Con la merma de los incendios, y en estado de alerta permanente ante la posibilidad de la aparición de nuevos focos, el pueblo de la Comarca Andina en Río Negro sostiene los espacios de organización constituidos al calor de las llamas. Ahora “el desafío más grande para nosotros reside en trabajar con éxito para consolidar esa red de solidaridad y transformarla en un espacio de organización popular”, dijo Fabián Vera del Partido Comunista en El Bolsón. Se trata también de una lucha por la soberanía nacional, en una región en la que desde 2015 se aceleró la extranjerización de la tierra.
“Quedamos con fuerza y convicción para enfrentar a Lewis y sus aliados locales” dijo Fabian Vera, militante social e integrante del Partido Comunista de Río Negro en la zona de la Comarca Andina. Junto a referentes políticos y sociales de la región, Fabián participó activamente durante las últimas semanas en la conformación de redes de organización popular que fueron desplegadas para combatir los terribles incendios que afectaron a gran parte del territorio. A su vez denunció la responsabilidad del empresario británico Joe Lewis en la usurpación de tierras y señaló la activa complicidad del intendente Bruno Pogliano, quien en los hechos se comporta como el brazo político del empresario en la localidad, donde el Estado funciona como apéndice del poder económico. La pérdida de soberanía, consecuencia directa de la usurpación de tierras por parte del capital transnacional, obstaculiza el control del terreno y limita el combate con precisión de los incendios.
“A pesar de la gravedad de los daños provocados y del tendal represivo desatado contra quienes denunciamos la responsabilidad de Lewis y la intendencia, la organización popular resultó ampliamente fortalecida tras los incendios”, aseguró el militante del PC en la localidad rionegrina, pues “desde el centro comunitario en el que trabajamos pudimos articular iniciativas con numerosas organizaciones”.
El esfuerzo mancomunado de la comunidad en las horas más críticas permitió obtener y gestionar recursos decisivos para evitar que los focos se multiplicaran. “La organización popular garantizó la rápida distribución de los insumos entre la población y, especialmente, entre los brigadistas que combatieron el fuego”, detalló. Desde viandas y medicamentos hasta combustible para las motosierras y aceite para las cadenas, “la organización popular logró suministrar todo tipo de insumos que son fundamentales para sostener la lucha contra el fuego”. Para la faena, explicó Vera, “fue decisiva la articulación comunitaria entre el pueblo y las organizaciones territoriales de base”.
Superados los momentos más dramáticos, cuando con la expansión del fuego se acrecentó también la persecución contra el pueblo perpetrada por los grupos parapoliciales de Lewis y compañía, ahora se impone “el desafío más grande” que, en opinión de Vera, reside en afianzar con éxito las redes de solidaridad y articular a partir de ellas un ámbito de organización política de alcance y composición popular. Según detalló, se trata, en suma, de construir “un espacio donde podamos intercambiar y debatir sobre la situación en la zona y unificar los esfuerzos de una lucha, que es fundamentalmente política e ideológica”.
En ese sentido, el militante del PC puntualizó que “los incendios dejaron en evidencia el tipo de enemigo con el que nos enfrentamos, que no es ninguna fuerza natural como el fuego sino, por el contrario, una poderosa fuerza social que surge de la confluencia entre el poder económico y político de Lewis y sus aliados locales, que en la actualidad cuentan también con el apoyo del gobierno nacional”. En efecto, por acción u omisión, el gobierno nacional es funcional a los intereses económicos de los grandes grupos económicos transnacionales que desde Bariloche a El Bolsón se apropian de enormes extensiones de tierra, lo que implica también para la población la desposesión de sus recursos naturales.
El huevo de la serpiente
Lejos de tratarse de un asunto local, la lucha del pueblo patagónico en la Comarca Andina se presenta como una lucha en esencia decisiva para la soberanía nacional, puesto que se dirige contra la extranjerización de la tierra en una zona sensible para el país en términos de soberanía y seguridad territorial, dado que se trata de grandes extensiones de suelo situados en el cinturón andino donde se definen los trazos de la frontera nacional con Chile. La extranjerización de la tierra en nuestro país, que en muchos aspectos se asemeja a lo que Marx describió magníficamente como “acumulación primitiva” u “originaria” en El Capital, aunque bajo nuevas modalidades de subsunción de los recursos naturales por parte del capital, se acrecentó con frenética velocidad a partir de diciembre de 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se sentaron las bases jurídicas para la profundización de la enajenación del territorio nacional en manos de grupos económicos transnacionales.
Como se recordará, en 2016 Macri modificó por decreto (850/2016) la Ley de Tierras (26.737) sancionada por el Congreso Nacional en 2011. La normativa establecía que el máximo total de territorio rural en manos extranjeras no podía sobrepasar el quince por ciento del territorio nacional, una cifra tan alta para cualquier país con ansias de soberanía como insuficiente para una clase capitalista necesitada de ampliar las bases territoriales de acumulación. En un decreto a la medida de Lewis, pero también de los poderosos capitalistas personificados en la figura de los jeques árabes, ligados en diferentes partes del mundo a los negocios de Macri, la reforma macrista abrió las compuertas para la penetración de grandes empresarios y multinacionales que comenzaron a comprar extensas porciones de territorio. En un país que tiene como marca de nacimiento en su frente la concentración de la propiedad de la tierra en una reducida clase terrateniente, parasitaria y sin voluntad de promover el desarrollo nacional, la reforma macrista puso la frutilla en un postre que solo se sirve en una mesa que desde entonces no deja de achicarse. Para ello, el gobierno de Macri eliminó el Instituto Nacional de Tierras, un organismo creado por la Ley 26.737, cuyo objetivo era monitorear la propiedad de la tierra en el país y autorizar, o no, la compra y venta de territorios rurales a personas físicas o jurídicas asentadas en el exterior.
De este modo, como consecuencia de la política iniciada por el macrismo, en la actualidad se conformó una especie de “emirato” en el corredor cordillerano que une Bariloche con El Bolsón, un tramo de superficie que abarca el equivalente a seis ciudades de Buenos Aires, que estaría en manos del Emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, amigo personal de Macri, quien desde entonces visita con frecuencia la zona.
En este contexto “la lucha contra el poder económico y político local es también una lucha por la soberanía nacional”, explicó el militante del PC. La represión contra el pueblo que se organizó para denunciar la caza de brujas lanzada por el poder político local en busca de un chivo expiatorio por los incendios, como así también las recientes visitas de Patricia Bullrich y Luis Petri, enfatizó Vera, “generaron condiciones para la emergencia de una subjetividad antifascista y antiimperialista”. Esta subjetividad, concluyó el militante del PC, “se fortaleció cuando se pusieron de manifiesto, a plena luz del día, las acciones de los grupos parapoliciales organizados y financiados por Lewis”. Persecución contra militantes políticos y sociales, amenazas a los familiares de los detenidos e impunidad para moverse en el territorio son algunas de las prácticas que conforman el repertorio fascista implementado por el poder económico, en un claro ejemplo que demuestra claramente que para sostener una política económica de saqueo y exclusión se requiere, como en la última dictadura militar, de un aceitado aparato represivo sostenido por el Estado y apuntalado por los grupos empresariales.
