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Sáb, Abr

Política

Pese a que se registra un récord de casos, los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad, analizan relajar el Aspo ¿Otra vez con lo de economía vs salud?

Al cierre de esta edición se supo que el ejecutivo nacional postergó para mañana viernes, el anuncio sobre qué táctica va a emplear para enfrentar la pandemia a partir de la semana que viene cuando -todo parece anticiparlo- habría una flexibilización de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), dispuesto en la zona Amba y aquellas áreas donde se ubican los principales focos de propagación del Covid 19.
El telón de fondo es preocupante. Ayer se registraron 4250 nuevos casos, lo que refleja un aumento de seiscientos respecto al reporte del día anterior y es record para una jornada en la que 82 personas murieron por este virus.
Así, el total de positivos alcanza a 111.160 de los que el noventa por ciento corresponde a Provincia y Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que las personas fallecidas llegan a 2.050.
Aunque los datos son dinámicos, todo señala que estamos atravesando el peor momento. Pero pese a esto, tras la reunión que tuvieron el lunes Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiccilof, quedó la mesa servida para la flexibilización del esquema de Aspo en el conurbano.
A la hora de evaluar el cuadro, la situación de la economía fue prioritaria ¿Pero qué dicen los datos duros?
En junio tuvo lugar una leve recuperación de la actividad en industrias como la tabacalera, automotriz, siderúrgica, cementera y textil, actividades que -según datos preliminares- presentan una performance mejor en julio.
¿Quiere decir esto que está todo bien? Para nada, pero sí pone en evidencia que no todos los sectores tuvieron que cerrar su actividad.
Es verdad que la caída de consumo desde que comenzó el Aspo es del trece por ciento y que esto responde, fundamentalmente, a la retracción derivada de la caída de salarios en el sector público y privado formal, pero también entre los ingresos de los sectores de la economía informal, así como por la incertidumbre que provoca la pandemia.
Pero aquí hay que recordar que Argentina lleva tres años de recesión, otro tanto con caída de consumo e ingresos, destrucción de trabajo y vulneabilización de un sector importante de la población económicamente activa, por medio de precarización que fue paradigma de la Presidencia Cambiemos.
Entonces, si ya había una situación previa de estas características ¿será justo echarle toda la culpa al Aspo?
Pero esta no es la única constatación empírica con la que chocan los que pretenden plantear una dicotomía entre salud y economía.
Es importante el esfuerzo que hizo el Estado para reconstruir una estructura sanitaria que fue destruida durante el Gobierno Cambiemos, pero queda claro que ningún sistema puede soportar el estrés que supondría dejar liberada la potencialidad de propagación que tiene el Covid-19.
Actualmente, en los en los distritos bonaerenses de la zona Amba la capacidad hospitalaria es del 55 por ciento, mientras que en la Ciudad es todavía superior.
¿Peto qué pasa en el sector de gestión privado? Ayer, el director general de Swiss Medical, Miguel Blanco, convertido en vocero de las clínicas y sanatorios privados, advirtió que la ocupación de camas de terapia intensiva en ese sector se coloca en el ochenta por ciento. Incluso los que pagan una prepaga cara están a un veinte por ciento de tener que recurrir al sistema de gestión estatal.

Declaración jurada

Desde que comenzó la pandemia, la táctica de Aspo dispuesta con el ejecutivo nacional, gobernadores y la mayoría de intendentes, fue horadada por el poder más concentrado representado en AEA, sus propaladoras massmediáticas y las autoridades partidarias de las fuerzas que integran JxC.
Cacerloazos, movilizaciones e intentos de desestabilización del tándem que se construyó -básicamente- entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiccilof, buscaron taladrar el sentido común, sobre todo, de sectores medios que residen en la zona más comprometida por la pandemia.
Pese a esto, los niveles de aceptación de la Aspo siguen siendo elevados, tal como lo revela un reciente informe de la Fundación Bunge y Born, que señala que el 91 por ciento de los encuestados comprende los motivos del aislamiento, aunque también indica que el sesenta por ciento tuvo que flexibilizarlo por razones de “fuerza mayor” y la mitad cree que nunca se va a contagiar.
Asimismo, revela que ocho de cada diez encuestados percibe como riesgoso salir de sus hogares, fundamentalmente, en la zona Amba.
La fotografía que muestra este trabajo es interesante ya que, entre otras cosas, que permite ver algunas de las variables que es preciso ponderar a la hora de transitar una situación como la Aspo que, como la pandemia, no tienen antecedentes.
En este contexto es que Fernández, Larreta y Kiccilof tienen que apurar una decisión compleja y en el que –por ahora- se presenta como el peor momento. Y todo parece indicar que van a hacerlo desde el presupuesto de que es preciso flexibilizar el Aspo en la zona Amba.
“La apertura será, pero con mucha cautela”, dijo ayer el ministro de Salud, Daniel Gollan, al referirse a las características que tendría el abordaje de la pandemia a partir de la semana venidera.
Desde esa mirada, ahora la esperanza estaría depositada en la responsabilidad individual a la hora de evitar el contagio.
La pandemia entró a Argentina por los aeropuertos traída, principalmente, por personas que venían de vacacionar en Europa donde ya estaba reventando el virus.
En todos los casos, al ingresar al país debían firmar una declaración jurada en la que se comprometían a guardar dos semanas de aislamiento.
Vale suponer que quienes regresaban de Europa tienen condiciones materiales para hacer un aislamiento plácido y también cabe imaginar que, si hubiesen cumplido con lo que firmaron, el reguero de Covid-19 hubiera sido menor.

Plata, hay

Para repasar. Estamos en el peor momento de la pandemia y, aparentemente, ahora sería el momento para ir desarmando el Aspo ¿Pero por qué? Los argumentos van desde la remanida amenaza del “estallido de la economía”, hasta la afectación psicológica que estarían provocando las restricciones que hay a la hora de salir a la calle.
Es verdad que hay restricciones, pero también que incluso en la zona Amba siempre fueron bastante laxas.
Y, en este sentido, intendentes que van desde Jorge Macri a Juan Zavaleta, se las vienen ingeniando para habilitar áreas de esparcimiento. También con bastante audacia, consiguen recursos para subvencionar a pequeños comerciantes.
Pero está claro que para todo esto hace falta plata. Y aquí está la clave de lo que se discute con esto de flexibilizar el Aspo.
Es evidente que todavía van a pasar algunos meses para que haya una vacuna y terapéutica específica para doblegar al Covid-19, también lo es que mientras tanto la caída de la actividad económica es un hecho. Y que la diferencia está en cuántos muertos se le añade a esa caída.
EE.UU. que ya superó los 130 mil muertos por coronavirus y Brasil que está por encima de los setenta mil, exhiben con claridad qué pasa cuando la necropolítica prevalece.
Pero también es evidente que, en esta caída global, los más perjudicados son los trabajadores. Un reciente informe de la OIT da cuenta de que, durante el segundo trimestre del año, la pérdida de puestos formales de trabajo superó las estimaciones. La caída en todo el mundo es de cuatrocientos millones de empleos de tiempo completo.
Así las cosas, esta es la primera vez que una pandemia afecta a todo el planeta simultáneamente y apareció en un momento en el que –hay que reiterarlo, el capitalismo estaba atravesando un capítulo de su Segunda Crisis de Larga Duración que había estallado durante 2009 y que, durante los siguientes años, sólo había podido emparchar.
Desde que se convirtió en un sistema-mundo, el capitalismo no hizo más que garantizar la maximización de la tasa de rentabilidad de pocos.
Es que, tal como lo postuló el propio Adam Smith, este sistema nació para proteger la propiedad privada individual de aquellos que no la tienen.
¿No será entonces el momento de exigir que sean esos que vienen ganando desde hace dos siglos, los que soporten el costo material del parate que necesariamente impone la pandemia?
A principios de marzo, desde estas mismas páginas preguntábamos si es verdad que no hay de dónde sacar los recursos necesarios para atender los frentes sanitario y económico que abre la pandemia.
Y advertíamos que una idea viable, sería la imposición de tasas internacionales que graven severamente al flujo financiero transnacional y a la actividad de los paraísos fiscales.
Estamos hablando de lo que, de acuerdo a cálculos moderados, sería algo así como 1,5 y dos billones de dólares diarios en operaciones de movimientos de capital que implican transferencias financieras que sólo buscan la rentabilidad proveniente de la diferencia de precios o de cotizaciones, que nada tienen que ver con la inversión productiva.
Como se ve hay de dónde sacarla sin recurrir a la necropolítica. Pero algo tan sencillo se vuelve difícil de explicar para los defensores del capitalismo, los del “bueno y del malo” que entran en crisis, sobre todo, cuando se repregunta “¿por qué?”.
¿Pero acaso este criterio puede ser aplicable a Argentina o seremos una excepción?
Para hacer cuentas simples. En 1990 el PIB era de algo así como 150 mil millones de dólares y la población arañaba los 33 millones. Según proyecciones oficiales, ahora somos alrededor de 45 millones y, aunque bajó durante la Presidencia Macri, el PIB anda por los 432 mil millones.
¿Entonces, si se produce más del doble de lo que hace treinta años, pero la población está lejos de haberse duplicado, dónde fue a pararla diferencia?
Quizás se encuentren las respuestas si revisan las ganancias extraordinarias que, durante estas tres décadas, tuvieron sectores concretos como el del agronegocio y el financiero.
Pero también si se ve qué pasó con la transformación de riqueza generada por todos os argentinos en dólares que se convirtieron en insumo para la fuga de divisas.
Según la estadística actualizada que en base a datos del Banco Central confecciona el Indec, el atesoramiento de dólares por parte de personas argentinas en el exterior y cajas de seguridad asciende a 222.807 millones, esto es, más de la mitad del PIB.
Esto es sólo lo que se constata de acuerdo operaciones legales realizadas en el mercado de cambios, pero también hay que sumarle lo que estaría afuera del sistema.
Y otro dato: si se los compara con el registro de idéntico período de 2019, estos activos en dólares crecieron 17,1 por ciento.
Durante estas décadas hubo una feroz concentración de riqueza en pocas manos en un contexto de ajustes y entrega del patrimonio nacional.
En este camino, a los trabajadores se les arrancaron derechos laborales, sociales y humanos. Y esto fue perpetrado desde una mirada de clase y en beneficio de unos pocos que, ahora y pandemia por medio, le pretenden dar una vuelta más de rosca a su mirada necropolítica.
Por eso es mentira que no haya de donde sacar los recursos necesarios para que la economía nacional –y la global- puedan soportar las restricciones que impone la pandemia.
De ahí que sería mejor buscar otra excusa a la hora de apurar una apertura del Aspo que puede ser sumamente peligrosa, sobre todo, para la vida de los trabajadores.

 

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Junto al colectivo que reúne a las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados volvieron a marchar hacia la sede del Ministerio de Salud. “Precisamos una unidad más profunda y que abarque a más sectores de la sociedad que se ven afectados por las políticas gubernamentales” dijo Osvaldo Peula desde el MJL.

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El juez Adrián González Charvay frenó la eliminación de ese programa y el Ministerio de Capital Humano va a apelar tal decisión. “Vemos que la lucha sirve pero no podemos bajar los brazos”, alertó ante este fallo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.

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A días de su informe en Diputados, nuevas pruebas sobre movimientos en efectivo, operaciones inmobiliarias irregulares y gastos incompatibles con sus ingresos declarados agravan la situación del jefe de Gabinete. El respaldo explícito de Javier Milei expone no solo complicidad política, sino la naturaleza orgánica de un régimen atravesado por prácticas de saqueo y opacidad.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles 29, se produce en un contexto político signado por la acumulación de evidencias que comprometen severamente su situación judicial y política. Lejos de tratarse de una instancia institucional rutinaria, el informe de gestión se transforma en un escenario de interpelación directa sobre un entramado de irregularidades que ya no puede ser reducido a meras inconsistencias administrativas, tal como pretende presentarlo el gobierno. La confirmación de que el propio Javier Milei estará presente en el recinto para acompañar al funcionario es la señal explícita de un respaldo político que, en las condiciones actuales, solo puede leerse como una forma de blindaje frente a denuncias que escalan en gravedad.

Entre las últimas revelaciones, adquiere centralidad el testimonio judicial que ubica en el centro de la investigación la existencia de 65 mil dólares no documentados vinculados a refacciones en el inmueble del barrio de Caballito, en la calle Miró. Según la declaración realizada bajo juramento en Comodoro Py, dichas obras habrían sido financiadas mediante un esquema de pago “por fuera” de los canales formales, con un compromiso de cancelación posterior atado a la venta de otra propiedad del funcionario. Este mecanismo no solo sugiere la existencia de ingresos no declarados, sino que revela una operatoria deliberada de opacidad, donde el diferimiento del pago funciona como instrumento para evitar trazabilidad financiera.

La operatoria inmobiliaria bajo investigación refuerza este cuadro. El inmueble en cuestión fue adquirido inicialmente por dos jubiladas por 200 mil dólares y posteriormente transferido a Adorni por 230 mil dólares bajo condiciones altamente irregulares: un anticipo de apenas 30 mil dólares y una financiación del 87 por ciento restante a un año, sin intereses—ni precedentes—. Este esquema, completamente atípico en el mercado, se combina con un precio final inferior al valor estimado de la propiedad, lo que abre interrogantes sobre posibles mecanismos de triangulación, subvaluación o encubrimiento de flujos de dinero no registrados. No se trata, por lo tanto, de una simple transacción inmobiliaria, sino de una pieza más dentro de una arquitectura financiera que apunta a disimular el origen y la magnitud de los recursos movilizados.

A ello se suman las evidencias sobre gastos personales que exceden de manera ostensible los ingresos declarados del funcionario. La confirmación de pagos en efectivo por cerca de 9.000 dólares en hoteles de lujo en Aruba, sumados a los 5.800 dólares abonados en pasajes en clase preferencial, resulta incompatible con un salario mensual que, al momento de dichos gastos, rondaba los tres millones de pesos. El uso de efectivo en este tipo de operaciones no es un dato secundario. Constituye, más allá de la evasión impositiva que va de suyo, en términos de investigación financiera, un indicador clásico de intentos de eludir controles y evitar la generación de registros bancarios que permitan reconstruir el origen de los fondos.

En este contexto, la sesión en Diputados —organizada bajo un esquema de seis horas acordado por Martín Menem— se perfila como un momento de alta tensión política. La oposición ha adelantado que no limitará sus preguntas al caso de enriquecimiento ilícito, sino que buscará articular estas denuncias con el cuadro general de deterioro social: la situación del PAMI, el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo y el impacto de las tarifas. Sin embargo, es evidente que el eje estructurante de la interpelación girará en torno a la legitimidad misma de un funcionario cuya trayectoria reciente aparece atravesada por prácticas que contradicen abiertamente los principios de transparencia que el propio gobierno declama.

El respaldo de Milei, en este escenario, no puede interpretarse como una mera defensa política de un colaborador cercano. Se trata, más bien, de la expresión de una comunidad de intereses y prácticas que compromete al núcleo mismo del gobierno. Como ya se ha señalado en análisis previos, no estamos ante episodios aislados de corrupción, sino frente a la consolidación de una forma de gestión estatal en la que la frontera entre lo público y lo privado se diluye sistemáticamente. La figura de Adorni no es una anomalía dentro del oficialismo, sino un emergente coherente de su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el caso adquiere un carácter paradigmático. La combinación de operaciones inmobiliarias opacas, por no decir turbias, uso intensivo de efectivo y niveles de gasto incompatibles con los ingresos formales configura un patrón típico de acumulación parasitaria con dinero proveniente de actividades ilícitas. No se trata solo de la eventual apropiación de recursos públicos, sino de la inserción del aparato estatal dentro de circuitos de valorización que operan al margen —y en muchos casos en contra— de la legalidad vigente. En este sentido, la defensa cerrada del presidente refuerza la hipótesis de que estas prácticas no son desviaciones individuales, sino componentes vertebradores de un proyecto político.

La presencia de Milei en el recinto durante el informe de Adorni, lejos de aportar institucionalidad, tiende a reforzar la percepción de un gobierno que se repliega sobre sí mismo frente a la evidencia acumulada. En lugar de propiciar mecanismos de esclarecimiento, el oficialismo opta por la lógica del cerrojo político, apostando a la disciplina interna y al desgaste de la oposición. Pero esta estrategia tiene límites evidentes: a medida que se profundizan las investigaciones judiciales y se multiplican los indicios de irregularidades, el costo político de sostener este esquema se incrementa.

En última instancia, lo que está en juego en la comparecencia de Adorni no es solo su continuidad en el cargo, sino la viabilidad de un modelo de gobierno que ha hecho de la corrupción y la captura del Estado sus rasgos distintivos. La insistencia en una retórica anti-“casta” contrasta cada vez más con prácticas que reproducen e intensifican las formas más degradadas de la dominación burguesa. En este marco, el caso Adorni funciona como un punto de condensación donde se hacen visibles las contradicciones de un proyecto que, en su despliegue, revela su verdadera naturaleza.

La dirigente de UTE-Ctera, Antonella Bianco, analizó el aumento de situaciones de violencia en escuelas, el rol de los discursos públicos y el avance de respuestas punitivistas. Advirtió sobre la falta de recursos, la crisis social que atraviesa a las juventudes y la necesidad de reconstruir redes entre escuela, familias y comunidad.(*)

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En los últimos dos años más de ochocientas empresas bajaron sus persianas en la provincia. “Esto es la consecuencia lógica del modelo nacional que implementa Javier Milei, pero también del que en la provincia aplican el radicalismo y sus aliados desde 2001, cuando llegaron al gobierno tras la intervención federal”, puntualizó el Secretario Político del Partido Comunista de Corrientes, Diego Silva.

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La abogada y criminóloga Claudia Cesaroni analizó los recientes episodios de violencia vinculados a escuelas y advirtió sobre los riesgos de la criminalización juvenil. Señaló el acceso a armas, los discursos políticos violentos, el factor miedo y la falta de políticas de acompañamiento como factores clave, y propuso fortalecer los espacios de convivencia antes que profundizar respuestas punitivas.

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La Federación Juvenil Comunista celebró sus 105 años de vida con un evento político-cultural. Su coordinadora nacional, Guadalupe Viñuela Flores, subrayó ante los desafíos planteados por este contexto adveso “la necesidad de una FJC que este ahí, en cada frente, espalda con espalda con cada trabajador despedido, con los jubilados, con cada estudiante, para librar cada batalla por la liberación nacional y social”.

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Mientras desde los medios de comunicación masiva oficialistas se milita a favor del consumo de la carne de burro, los argentinos comen cada vez menos carne de vaca y los frigoríficos entran en crisis, con el consecuente impacto que esto trae aparejado para miles de trabajadores.

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Con la firma de Javier Milei se envió al Congreso un proyecto de ley que busca reformar integralmente la Ley de Salud Mental. La iniciativa gubernamental fue cuestionada por el psicólogo Pablo Torres, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social e integrante del Consejo Directivo Provincial de Cicop.

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Por DNU el presidente autorizó el ingreso al país de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares, algó que como  aseguró Jorge Kreyness “pone en riesgo la soberanía”. Todo esto representa para el Estado argentino un gasto de 895 millones de pesos, lo que equivale, por ejemplo, a la mitad de los fondos que el Ejecutivo se niega a disponer para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Rogelio de Leonardi, Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, alertó sobre la mirada del gobierno de Ricardo Quintela sobre la explotación minera. “Mientras no se resuelven problemas básicos, se avanza en estos negocios que no garantizan beneficios reales para la población”, aseguró.

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Esto es lo que demanda una declaración que condena la avanzada guerrerista del imperialismo y sale al cruce de la intención del presidente Javier Milei de involucrar a Argentina en el conflicto bélico desatado en Asia occidental por Estados Unidos e Israel. Entre otras personalidades  de la política y la cultura suscriben a ella el titular del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Alberto Kreyness; el Secretario Político del PC de la CABA, Ariel Elger; la Secretaria de Relaciones Políticas del PCA, Zaida Chmaruk, el Secretario de Relaciones Internacionales del PCA, Marcelo Rodríguez, Tay Almeida, Atilio Boron, Stella Calloni, Rocco Carbone, Adolfo Pérez Esquivel, Edgardo Esteban, María Eva Koutsovitis y Alexia Massholder. 

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