Esta es la convocatoria que hizo el Partido Comunista a veintitrés años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Multitudinario acto ante el Monumento a la Bandera en Rosario en el que se recordó a las 39 víctimas de la represión.
El Partido Comunista estuvo presente en el acto llevado a cabo el viernes pasado ante el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario, donde familiares de las víctimas junto a integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas honraron la memoria de las 39 personas que fueron asesinadas por la represión policial que fue perpetrada en las jornadas del estallido popular que tuvo sus picos durante los días 19 y 20 de 2001.
El acto que se desarrolló en ese emblemático sitio rosarino, en el que entre otros se dirigió a los presentes el secretario Político del PC provincial, Norberto Champa Galiotti, fue el corolario de una serie de actividades que comenzaron un día antes con una manifestación efectuada frente a la sede de los Tribunales provinciales, en la que se volvió a hacer hincapié en demandar Memoria y Justicia por quienes fueron ultimados durante aquellas jornadas, en las que nueve de los crímenes fueron cometidos en Santa Fe, entre ellos el de la militante del PC Graciela Acosta.
En este contexto, por medio de una declaración, el PC señaló: “a veintitrés años de la rebelión popular contra la Alianza neoliberal que continuó con las políticas menemistas de los 90 reafirmamos lo que dijimos entonces: que se vayan todos los responsables, que en este caso son los mismos de ayer”.
Y recordó que actualmente un millón doscientos mil jubilados dejan de recibir medicación que el Pami les cubría sin costo, en tanto que el setenta por ciento de niños y adolescentes viven bajo la línea de la pobreza, al tiempo que “en esta Argentina de remate sólo ganaron los monopolios y los grandes capitales transnacionales, para quienes se aprobaron las leyes a pedido con votos comprados con la nuestra, como en el caso de la Ley Bases, que debería anularse”.
Asimismo, puntualiza la declaración del PC que ahora los genocidas de la última dictadura cívico-militar se sienten legitimados para pedir prisión domiciliaria o su libertad, al tiempo que “también lo hacen los asesinos de los compañerxs de 2001, Enrique Mathov y Rubén Santos que deberían purgar penas ejemplares y no las condenas a cuatro y tres años respectivamente, con las que fueron premiados”.
Cabe citar que en diciembre de 2001, Mathov era secretario de Seguridad mientras que Santos se desempeñaba como jefe de la Policía Federal. Casi veintitrés años pasaron para que en septiembre de 2024, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, ambos sean los únicos sobre quienes pesan condenas firmes que, hay que recalcarlo, fueron reducidas tras la apelación que sus defensas hicieron del veredicto que había entregado el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6 que en 2016 los encontró penalmente responsables por los asesinatos de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, así como por las heridas que personal policial provocó a otras veinte personas durante las protestas en la zona de Plaza de Mayo.
Como resultado de la apelación la Cámara Federal de Casación modificó las penas que ya en 2021 fueron reducidas a cuatro años y tres meses de prisión para Mathov, y de tres años y seis meses en el caso de Santos.
Por su parte, durante el juicio inicial también fueron condenados Raúl Roberto Andreozzi, quien estaba a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, y Norberto Gaudiero que en esas jornadas era el titular de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza.
Pero los dos fallecieron antes de que la Corte dejara firme la sentencia. Fernando de la Rua había conseguido que en un fallo de primera instancia el juez federal Claudio Bonadío lo sacara de la causa y, poco después, fue la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal quien fue en la misma dirección. A fuerza de apelaciones su caso fue a parar a la Corte Suprema que con las firmas de Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda rechazó un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales con lo que quedó definitivamente afuera de la causa y el 9 de julio de 2019 falleció cómodamente instalado en su casa de un club de campo ubicada en la zona de Escobar.
“Merece el homenaje de todo el pueblo argentino”, dijo entonces Mauricio Macri, quien era Presidente y por medio del decreto 472/2019 que ese día fue publicado en el Boletín Oficial, señaló que “resulta un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria” del extinto ex mandatario. Entre otros firmaron ese decreto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que, en diciembre de 2001, integraba el gobierno de la Alianza.
Queda claro que para la derecha algunas cosas no cambian y quizás por eso es que en este diciembre la Presidencia Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 1107/2024. “Es la manera que eligió el gobierno para conmemorar el aniversario del estallido social de 2001”, denunció el PC y advirtió que se trata de un decreto “que habilita a las Fuerzas Armadas para la represión interna, el cual es inconstitucional ya que pasa por alto la división de funciones y fuerzas para la seguridad y la defensa, división que tiene estatus de ley”. Y, al respecto, recalca que “a esta medida reaccionaria debemos frenarla políticamente en la calle, como ya lo hicimos cuando Macri intentó avanzar en la misma dirección al pasado al que le dijimos Nunca Más”.
Por eso es que después de hacer hincapié en que “no vamos a poder derrotar a este gobierno vendepatria si no ganamos masivamente las calles”, el Secretariado Nacional del PC convoca, “en memoria de nuestra compañera Graciela Acosta y de todxs lxs compañerxs asesinadxs el 19 y 20 de diciembre de 2001”, a avanzar “en unidad hacia la liberación nacional y social”.
