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Vie, Oct

Política

Pese a que se registra un récord de casos, los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad, analizan relajar el Aspo ¿Otra vez con lo de economía vs salud?

Al cierre de esta edición se supo que el ejecutivo nacional postergó para mañana viernes, el anuncio sobre qué táctica va a emplear para enfrentar la pandemia a partir de la semana que viene cuando -todo parece anticiparlo- habría una flexibilización de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), dispuesto en la zona Amba y aquellas áreas donde se ubican los principales focos de propagación del Covid 19.
El telón de fondo es preocupante. Ayer se registraron 4250 nuevos casos, lo que refleja un aumento de seiscientos respecto al reporte del día anterior y es record para una jornada en la que 82 personas murieron por este virus.
Así, el total de positivos alcanza a 111.160 de los que el noventa por ciento corresponde a Provincia y Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que las personas fallecidas llegan a 2.050.
Aunque los datos son dinámicos, todo señala que estamos atravesando el peor momento. Pero pese a esto, tras la reunión que tuvieron el lunes Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiccilof, quedó la mesa servida para la flexibilización del esquema de Aspo en el conurbano.
A la hora de evaluar el cuadro, la situación de la economía fue prioritaria ¿Pero qué dicen los datos duros?
En junio tuvo lugar una leve recuperación de la actividad en industrias como la tabacalera, automotriz, siderúrgica, cementera y textil, actividades que -según datos preliminares- presentan una performance mejor en julio.
¿Quiere decir esto que está todo bien? Para nada, pero sí pone en evidencia que no todos los sectores tuvieron que cerrar su actividad.
Es verdad que la caída de consumo desde que comenzó el Aspo es del trece por ciento y que esto responde, fundamentalmente, a la retracción derivada de la caída de salarios en el sector público y privado formal, pero también entre los ingresos de los sectores de la economía informal, así como por la incertidumbre que provoca la pandemia.
Pero aquí hay que recordar que Argentina lleva tres años de recesión, otro tanto con caída de consumo e ingresos, destrucción de trabajo y vulneabilización de un sector importante de la población económicamente activa, por medio de precarización que fue paradigma de la Presidencia Cambiemos.
Entonces, si ya había una situación previa de estas características ¿será justo echarle toda la culpa al Aspo?
Pero esta no es la única constatación empírica con la que chocan los que pretenden plantear una dicotomía entre salud y economía.
Es importante el esfuerzo que hizo el Estado para reconstruir una estructura sanitaria que fue destruida durante el Gobierno Cambiemos, pero queda claro que ningún sistema puede soportar el estrés que supondría dejar liberada la potencialidad de propagación que tiene el Covid-19.
Actualmente, en los en los distritos bonaerenses de la zona Amba la capacidad hospitalaria es del 55 por ciento, mientras que en la Ciudad es todavía superior.
¿Peto qué pasa en el sector de gestión privado? Ayer, el director general de Swiss Medical, Miguel Blanco, convertido en vocero de las clínicas y sanatorios privados, advirtió que la ocupación de camas de terapia intensiva en ese sector se coloca en el ochenta por ciento. Incluso los que pagan una prepaga cara están a un veinte por ciento de tener que recurrir al sistema de gestión estatal.

Declaración jurada

Desde que comenzó la pandemia, la táctica de Aspo dispuesta con el ejecutivo nacional, gobernadores y la mayoría de intendentes, fue horadada por el poder más concentrado representado en AEA, sus propaladoras massmediáticas y las autoridades partidarias de las fuerzas que integran JxC.
Cacerloazos, movilizaciones e intentos de desestabilización del tándem que se construyó -básicamente- entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiccilof, buscaron taladrar el sentido común, sobre todo, de sectores medios que residen en la zona más comprometida por la pandemia.
Pese a esto, los niveles de aceptación de la Aspo siguen siendo elevados, tal como lo revela un reciente informe de la Fundación Bunge y Born, que señala que el 91 por ciento de los encuestados comprende los motivos del aislamiento, aunque también indica que el sesenta por ciento tuvo que flexibilizarlo por razones de “fuerza mayor” y la mitad cree que nunca se va a contagiar.
Asimismo, revela que ocho de cada diez encuestados percibe como riesgoso salir de sus hogares, fundamentalmente, en la zona Amba.
La fotografía que muestra este trabajo es interesante ya que, entre otras cosas, que permite ver algunas de las variables que es preciso ponderar a la hora de transitar una situación como la Aspo que, como la pandemia, no tienen antecedentes.
En este contexto es que Fernández, Larreta y Kiccilof tienen que apurar una decisión compleja y en el que –por ahora- se presenta como el peor momento. Y todo parece indicar que van a hacerlo desde el presupuesto de que es preciso flexibilizar el Aspo en la zona Amba.
“La apertura será, pero con mucha cautela”, dijo ayer el ministro de Salud, Daniel Gollan, al referirse a las características que tendría el abordaje de la pandemia a partir de la semana venidera.
Desde esa mirada, ahora la esperanza estaría depositada en la responsabilidad individual a la hora de evitar el contagio.
La pandemia entró a Argentina por los aeropuertos traída, principalmente, por personas que venían de vacacionar en Europa donde ya estaba reventando el virus.
En todos los casos, al ingresar al país debían firmar una declaración jurada en la que se comprometían a guardar dos semanas de aislamiento.
Vale suponer que quienes regresaban de Europa tienen condiciones materiales para hacer un aislamiento plácido y también cabe imaginar que, si hubiesen cumplido con lo que firmaron, el reguero de Covid-19 hubiera sido menor.

Plata, hay

Para repasar. Estamos en el peor momento de la pandemia y, aparentemente, ahora sería el momento para ir desarmando el Aspo ¿Pero por qué? Los argumentos van desde la remanida amenaza del “estallido de la economía”, hasta la afectación psicológica que estarían provocando las restricciones que hay a la hora de salir a la calle.
Es verdad que hay restricciones, pero también que incluso en la zona Amba siempre fueron bastante laxas.
Y, en este sentido, intendentes que van desde Jorge Macri a Juan Zavaleta, se las vienen ingeniando para habilitar áreas de esparcimiento. También con bastante audacia, consiguen recursos para subvencionar a pequeños comerciantes.
Pero está claro que para todo esto hace falta plata. Y aquí está la clave de lo que se discute con esto de flexibilizar el Aspo.
Es evidente que todavía van a pasar algunos meses para que haya una vacuna y terapéutica específica para doblegar al Covid-19, también lo es que mientras tanto la caída de la actividad económica es un hecho. Y que la diferencia está en cuántos muertos se le añade a esa caída.
EE.UU. que ya superó los 130 mil muertos por coronavirus y Brasil que está por encima de los setenta mil, exhiben con claridad qué pasa cuando la necropolítica prevalece.
Pero también es evidente que, en esta caída global, los más perjudicados son los trabajadores. Un reciente informe de la OIT da cuenta de que, durante el segundo trimestre del año, la pérdida de puestos formales de trabajo superó las estimaciones. La caída en todo el mundo es de cuatrocientos millones de empleos de tiempo completo.
Así las cosas, esta es la primera vez que una pandemia afecta a todo el planeta simultáneamente y apareció en un momento en el que –hay que reiterarlo, el capitalismo estaba atravesando un capítulo de su Segunda Crisis de Larga Duración que había estallado durante 2009 y que, durante los siguientes años, sólo había podido emparchar.
Desde que se convirtió en un sistema-mundo, el capitalismo no hizo más que garantizar la maximización de la tasa de rentabilidad de pocos.
Es que, tal como lo postuló el propio Adam Smith, este sistema nació para proteger la propiedad privada individual de aquellos que no la tienen.
¿No será entonces el momento de exigir que sean esos que vienen ganando desde hace dos siglos, los que soporten el costo material del parate que necesariamente impone la pandemia?
A principios de marzo, desde estas mismas páginas preguntábamos si es verdad que no hay de dónde sacar los recursos necesarios para atender los frentes sanitario y económico que abre la pandemia.
Y advertíamos que una idea viable, sería la imposición de tasas internacionales que graven severamente al flujo financiero transnacional y a la actividad de los paraísos fiscales.
Estamos hablando de lo que, de acuerdo a cálculos moderados, sería algo así como 1,5 y dos billones de dólares diarios en operaciones de movimientos de capital que implican transferencias financieras que sólo buscan la rentabilidad proveniente de la diferencia de precios o de cotizaciones, que nada tienen que ver con la inversión productiva.
Como se ve hay de dónde sacarla sin recurrir a la necropolítica. Pero algo tan sencillo se vuelve difícil de explicar para los defensores del capitalismo, los del “bueno y del malo” que entran en crisis, sobre todo, cuando se repregunta “¿por qué?”.
¿Pero acaso este criterio puede ser aplicable a Argentina o seremos una excepción?
Para hacer cuentas simples. En 1990 el PIB era de algo así como 150 mil millones de dólares y la población arañaba los 33 millones. Según proyecciones oficiales, ahora somos alrededor de 45 millones y, aunque bajó durante la Presidencia Macri, el PIB anda por los 432 mil millones.
¿Entonces, si se produce más del doble de lo que hace treinta años, pero la población está lejos de haberse duplicado, dónde fue a pararla diferencia?
Quizás se encuentren las respuestas si revisan las ganancias extraordinarias que, durante estas tres décadas, tuvieron sectores concretos como el del agronegocio y el financiero.
Pero también si se ve qué pasó con la transformación de riqueza generada por todos os argentinos en dólares que se convirtieron en insumo para la fuga de divisas.
Según la estadística actualizada que en base a datos del Banco Central confecciona el Indec, el atesoramiento de dólares por parte de personas argentinas en el exterior y cajas de seguridad asciende a 222.807 millones, esto es, más de la mitad del PIB.
Esto es sólo lo que se constata de acuerdo operaciones legales realizadas en el mercado de cambios, pero también hay que sumarle lo que estaría afuera del sistema.
Y otro dato: si se los compara con el registro de idéntico período de 2019, estos activos en dólares crecieron 17,1 por ciento.
Durante estas décadas hubo una feroz concentración de riqueza en pocas manos en un contexto de ajustes y entrega del patrimonio nacional.
En este camino, a los trabajadores se les arrancaron derechos laborales, sociales y humanos. Y esto fue perpetrado desde una mirada de clase y en beneficio de unos pocos que, ahora y pandemia por medio, le pretenden dar una vuelta más de rosca a su mirada necropolítica.
Por eso es mentira que no haya de donde sacar los recursos necesarios para que la economía nacional –y la global- puedan soportar las restricciones que impone la pandemia.
De ahí que sería mejor buscar otra excusa a la hora de apurar una apertura del Aspo que puede ser sumamente peligrosa, sobre todo, para la vida de los trabajadores.

 

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A esto convoca Apyme y hace hincapié en que resulta preciso construir una hoja de ruta que sea capaz de ayudar a que la sociedad argentina salga del actual atolladero, caracterizado por “un shock antiindustrial que representa el salto cualitativo del proceso de concentración y extranjerización que fue iniciado durante 1976”. A la par, convoca a debatir un programa alternativo de país, junto a las pymes, los trabajadores, el cooperativismo, la economía social, las universidades, el sistema científico técnico nacional, entre otros sujetos sociales agredidos por el modelo.

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En la ciudad de Santa Fe la movilización popular hizo que el Municipio considere las posturas que tienen los vecinos acerca de cómo enfrentar la contingencia climática que pueda deparar este fenómeno y de cómo y dónde destinar partidas para la prevención y la emergencia social. “No alcanza con que controlen los legisladores, queremos control popular”, afirmó Rubén Sala desde el MTL.

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De cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, la antropóloga Melina Schierloh, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, sostuvo que el incumplimiento de esa ley “no le está saliendo gratis al gobierno” y que, a la vez, “le está abriendo las puertas a otros sectores para que hagan sus reclamos, porque con estos salarios de hambre no se puede vivir”.

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A instancias del gobierno que encabeza Javier Milei los usuarios de las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Santa Fe van a tener que pagar más caro el gas que consumen para calefaccionar sus hogares. “Queda claro que el ajuste lo vuelve a pagar el pueblo”, dijo desde el PC pampeano Carlos Urmente.

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La gestión encabezada por Juan Pablo Valdés aumentó el precio de la energía eléctrica y ya llegan boletas con incrementos de un cien por ciento. “Si ahora que todavía no llegaron los grandes calores las tarifas ya son impagables, hay que imaginar lo que puede pasar durante el verano” anticipó el Secretario Político del PC correntino, Diego Silva. Sobre la olla a presión en la que vive el pueblo de su provincia, describió que “la vida de las familias es cada vez más costosa” y consideró que esta situación puede derivar en “un estallido social”. 

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La presentación patrimonial de Manuel Adorni y las nuevas denuncias sobre el manejo de los recursos públicos en la Quinta de Olivos abren otro capítulo en la saga de investigaciones que comprometen al entorno presidencial. Las operaciones con criptomonedas, las contrataciones millonarias y los presuntos desvíos de mercaderías hacia emprendimientos privados colocan bajo examen los mecanismos de control del Estado. El escándalo alcanza ahora a colaboradores directos de Karina Milei, mientras el gobierno reorganiza la administración de la residencia presidencial.

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