Esta semana el Indec va a dar a conocer los datos de la pobreza y se espera una cifra alarmante. Mientras tanto, los superricos son más ricos, la derecha se pelea por ver quién hace mejor los deberes y Sergio Massa adelanta su idea sobre la estructura impositiva.
Se espera que esta semana Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el índice de pobreza que, de acuerdo a proyecciones hechas por diferentes institutos que siguen el tema, podría colocarse en un rango del cuarenta por ciento, esto es casi cuatro puntos por encima del 36,5 que dejó el primer semestre del año.
En esto coinciden, entre otros, trabajos dados a conocer por la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que, además, advierte que en la franja etaria que va de cero a diecisiete años el nivel de pobreza se eleva a 61,6 por ciento.
Si bien el dato que se conozca esta semana va a explicarse en alguna medida por la devaluación posterior a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sería ingenuo suponer que ahí reside la razón de fondo de estos cuarenta a puntos que se traducen en un panorama durísimo para millones de argentinos.
La pobreza es un problema cotidiano para quienes están comprendidos en este cuarenta por ciento, pero también ejerce una función disciplinante para los trabajadores que se ven cada vez más cerca de cruzar esa frontera. Y todo esto sucede en la formación estatal que es la tercera economía de América Latina con un Producto Interno Bruto de algo así como 610 mil millones de dólares, pero que a su vez está jaqueada por una clase capitalista que entiende al país como algo parecido a una factoría lo que históricamente la lleva a tener conductas depredatorias (Ver Un programa, dos demonios).
De nuestra región, Argentina es el país con mayor concentración de riqueza. Así se desprende de un trabajo publicado hace menos de un año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que da cuenta de que en la región hay 104 milmillonarios que poseen un patrimonio de 446.600 millones de dólares, lo que representan alrededor del doce por ciento del PBI proyectado para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela en conjunto.
A la hora de revisar cuáles son los coeficientes entre el patrimonio medio de los milmillonarios y aquellos del resto de la población, los datos que surgen son reveladores, ya que en promedio, un milmillonario acumula una riqueza cercana a los 149 mil dólares por cada dólar que dispone un no milmillonario. Y en Argentina esta relación trepa a 302.750.
La tasa de maximización de ganancia de este segmento que representa a lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en Argentina, se morigeró durante 2020 a raíz de la pandemia, pero tal como lo puntualiza el estudio de la Cepal, ya con 2021 evidenció una recuperación patrimonial significativa con un 44 por ciento.
Pero mientras crecía la riqueza de los más ricos, aumentaban la pobreza y la indigencia en la región, en una tendencia que en nuestro país se profundizó más aún como consecuencia de los condicionantes que impone el Stand-By suscripto con el FMI y su posterior renegociación que representa un factor determinante, aunque no el único, a la hora de explicar los motivos del régimen de alta inflación que padecemos los argentinos.
Y, en esto, el camino es policausal y posee componentes exógenos y endógenos entre los que se destacan tres momentos clave: la dictadura de 1976, el menemismo y el macrismo que modificaron aspectos estructurales de la matriz económica y productiva del país (Ver ¿Quién fabricó el 7,7?).
¡Don Carlos te avisó!
¿Pero será que esto alcanza para explicar por qué cuatro de cada diez argentinos viven en situación de pobreza? Queda claro que ninguna crisis es idéntica a otra, ya que como acabamos de repasar cada circunstancia histórica es particular, tal como lo es papel que juega cada Estado y el de los actores económicos y las características productivas. Es entonces que en todo este berenjenal, la clave para analizar mejor pasa por hacer un poco de ingeniería inversa para poder retrotraer las crisis a la dinámica propia del capital, como para esterilizarla de los factores exógenos que intervienen sobre la dinámica económica en una determinada coyuntura.
En este punto vale la pena advertir qué es lo que, a grandes rasgos, proponen las dos miradas que hoy por hoy hegemonizan el debate político. Más allá de algunos refunfuñeos, desde el bloque de representación política que va de la derecha hacia la ultraderecha, lo que se sintetiza en las candidaturas de Javier Milei y Patricia Bullrich, se proyecta una mirada neoliberal que entiende al sistema económico como si fuera un mecanismo que se autorregula por lo que, por sí mismo, sería capaz de encontrar un equilibrio que saque las papas del fuego cuando irrumpen conmociones que -por supuesto- nunca atribuye a las propias características del mercado, sino a comportamientos inadecuados de algún que otro agente económico.
De ahí que si “hay inflación” o “si hay pobreza”, la culpa la tienen “la intervención del Estado” o la de los sindicatos y por eso es que la solución que postulan es que el Estado deje de regular, dejando desprotegido al universo del trabajo en la relación desigual que tiene con aquel del capital.
Por su parte keynesianos y neokeynesianos parten de la misma mirada sacralizadora del capital y con una perspectiva liberal atenuada, encuentran las razones en comportamientos inmorales de banqueros y del mercado financiero, que se deschavetaron al influjo de la liberalización de la industria del crédito y las finanzas. De ahí que prometen poner en caja al universo de las finanzas, sometiéndolo a la lógica de una economía productiva que acabaría con todos los males que, hasta ahora, exhibió el capitalismo.
¿Pero será tan así la cosa? Al repasar la dinámica del capítulo de la crisis que lleva medio siglo y que –entre otras cosas- impacta en Argentina de forma tal que estamos hablando de un cuarenta por ciento de pobreza, es fácil advertir que Carlos Marx no se equivocó cuando se refirió a la crisis como un fenómeno necesario que responde a la dinámica propia del capitalismo, que nace de las contradicciones inherentes al propio proceso de acumulación capitalista y se explica por los propios fundamentos del capital.
Es que la dinámica de revalorización del capital es infinita, pero entra en contradicción con la finitud de cosas como el ecosistema y de las personas mismas. Y, en este punto, todo parece indicar que no se asiste a una crisis de las que el sistema ya sorteó recobrando el equilibrio por medio de la reestructuración de sectores económicos y facciones del capital en pos de una reorganización de la hegemonía social, con pactos sociales que involucren a nuevas y viejas fuerzas políticas y corporativas.
Porque la actual no es una crisis de tipo coyuntural y esto se verifica en que, en lo que va del siglo, los frágiles momentos de estabilización que logró la economía mundial se dieron a cuesta de un proceso de sobreendeudamiento estatal brutal, del que el caso de Argentina es uno de los ejemplos más dramáticos, pero no el único.
El actual momento de la Crisis de Larga Duración Capitalista, impone una fuga de la economía real hacia la financierización que plantea una situación en la que la recuperación de niveles de productividad y tasas de beneficio se vuelve cada vez más difícil, más aún en un contexto en el que se acelera el ritmo de transformaciones tecnológicas, lo que promueve la expulsión de mano de obra, algo que trae efectos negativos sobre la demanda efectiva y acaba generando sobreproducción por el cuello de botella que provoca para la salida de mercancías, a raíz de la caída de consumo (Ver ¿Elijo creer?).
Un trabajo presentado no hace mucho por el Banco Mundial (BM), alerta sobre un proceso que ya comenzó el año pasado, por el que se espera que hasta 2030 el crecimiento potencial promedio del Producto Interno Bruto global disminuya alrededor de un tercio respecto de la tasa de la década inicial del siglo.
El informe titulado “Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas”, presenta la primera evaluación integral que hace el BM acerca de las posibles tasas de crecimiento de la producción a largo plazo tras la pandemia de Covid-19 y el impacto de la guerra desatada en Europa oriental.
Así las cosas, hasta el BM se rinde ante la evidencia de algo sobre lo que Marx advirtió hace más de un siglo: el capital es su propio límite. Pero también aparecen límites externos que son de carácter político, ya que dentro de este esquema, la reproducción social termina volviéndose imposible sin la aplicación de fórmulas autoritarias. Y otros de tipo ecológico, que son con los que choca el sistema cuando en su alocada carrera hacia delante intenta compensar la caída de la tasa de crecimiento de la productividad.
Como para que todo esto no parezca muy abstracto, alcanza con recordar aquello de que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera” o el espíritu del “acta compromiso” que la semana pasada firmaron Bullrich y Jorge Macri “para terminar con los piquetes en el Puente Pueyrredón”.
Y principalmente el límite con que se encuentra es de carácter social a partir de que la intensificación de la explotación de los trabajadores promueve patologías individuales y sociales, pero también puede ser un factor que acelere la adquisición de niveles de conciencia que permitan identificar con claridad a los elementos de la explotación, cómo se produce y quién la perpetra, lo que favorece condiciones para establecer cuáles son las opciones de lucha.
Porque en este momento histórico, la reorganización de la lucha de clases, debe tener capacidad para salir al cruce de procesos de explotación que se promueven por medio de reformas laborales regresivas que pretenden desmembrar las negociaciones colectivas en un universo en el que el advenimiento del precariado, pone sobre el escenario a un ejército de reserva de trabajadores cada vez más creciente.
Se trata de un fenómeno global que fomenta el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores, así como la segmentación de mercados laborales, tal como lo hace la deslocalización de empresas, dos fenómenos que debilitan el poder de presión y negociación de la clase. Y esto tiene lugar en un contexto en el que se fomentan otras formas de explotación que, asociadas al capitalismo congnitivo, se inmiscuyen en todos los aspectos de la vida del trabajador.
Todo esto puede ayudar a comprender el por qué del “voto Rappi” a Milei, pero también el motivo por el cual estas formas de explotación requieren que la clase trabajadora encare procesos de organización capaces de incluir a estos nuevos sujetos sociales, algo para lo que la mirada del capitalismo keynesiano difícilmente pueda tener una respuesta.
Impuestos: mentiras y verdades
Entonces va quedando claro que si lo que se quiere es acabar con el inmoral índice de pobreza que existe, lo primero que hay que hacer es ver qué pasa con la riqueza. Y aquí es otra vez el BM quien entrega algunos datos que resultan francamente reveladores, tal como lo señala un informe que esa organización multinacional dio a conocer a principios de 2021, que da cuenta de que Argentina es uno de los países que presenta más baja incidencia de los impuestos directos en su recaudación fiscal.
A lo que se refiere el BM es a impuestos destinados a gravar ganancias como rentas financieras y de alquileres, o utilidades empresarias, pero también aquellos que gravan patrimonio en sus distintas variedades como bienes y activos financieros radicados dentro o fuera del país. Y, sobre todo, hace hincapié en que apenas una porción pequeña de esta riqueza se declara.
El relevamiento hecho sobre datos de 2020, puntualiza que los impuestos sobre rentas y patrimonios representan en Argentina sólo el 12,9 por ciento del total, en tanto que en la región el promedio alcanzaba al 26,5. En este punto, vale recordar que cuando Mauricio Macri entró a La Rosada los impuestos directos representaban el 15,2 por ciento del total de la recaudación, con lo que durante su Presidencia los bajó 3,3 puntos porcentuales.
Otro dato interesante de aquel trabajo, es el que señala que contrariamente a lo que suelen machacar las propaladoras massmediáticas y el tándem Milei-Bullrich, nuestro país no tiene un nivel de presión tributaria alto, ya que se coloca en un rango parecido al de EE.UU. que es de poco menos del doce por ciento y lejos de la media de la Unión Europea que se ubica en el veinte por ciento. Pero también explica que mientras que en la UE y EE.UU. son los impuestos directos los que tienen centralidad en el esquema de recaudación, en Argentina el mayor peso cae sobre los consumidores con herramientas como el IVA y el impuesto a los combustibles.
Y en este punto, un dato clave es que a los ricos cuesta cobrarles porque disponen de recursos para montar verdaderos laberintos contables que obturan la posibilidad de rastrear a empresas que operan enormes volúmenes en el exterior que suelen disimularse hasta perderse en cloacas fiscales. Sólo por citar un caso reciente, en julio la Administración Federal de Ingresos Públicos, logró cruzar información con administraciones tributarias de otros países y detectó inconsistencias por 109.084.000.000 pesos en cuentas de argentinos radicadas en el exterior. Básicamente se trata de rentas obtenidas por esos contribuyentes que difieren de lo presentado en sus declaraciones juradas.
Está claro que el los ricos tienen herramientas como para evadir, pero también que deben pagar lo que corresponde. Y una respuesta interesante a este problema es la que se instrumentó en el corazón de la UE donde en su primer año, en España, el impuesto a las grandes fortunas que grava a 12.010 grandes patrimonios recaudó 623 millones de euros. Se trata de una iniciativa que logró imponer Unidas Podemos, que incluye a quienes tienen un patrimonio que supera los tres millones de euros, lo que incluye grandes fortunas personales, a la banca y a las energéticas.
La vigencia del gravámen es en principio por dos años y fue aprobado para contribuir a la financiación de las medidas extraordinarias implementadas por el Gobierno, “para responder a las consecuencias económicas y sociales provocadas por la inflación y por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo”.
Entonces no está de más hacer hincapié en que, incluso dentro de los límites que impone la democracia liberal burguesa, se puede intentar avanzar hacia un sistema impositivo que haga que los que más tienen sean los que más paguen.
Pero también es prudente destacar cuál es la relación directa que hay entre las características de la matriz impositiva, la desigualdad y el crecimiento económico. David Hope y Julian Limberg son dos destacados académicos que en una investigación que realizaron para el London School of Economics and Political Science, exhibieron con claridad el peligro que significa para la economía la existencia de superricos, pero también que el Estado tolere que sus fortunas estén cada vez más exentas de impuestos.
El trabajo analiza lo que pasa desde hace medio siglo en una veintena de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y concluye que donde bajaron los impuestos aumentó la desigualdad, ya que las rebajas impositivas sólo benefician a quienes integran el uno por ciento de la población, que es el que posee la renta más elevada.
De ahí que, de acuerdo a esta investigación, menos impuestos y más desigualdad, se unen a menor crecimiento económico y a más desempleo, por lo que Hope y Limberg deducen que lo mejor es subir los impuestos a los superricos.
¿Qué quiere decir todo esto? Que en el actual momento de la Crisis de Larga Duración Capitalista y el esquema de economía casino que impone, el crupier del sistema repite que sólo la banca gana y, por ende, va por todo lo que todavía le queda al universo del trabajo. Y, en el caso de Argentina, la cosa pasa también por profundizar el mecanismo de expolio que se perpetra por medio del sobreendeudamiento y de una nueva ronda de demandas buitre, que pretende convertir al país en una factoría que provea materias primas alimenticias y recursos que desde Vaca Muerta abastezcan a la UE y EE.UU. de combustibles baratos para aportar a su proceso de transición energética por lo que también van por los yacimientos de litio (Ver ¿Elijo creer?).
¿Y, para esto, qué mejor que buscar legitimación político-institucional? El bloque de representación política que integran La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio ya explicitaron -por si hiciera falta- que están dispuestos a brindarlo.
¿Pero qué pasa con Unión por la Patria? Uno de los ejes centrales de las propuestas electorales que Sergio Massa viene haciendo, tiene que ver con el diseño de una estructura impositiva progresiva, algo sobre lo que ya brindó varios indicios y en lo que de hecho avanzó, con el envío del proyecto que postula la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y con la devolución del IVA en productos de la canasta básica (Ver Porque el salario no es ganancia).
Queda en evidencia que la esencia de un sistema tributario se explica cuando se advierte sobre quién recae el mayor peso. No hace mucho, parte de lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país reunida en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), presentó un documento titulado “El sector privado es clave para el desarrollo” en el que plantea doce puntos que son una hoja de ruta que, a modo de advertencia, pone sobre la mesa de un gobierno que todavía no se sabe quién va a encabezar.
“Reducir la muy elevada presión tributaria”, es uno de los principales ítems que postula y de modo tan falaz como este título, asevera que la presión tributaria sobre el sector formal creció “exponencialmente en las últimas décadas, muy por encima de la de otros países de la región”.
En la contratara de la moneda, Massa adelantó que espera enviar al Congreso una iniciativa que, si prospera, va a establecer una tasa mínima que grave a grandes empresas multinacionales que no tienen sede en el país, pero ganan por sus operaciones en Argentina. El proyecto propone un impuesto de quince por ciento para esos holding’s que pagan menos de un 2,5.