Por medio de un decreto, la Presidencia Milei acabó con áreas estratégicas dedicadas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades como VIH, lepra, tuberculosis, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. "Hay desfinanciamiento en todos los niveles, crisis en la provisión de insumos y medicamentos, se despiden y precarizan trabajadores", denunció desde la Cicop Pablo Torre.
La semana pasada, la CTA de los Trabajadores advirtió sobre la peligrosidad que trae aparejado el cierre de las coordinaciones nacionales de TBC, Lepra, Hepatitis y HIV que dispuso Javier Milei por medio del decreto 1.138/2024 ya que, sostuvo la Central, se trata de áreas estratégicas dedicadas a la prevención y promoción de la salud que constituyen pilares fundamentales de articulación de políticas públicas nacionales, al tiempo que aseguran estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento.
En ese marco, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), llevó a cabo un abrazo simbólico a la sede del Ministerio de Salud que fue convocado "en defensa de la salud pública y la vida" en tanto que solicitó que los reciba su titular, Mario Lugones, ya que "la salud no puede retroceder y por ello es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población".
Pablo Torre es psicólogo, directivo de Cicop y de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y aclara que el decreto 1.138/24 que determina el cierre de quince direcciones que son estratégicas dentro del Ministerio de Salud , "se produce en momentos en que la tuberculosis en el país viene en aumento pasando de trece mil casos en 2023 a quince mil en 2024, con registro de cifras preocupantes en Jujuy, Salta, Chaco e incluso en Ciudad de Buenos Aires donde hay tres comunas que se ubican en niveles similares a los del Chaco".
El panorama no mejora cuando se habla acerca de la hepatitis, ya que hay quinientos mil casos en Argentina, en tanto que los datos indican que, en el orden internacional, son quince millones las personas que mueren por año de tuberculosis. "La tuberculosis es claramente una enfermedad ligada a las crisis sociales y, si bien la humanidad avanzó con su combate por medio de antibióticos, también la enfermedad se las ingenia para avanzar por lo que ha desarrollado cepas resistentes que hacen muy difícil su tratamiento", recuerda Torre y alerta que el Decreto 1.138/24 "vulnera compromisos internacionales suscriptos por el país con la OMS, incumple la Constitución Nacional y la Ley 27.675 de 2022", también conocida como "ley de respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis".
Con este telón de fondo, el miércoles pasado y por medio de la cuenta Oficina de Prensa del Presidente, la cartera que preside Lugones anunció que no va a renovar los contratos de 1.400 trabajadores, para lo que adujo “irregularidades en la contratación de personal durante la gestión anterior”. Ante esto, en su cuenta de la red social X Milei festejó: "Afuera. Seguimos con la motosierra...Fin". Ese fue el mensaje presidencial.
Estos despidos afectan, entre otros, a nosocomios e instituciones como el Posadas, Laura Bonaparte, el Instituto Nacional del Cáncer, la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina y el Pami, lamentó Torre y puntualizó que "prácticamente hay despidos en todos los hospitales y en los pocos centros que aún dependen de Nación a raíz de la transferencia que hubo durante la dictadura y el menemismo, desde Nación hacia las provincias, lo que trajo una fragmentación al Sistema de Salud".
Y en este marco, reflexionó que "es conocida la relación que existe entre crisis social y deterioro de la salud y ahí tenemos el tema de la alimentación relacionado a la carestía que se refleja en los datos que dio a conocer Unicef hablando de la cantidad de niños que se van a dormir sin poder hacer las cuatro comidas diarias".
En agosto pasado, un informe confeccionado por Unicef Argentina, dio cuenta de que en nuestro país un millón de pibes se va a dormir sin cenar, al tiempo que más de un millón y medio se ve obligado a saltear al menos una comida durante cada jornada sencillamente porque viven en hogares que fueron empujados a la pobreza y la indigencia.
"A esto hay que sumarle el tema de salud mental", alerta Torre y refiere que "la desocupación tiene un impacto en quienes pierden su trabajo, pero también involucra a su grupo familiar" y en este contexto aparece un preocupante incremento y naturalización de formas de violencia que, entre otras cosas, "son consecuencia de la crisis social que tiene un impacto directo en la salud".
Pero esto no es todo, ya que también "hay un aumento indiscriminado en el precio de los medicamentos que fue desregulado y encima Pami suspendió la entrega de medicamentos gratuitos", por lo que recalcó que es preciso "avanzar hacia la producción de sueros y vacunas, lo que permitiría reducir los costos y abastecer a los hospitales públicos y obras sociales con medicación mucho más económica que la que se utiliza ahora". Al respecto explicó que "los medicamentos representan el cuarenta por ciento de los gatos totales que se dan en salud".
Y por otra parte, recordó que "la recesión y la desocupación impacta en el recorte de presupuestos públicos para Salud, porque trae aparejada menos recaudación", mientras que crece la demanda ya que a raíz de la desocupación, "hay más personas que se quedan sin obra social o que ya no pueden pagar las prepagas que tuvieron aumentos significativos y todo eso recae sobre un sector público que está desfinanciado", por cual "los hospitales públicos tuvieron un aumento del treinta por ciento de demanda".
Así las cosas, Torre hace hincapié en que la Presidencia Milei "retoma de alguna manera la iniciativa del macrismo de avanzar hacia una política de seguros de salud, en base a la idea de que la salud no es derecho que debe garantizar el Estado" y señaló que recientemente en Jujuy se dio marcha atrás con una ley provincial sancionada en diciembre de 2024, por la que se creó el Seguro Provincial de Salud que imponía el pago de cincuenta mil pesos mensuales como condición para acceder a consultas en los hospitales del sistema público estatal.
Pero lo cierto es que Milei, no oculta su intención de avanzar en la transferencia a las provincias de los pocos hospitales que aún quedan bajo la órbita de la Nación. "Esto implicaría aumentar más la fragmentación del sistema, también que los distritos pobres ofrezcan salud de menor calidad cuando, precisamente, es en esos distritos donde se necesita una mayor intervención del Estado", destacó Torre y aseveró que esto profundizaría todavía más una situación atravesada por "desfinanciamiento en todos los niveles, crisis en la provisión de insumos y medicamentos, en el que además se despiden trabajadores y los que quedan están mal pagos o precarizados, lo que se traduce en aumento de las colas y esperas que son ya un clásico en los hospitales, todos problemas preexistentes al actual gobierno, pero que se agravaron con la llegada de Milei que conduce el sistema en una dirección muy peligrosa".
Del serrucho a la motosierra
Así las cosas a la hora de buscar una explicación a tanto desatino, vale la pena recordar que el universo del capital sólo busca proteger su tasa de rentabilidad y por eso aprieta, entre otras cosas, generando escasez. Y, para ello, nada mejor que obturar la posibilidad de que sea el Estado quien desarrolle y fabrique medicamentos e incluso que sea quien diseñe las políticas sanitarias.
Argentina forma parte, todavía, del pequeño grupo de países que garantiza el acceso a un sistema sanitario de base universal y esto es algo que no está asegurado, tal como quedó expuesto cuando no hace mucho bajo el gobierno que encabezaba Mauricio Macri se intentó imponer un diseño como la Cobertura Universal de Salud, que presentaba un esquema similar a aquel en que poco antes había avanzado Europa occidental donde afectó fundamentalmente a España, Italia y Grecia, pero que también golpeó a Gran Bretaña y los países nórdicos.
Poco después, durante su primera Presidencia, en EE.UU. la Corte Suprema le dio la derecha a Donald Trump y declaró la inconstitucionalidad del Obamacare, que era una muy modesta reforma al sistema de prestaciones sanitarias de ese país que, muy trabajosamente, había conseguido sancionar Barak Obama en su paso por la Casa Blanca.
En Argentina la resistencia -sobre todo- de los trabajadores ligados al propio sistema universal, público y gratuito de salud, hizo que no todo se perdiera aunque en ese momento el Gobierno Cambiemos degradó a Secretaría el Ministerio de Salud y, en cuatro años, le serruchó alrededor del veinticinco por ciento al presupuesto del área. Del serrucho a la motosierra todavía faltaba un poco.
En todos los casos, tal como sucede ahora, el argumento para desfinanciar directa o indirectamente al sistema, tiene que ver con la recreación de mitos como "la búsqueda de austeridad" y la "modernización". Y después de recordar que anteayer este sistema que se empeñan en destruir es el mismo que combatió a la pandemia del Covid 19, vale la pena preguntarse si será verdad que es “insostenible porque gasta mucho” y por eso debe ser “modernizado”.
Y también resulta prudente insistir con que lo que se ataca es el sistema sanitario de base universal, que no es otro que aquel que permite que cualquiera pueda atenderse en una red estatal de hospitales y salas públicas, ya que está diseñado mediante la coordinación de esfuerzos y criterios sanitarios opuestos a aquellos del mercado.
Esto es parte de las respuestas que ensayó el capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial, para presentar al “Estado de Bienestar” como una alternativa social capaz de competir con el bloque socialista que bridaba soluciones concretas -entre otros- en el ámbito de la salud pública. Y en ese contexto, la burguesía de Europa occidental apuntó a la construcción de herramientas que propusieran distribuir algo, por medio de la prestación estatal de servicios.
Pero además, así garantizaba que estuviera sana la mano de obra que precisaba para recomponer la rueda productiva que necesitaba el capitalismo y que había quedado bastante destruida por los efectos de la guerra.
Argentina también tuvo su capítulo de capitalismo fordista, cuando en la inmediata postguerra, se avanzó en un pacto que fortaleció el carácter de acceso público y de derecho universal a la educación, el sistema previsional y la salud como herramientas de redistribución de riqueza. Y, sobre todo, como justificación de un acuerdo policlasista que inducía a la clase obrera a integrarse dentro de los márgenes de la democracia liberal burguesa.
Pero los problemas llegaron cuando se agotó el momento histórico que justificó este “Estado Social” y se inauguró la Segunda Crisis de Larga Duración del Capitalismo. Entonces externalización, modernización y gestión clínica son palabras que se sumaron al glosario con que se construye un universo simbólico que apuntala la destrucción del sistema universal de salud gestionado por el Estado, para destriparlo y entregar al sector privado sus partes rentables.
Así, la mercantilización del sistema sanitario favorece la transferencia regresiva de riqueza y atenta contra la salud de las personas. Mientras que la cartelización del sector privado que presta servicios al sistema y las multinacionales farmacéuticas, son determinantes para que la prestación médica, los medicamentos y otros insumos, pasen a ser considerados bienes de consumo. Los jubilados a los que hace un par de meses los dejaron sin el subsidio que les garantizaba poder hacerse con los medicamentos que necesitan, saben muy bien de qué va todo esto.
Va quedando claro entonces que el sistema sanitario debería regirse desde una mirada diferente, pero también que esto es imposible dentro de este sistema que se distingue por la imposición que hace el capital, incluso si se rige por propuestas de tipo keynesiano.
Para explicar lo que se perpetra ahora con el sistema de salud pública, vale recordar que en el momento actual de su desarrollo -y a diferencia de la etapa fordiana-, el capitalismo no necesita que toda la población acceda a una prestación sanitaria de calidad.
Mientras duró el breve interregno entre las dos grandes crisis de larga duración, para recomponer su propia base de sustentación, el capitalismo necesitó pleno empleo: esto es, trabajadores sanos en una línea de producción.
Pero con la financiarización y la deslocalización, el proletariado deviene en precariado, entonces el universo del capital puede prescindir de proporcionar asistencia sanitaria de calidad, porque siempre habrá una larga fila de personas desocupadas dispuestas a trabajar de cualquier cosa y en cualquier condición.
Dentro de los límites que impone el capitalismo nada es casual. Por eso cuando propician el deterioro del sistema público, también empujan a los sectores medios más acomodados hacia sistemas de prestación sanitaria de prepago privado. Pero como en este diseño las patologías crónicas dejan de considerarse un problema social, cada paciente deberá pagar para poder vivir.
Para los que se queden afuera, se propone un esquema de prestación similar a la beneficencia de principios del siglo 20. Pero ni siquiera esto responde a un dejo de humanidad: la cobertura de inmunización de enfermedades infecciosas de fácil propagación seguirá siendo universal, ya que algunos virus y bacterias pueden cruzar las barreras y controles del country.
Pero hay un dato que es insoslayable para entender por qué se esfuerzan por desmembrar el sistema sanitario de base universal y acceso público y gratuito. Es que, como el sistema educativo y el previsional, el de la salud pública es una concesión que el capitalismo tuvo que hacer en un contexto histórico determinado. Estos tres sistemas son -de alguna forma- avanzadas de un tipo de sociedad que no es la capitalista, ya que representan un sistema de relación social fundamentado en la asociación, la cooperación y la autogestión entre pares. Y todo esto es algo que el capitalismo aborrece, tanto como que las personas seamos personas y no mercancías.
