia y, por otro lado, generar un silencio impune”, ya que “la escuela pública argentina tiene una Ley de Educación que es muy avanzada en materia de Derechos Humanos y está dentro de la currícula que debemos enseñar estos temas en las ciencias sociales”.
Por otra parte, sostuvo Giavedoni que lo que sucedió con Ana Contreras, responde al intento de estigmatizar al sistema de ecuación público, universal y gratuito para propiciar condiciones que favorezcan “el negocio de la privatización de la educación”. Por lo que “estigmatizan y atacan al sistema público, para generar que haya descontento con las escuelas” y esto es coherente con el lobby que “referentes del espacio Argentina por la Educación donde hay sectores de la UCR, el PRO y empresariales, vienen haciendo y encontraron este modus operandi para estigmatizar a docentes buscando que la comunidad los denuncie que rompa sus vínculos con la escuela pública”.
Pero también hizo hincapié en que el hecho sucedido en General Pico no es un caso aislado. Y, en este sentido, recordó que recientemente la diputada nacional Vanina Biasi, fue procesada por el juez federal Daniel Rafecas quien le imputa haber cometido delitos considerados en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de tuits que hizo durante 2023 en los que calificó de genocida al Estado de Israel, al tiempo que lo comparó con el régimen nazi y lo culpó de llevar adelante una avanzada militar que equiparó al Holocausto.
