Con esta consigna los docentes chubutenses esperan la decisión del juez Lleral en la causa contra Carlos Magno y Daniel Murphy. "Es un claro caso de criminalización de la protesta sindical", denunció desde la Conadu Histórica, Elena González.
"Se trata de un claro caso de criminalización de la protesta sindical" denunció la secretaria de Derechos Humanos de Conadu Histórica, Elena González, quien fue testigo por la defensa en el proceso que se sustancia en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia a cargo Gustavo Lleral, contra los dirigentes gremiales Carlos Magno y Daniel Murphy, cuya sentencia va a ser leía mañana viernes.
Murphy y Magno eran respectivamente, secretario de la Regional Sur y delegado escolar de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) y como tales, durante septiembre de 2019 fueron parte del movimiento que salió al cruce del plan de ajuste impuesto por el gobierno provincial que encabezaba Mariano Arcioni, que entre otras cosas, incluía el pago escalonado de los haberes.
Por tal motivo y bajo la consigna “Luchar no es delito”, diversas organizaciones gremiales y sociales se movilizaron ante las puertas del Juzgado a la espera de la lectura de una sentencia que exigen sea absolutoria. "Debemos estar unidos porque vienen por nuestros derechos salariales y laborales”, advirtió Atech que determinó un paro por 48 horas para ante "los que pretenden avanzar contra los reclamamos al ajuste y en defensa de nuestros derechos".
Por su parte, tras recalcar que "estamos presentes como uno de los gremios integrantes de la Mesa de Unidad Sindical", Elena González hizo hincapié en el papel que juega ese espacio que reúne a distintos sindicatos "que puso en valor la solidaridad de los diferentes sectores de trabajadores, ante una injusticia tremenda como la que criminaliza la protesta y llevó a juicio a los compañeros Magno y Murphy".
Y, con este telón de fondo, recordó que durante la lucha de 2019 fallecieron en un accidente automovilístico, Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia. "Las compañeras volvían de un congreso que se hizo en Rawson cuando sufrieron un accidente, lo que hizo que más personas se sensibilizaran y salieran a la calle, porque fue un golpe emocional muy fuerte...a estas compañeras las consideramos como mártires de esta lucha".
Así las cosas, Elena González quien también es militante del Partido Comunista, no duda a la hora de poner el foco sobre la actitud que los sucesivos gobiernos provinciales tienen respecto a la cuestión educativa. "Todos los que integrábamos esa Mesa de Unidad Sindical somos responsables de diferentes manifestaciones que se hicieron durante aquellas jornadas de lucha", recuerda y advierte que "solamente se criminalizó y judicializó a compañeros de la docencia provincial..y este juicio ya es el tercero de este tipo".
Es que Magno y Murphy ya tuvieron que pasar por una situación similar durante 2018 y, esa vez, resultaron absueltos en lo que sin dudas representó un triunfo de la lucha de los trabajadores. No tuvo la misma suerte la docente Estela del Valle Juárez, a quien la jueza correccional Marta Yañez, condenó a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas que tuvieron lugar el 24 de septiembre de 2019, para reclamar el pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y para edificios escolares.
