Las empresas que prestan servicios de medicina prepaga vuelven a aumentar sus tarifas y, tal como la industria farmacéutica, remarcan por encima del Índice de Precios al Consumidor.
La Superintendencia de Servicios de Salud autorizó un nuevo aumento para la tarifa de la medicina prepaga que, con el 13,8 pautado para diciembre, va a totalizar una suba de 113,8 durante este año, lo que lo coloca por encima de las estimaciones sobre la inflación 2022, incluso de las más pesimistas.
De este modo que el plan mínimo de cobertura que estas empresas ofertan para una familia conformada por dos personas adultas con dos hijos menores, tiene en promedio una tarifa de 27 mil pesos y el máximo trepa a los 270 mil mensuales.
Este aumento le pone más presión a una inflación que ya de por sí es muy elevada, pero también hace que muchas familias que tradicionalmente optaban por recurrir a este tipo de servicios, no les quede otra que recortarlos parcial o totalmente lo que estresa todavía más al sistema sanitario público, universal y gratuito.
Un trabajo llevado a cabo por el Centro de Economía Política (Cepa), da cuenta de que las tarifas de las empresas de medicina prepaga fueron aumentadas entre 2016 y 2019 un 326 por ciento, mientras que durante ese mismo período la inflación fue de 291 por ciento.
Pero esto no es todo. Durante 2020 y en el contexto de la peor etapa de la pandemia, esas tarifas fueron incrementadas un poco por debajo del índice inflacionario, pero ni siquiera así estas empresas morigeraron su tasa de rentabilidad, ya que se vieron beneficiadas por medidas que adoptó el Gobierno nacional para enfrentar la contingencia que impuso la crisis sanitaria, como considerables rebajas en los aportes patronales y los que recibieron por medio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Pero al año siguiente su cuadro tarifario volvió a pegar un salto, ya que ni lerdas ni perezosas lo aumentaron en un promedio de 216 por ciento, para ponerle números que superan holgadamente a lo que ascendió la inflación, lo que sumado a lo de este año, hace que estas empresas redondeen un período de ganancias récord.
Pero en eso de cazar en el zoológico, las empresas de medicina prepaga no están solas. Durante el período enero-septiembre los precios de los medicamentos, de venta libre y de los que requieren de receta, también fueron aumentados por encima del nivel de inflación.
En este caso el ejecutivo y los laboratorios farmacéuticos acordaron firmar la prórroga del acuerdo vigente hasta el 18 de noviembre por otros tres meses, durante los que se permitirán subas de precios hasta uno por ciento por debajo del Índice de Precios al Consumidor.
Así lo hizo saber la Secretaría de Comercio, cuyo titular Matías Tombolini, dijo que el objetivo es que los laboratorios “hagan otro esfuerzo para ayudar en la gran lucha contra la inflación”. Pero a la frase le sobra la palabra “otro”, ya que durante los primeros nueve meses del año, estas firmas de empresarios argentinos así como las multinacionales incrementaron los precios de sus productos más del setenta por ciento, cuando la inflación para ese período fue del 66.
Y como el segmento etáreo que más consume medicamentos es el de las personas adultas mayores, a nadie le puede sorprender que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), haya incrementado en más de un veinte por ciento la cantidad de medicamentos que entrega de forma gratuita, así como la erogación que hace por medio de mecanismos de reintegro para facilitar que se sostengan tratamientos farmacoterapéuticos.
Mientras tanto, la tasa de rentabilidad de las farmacéuticas no para de subir. El caso más emblemático es el de Pfizer que durante el primer semestre del presente año, obtuvo un beneficio neto de 17,769 millones de dólares lo que representa un setenta por ciento más respecto al mismo tramo de 2021.
Este proceso de mercantilización de la sanidad, también habla de a crisis del estado de bienestar que se basó en la idea del Estado como mediador y representante de los intereses de la mayoría población. Este pacto ficticio que pretendía que la clase obrera se integre dentro de los márgenes de la democracia liberal burguesa, construyó su pedestal sobre tres pilares: el sistema de jubilación, el de educación y el de salud de acceso y derecho público, gratuito y universal.
Pero pasaron los años y ahora el sistema ya no precisa aquello que aceptó a regañadientes a mediados del siglo 21, porque había un bloque socialista donde esas tres cosas eran realidad y, porque así, podía garantizar al capitalismo fordista la mano de obra abundante y sana que precisaba.
Pero para lo que el capitalismo tiene como paradigma en el contexto de la actual etapa de su segunda crisis de larga duración, ya no es necesario que toda la población pueda acceder a una asistencia sanitaria de calidad, ya que el sistema no precisa que haya pleno empleo en un escenario en el que impone el precariado como forma vincular entre los universos del trabajo y el capital.
De ahí tanto esfuerzo por desmantelar el sistema público, universal y gratuito de salud, con lo que se busca empujar a quienes puedan pagarlo, hacia el esquema de sanidad que prestan las empresas privadas del sector que poseen una cartera de negocios altamente financierizada. Y sobre todo porque los sistemas jubilatorio, junto al de educación y el de salud de acceso y derecho público, gratuito y universal son expresiones extrañas para el sistema capitalista, algo así como una avanzada de un tipo de sociedad diferente. Por eso el capitalismo aborrece a estos tres diseños y los pretende destruir.
