Poco antes de voltear las elecciones de San Juan y Tucumán, el titular de la Corte Suprema rindiò examen en el foro de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina.
Es inhabitual y grave que un integrante de la Corte Suprema haga declaraciones públicas sobre política monetaria. Pero peor lo es si ese miembro es el presidente del Tribunal Supremo y, más aún, si el lugar que elige para hacerlo es el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en nuestro país (AmCham).
Horacio Rosatti hizo cartón lleno y en ese particular escenario, le marcó la cancha al Banco Central por lo que considera una “expansión incontrolada de la emisión monetaria”, pero también al Gobierno cuando dijo que es preciso “mejorar la calidad institucional” y dar “seguridad y previsibilidad jurídica”.
Pero paradójicamente, quien pontificaba sobre calidad institucional y previsibilidad jurídica, es el mismo que a instancias de Mauricio Macri aceptó entrar al máximo tribunal por la ventana, pero también es el que pocas horas después, junto a Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, determinó suspender las elecciones que debían realizarse el domingo venidero en San Juan y Tucumán.
El peligro de una “descontrolada” emisión monetaria sobre el que alerta Rosatti sin aportar datos concretos, contrasta con los que suministra el Banco Central que exhiben un panorama diferente. Pero también lo hace con la conducta complaciente que, tal como el resto de los cortesanos, tuvo hace cinco años cuando entre gallos y medianoche, Macri decidió avanzar en el Stand-By con el FMI que a partir de entonces condiciona el escenario económico, productivo y financiero de Argentina, lo que incluye a la propia política monetaria.
Y no es que no tenga elementos en los que meter la nariz, ya que con un poco de voluntad, podría ver qué pasa con la causa que cursa en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, en la que Macri está acusado de haber perpetrado el delito de defraudación fraudulenta a raíz de la toma de deuda por 44.500 millones de dólares con el FMI.
Menos todavía lo hace con la causa penal conexa, que se inició a partir del pedido de que se investigue quienes son los que -entre 2016 y 2019- fugaron capitales al exterior por alrededor de 86 mil millones de dólares, tal como se desprende de un informe que oportunamente hizo el Banco Central. Pero como pasa con la de la deuda y aquella que investiga el desfalco al Correo, esta causa duerme el sueño de los justos en el juzgado a cargo de Capuchetti.
En la misma dirección aparece la postura de Rosatti y sus socios de la Corte, que exhiben una alarmante falta de interés por la causa que busca esclarecer el atentado que se perpetró contra Cristina Fernández, un hecho que por el cargo que ocupa la víctima, debería ser considerado de suma gravedad institucional. En esta causa también aparece Capuchetti haciendo todo lo posible para que duerma, pese a la abundancia de pruebas que conducen a la conexión entre el universo macrista y bandas de ultraderecha vinculadas al atentado.
¿Será que acaso un país donde alguien le descerraja una pistola en la cara a la vicepresidente y el Poder Judicial no hace nada por esclarecer la cosa, es un país con calidad institucional y seguridad y previsibilidad jurídica?
Ya te lo dijo Smith…
Así las cosas, si Rosatti quiere preocuparse por cuestiones tales como la emisión monetaria, sería interesante que revise datos que están a su disposición (y la de todos), como los que se desprenden de un reciente informe del Banco Central que da cuenta de que entre enero de 2020 y el primer trimestre del presente año, en la balanza comercial argentina hubo un saldo positivo que asciende a los 45 mil millones de dólares, pero en el mismo período la caída de reservas internacionales del país fue de 5.800 millones.
¿Por qué? Sencillo: buena parte de esas divisas fueron a parar al pago de capital e intereses de deuda pública y privada. Cinco mil de los 49 mil millones que se fueron por esa cloaca, se destinaron al pago con el Fondo. Y a esto hay que sumarle el drenaje de divisas que se va como consecuencia de las maniobras que empresas privadas que actúan en el país, hacen mediante la toma y el pago de deuda -financiera y comercial- con otras de su mismo grupo, lo que provoca un constante flujo de fuga de dólares que salen de las arcas del Central ¿Qué es esto? Una manera elegante de transformar buena parte de la riqueza que produce el trabajo de argentinos, en dólares que estos avivados obtienen a precio oficial y que alegremente envían a sus casas matrices.
Todo esto es un flor de negocio para lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país, pero también es un componente letal que agudiza el problema crónico de restricción externa que tiene Argentina, al tiempo que deja exhaustas a las arcas del Central lo que contribuye a fogonear a quienes perpetran maniobras especulativas y ataques contra la moneda nacional, cuyas consecuencias superan holgadamente a las que pueda traer aparejado cualquier exceso en la emisión.
¿Pero hay realmente un exceso en la emisión monetaria? Los datos que surgen del Central desmienten a Rosatti. Asimismo, en este punto vale señalar dos cosas. Por un lado que la emisión monetaria no es un cuco como quieren hacer creer los voceros del estáblishment, sino una herramienta de política económica que bien empleada puede ser virtuosa. Y por el otro que, para que haya emisión monetaria, primero debe haber moneda y que tener moneda propia es un factor de soberanía, por lo que recordar esto en tiempos en que tanto machacan las propaladoras massmediáticas con esto de la dolarización, puede ayudar a comprender de qué va la cosa cuando el presidente de la Corte dice lo que dice y, sobre todo, dónde lo dice.
Pero esto no es todo. Esta herramienta es fundamental para que el Estado pueda implementar políticas contracíclicas, que son cada vez más indispensables en un marco mundial en el que el actual momento que atraviesa la crisis de larga duración del sistema capitalista, hace que las formaciones estatales de segundo orden como es Argentina se vean particularmente afectadas.
Algo de esto se demostró apenas anteayer, cuando esta herramienta permitió que el país no reviente en un contexto de pandemia, que lo encontró con el sistema sanitario destruido por la Presidencia Macri que con el sobreendeudamiento había conseguido que ya al promediar 2019 nadie le prestara un centavo a Argentina.
Esa intervención activa tuvo, un impacto en términos de déficit fiscal que el propio Gobierno morigeró durante los últimos dos años a instancias de la renegociación que firmó con el FMI. Pero asimismo fue clave para que se pudieran poner en marcha instrumentos como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. El primero de forma indirecta y el otro de manera directa, subvencionaron al universo del capital que pasada la emergencia del Covid, se dedicó rápidamente a un frenesí de remarcaciones de precios y a aplaudir a mano batiente cuando en el Foro de AmCham, Rosatti critica la “expansión incontrolada de la emisión monetaria”.
Lo de Rosatti fue una jugada a varias bandas y en todos los casos es peligrosa. En pocas horas junto a sus socios de Talcahuano 550, le dijo al Gobierno con que la actual política monetaria es inconstitucional, por lo que en esa línea de pensamiento cualquier funcionario del Central podría enfrentar una causa penal que ya cuenta con sentencia anticipada de la Corte.
Como pasó con el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y con la designación de representantes del Consejo de la Magistratura, la Corte vuelve a invadir atribuciones de otro órgano de poder del Estado. El mensaje fue dado en clave mafiosa: si puedo dejar sin votar a dos provincias, también puedo lanzar una nueva cacería judicial contra aquellos que implementen política económica y monetaria que disgusten a la clase capitalista. Y si hay apriete mafioso, casi siempre aparece Patricia Bullrich: “le frenamos la reelección a Manzur”, dijo la precandidata presidencial del PRO, asumiendo su cuota parte de la autoría de esta maniobra.
Queda claro que el Estado Liberal Burgués tiene la doble función de garantizar la acumulación de la riqueza de la clase capitalista y legitimarla por vía de las urnas, esto es, resolver de una manera armoniosa los problemas que surgen del proceso de acumulación, legitimándola ante la sociedad.
Pero la incertidumbre y convulsiones que trae aparejada necesariamente la actual fase de alta inestabilidad que atraviesa la crisis de larga duración del sistema capitalista, hace que -por decirlo de una forma elegante- se pierdan algunas formalidades y entonces, de la manera más descarada la clase capitalista utilice las herramientas que le brinda el Estado Liberal Burgués para hacer aquello para lo que las creó.
“El gobierno civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre”, postuló en su obra “La riqueza de las naciones” Adam Smith, quien fue clave a la hora de integrar el liberalismo económico con el liberalismo político. Y, en esta estructura, el Poder Judicial fue diseñado para ser el baluarte por excelencia que garantice el cumplimiento de ese postulado, cueste lo que cueste.