El texto hecho a medida de la corporación inmobiliaria, sufrió algunas modificaciones en el Senado que espera votarlo la semana que viene, antes de que deba volver a la cámara baja.
Lo que se pone en discusión a partir del debate que se registra en torno al proyecto de Ley de Alquileres, refleja las posturas de quienes quieren un modelo de sociedad donde producir y trabajar tenga sentido y los que intentan imponer otro en el que bienes fundamentales como la vivienda constituyan una realidad inalcanzables para los trabajadores.
Así las cosas, el senador José Mayans señaló que las bancadas del oficialismo en el Senado, van a buscar que la semana que viene se debata las reformas de la Ley de Alquileres que a instancias del bloque de Juntos por el Cambio de Diputados, fue recibida por la cámara alta con una redacción que respondía claramente a los intereses de la corporación inmobiliaria.
Pero a instancias del trabajo en comisión, los senadores que responden a Unión por la Patria, lograron que se respete el plazo de tres años para los contratos de alquiler y que el ajuste sea por el índice de evolución salarial, pero no consiguieron que se conserve el ajuste anual que establece la norma vigente, que se modificó para quedar instituido de forma semestral. Y también se respetó la obligatoriedad del registro de alquileres.
Con este dictamen de mayoría, se espera que el Senado vote favorablemente la iniciativa y la vuelva a enviar a Diputados, donde la aguarda un futuro tan incierto como el que atraviesan cientos de miles de personas que con la actual ley derogada de facto por el lobby corporativo del negocio inmobiliario, deben aceptar condiciones abusivas para poder tener un lugar donde vivir.
Vale recordar que la ley que se busca modificar, surgió de consensos que incluyeron a las organizaciones que representan a los inquilinos y se planteó como una herramienta que buscó regular el mercado de alquileres, pero fue sistemáticamente atacada desde la massmedia dominante, la corporación inmobiliaria y el bloque de representación política de derecha.
Por medio de un premeditado y masivo retiro de oferta de propiedades para alquilar, este pustch fue propiciando condiciones para que se vayan modificando de hecho las condiciones de alquiler lo que, por supuesto, vulnera la ley. Así, en la práctica se impuso la firma de contratos más cortos que los autorizados por la norma, pero también realizar aumentos durante plazos menores al año y por encima del índice permitido, así como el cobro de las expensas extraordinarias a los inquilinos.
El lobby ejercido por las cámaras inmobiliarias es brutal y consiguió que Diputados modifique el plazo de contrato de tres a dos años, lo que provoca todavía más inestabilidad habitacional e implica un costo extra para los inquilinos. También que se cambie el ajuste anual por uno cuatrimestral, algo que representa un aumento del alquiler encubierto, ya que cada ajuste parcial se establece sobre el precio que se impuso con el anterior.
Asimismo dejó sin efecto el mecanismo para establecer el monto del aumento que la ley anterior había establecido, que surgía de un índice entre inflación y salario, para reemplazarlo por un “acuerdo entre las partes” que impone una relación desigual, porque el inquilino carece capacidad de negociación a la hora de fijar el precio del alquiler.
Por eso es que pese a las modificaciones que los senadores que responden a Unión por la Patria pudieron imponer, se puede esperar que la cámara baja vuelva a convertirse en un territorio en el que se empantane la posibilidad de que la norma que pueda salir sancionada, rescate alguno de los aspectos positivos que tenía la anterior.
La cosa es clara. Durante los últimos años, en Argentina, el problema ya no es sólo la imposibilidad que tienen mayoritariamente los trabajadores para acceder a la vivienda propia y lo que se plantea es una verdadera crisis de acceso a la vivienda, aunque sea en alquiler. Y esto pese al boom de construcción de viviendas que se viene registrando durante los últimos veinte años.
A la hora de buscar responsables sobre esta situación, aparece el salto irracional que presentan los precios de los contratos, el retiro del mercado de unidades para vivienda y la dolarización del mercado. En esto un dato es clave: la industria de la construcción paga insumos y salarios en pesos, pero el mercado de viviendas para alquiler está dolarizado. Y, encima, por medio de un esquema que impone contratos por tiempo cada vez más breve, es una herramienta que se coloca por encima del ritmo de la inflación, con lo que también la incentiva.
Todo esto está favorecido por la ausencia de regulación estatal y se puede verificar, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires con la creciente cantidad de edificios vacíos, sencillamente porque se construye como parte de un esquema de financierización.
La vivienda vacía es negocio, como también lo es aquella destinada a alquiler temporario principalmente destinada al turismo, lo que sin una regulación que entre otras cosas debería gravar las unidades ociosas, impone condiciones a quienes necesitan alquilar una vivienda para habitar de forma permanente.