Propone la creación de mecanismo de control social sobre las fuerzas de seguridad. Lo hace después de que los hechos de violencia policial perpetrados en Tucumán y Chaco encendieran luces de alarma.
“Ante los graves crímenes de Chaco y Tucumán, ante el incremento de la violencia policial” la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) propuso que se lleve a cabo “un mecanismo de control social sobre las fuerzas de seguridad”.
Así se pronunció la Ladh después de que, durante el último mes, dos hechos de grave violencia institucional perpetrados en Chaco y Tucumán, encendieran luces de alarma.
Dos semanas atrás, en el barrio Banderas Argentinas, en la localidad de Fontana, personal policial sin orden de allanamiento, irrumpió a una vivienda donde atacó a miembros de una comunidad Qom, en un episodio que quedó registrado en imágenes que fueron viralizadas en redes sociales.
Antes, en la localidad tucumana de El Mencho, Luis Espinoza fue interceptado por policías que lo atacaron. Varios días después su cadáver apareció en un precipicio ubicado en territorio catamarqueño, a doscientos metros del límite con Tucumán.
Las pericias que hizo el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Tucumán, confirmaron que Espinoza murió a raíz de la herida que sufrió al recibir un disparo por la espalda.
La bala extraída se corresponde a la de un arma reglamentaria de la Policía provincial, como la pistola Jericho calibre 9 mm pertenecería al oficial auxiliar José Morales, uno de los diez detenidos en la causa.
Por su parte, los policías involucrados en el caso de Fontana, fueron apartados de sus cargos pero todavía nadie está procesado.
Responsabilidades
En este contexto, al pronunciarse, la Ladh recalcó que “la pandemia desafía la sociedad Argentina y a los gobiernos”, al tiempo que “pone de relieve los problemas estructurales que heredamos de décadas de dominación colonial y de intentos de superación de los problemas frustrados por las derechas y la resistencia imperial a todo cambio que los perjudique”.
Así, “emerge la miseria y la falta de condiciones dignas de vivienda para millones” pero también “la cultura represora hegemónica en las fuerzas policiales y de seguridad”.
Por esto, hace hincapié en que es preciso evitar que “se naturalicen los crímenes policiales y mucho menos disimularlos o banalizarlos”, ya que “cada violación a los derechos humanos tiene un autor y una cadena de mandos que debe dar cuenta de estos hecho”.
Y, tras destacar que el vértice de esta cadena de mando está en los gobernadores “de quiénes exigimos autocrítica y balance de los pasos dados para terminar con esta situación intolerable”, sostuvo que “la responsabilidad última en la garantía de los derechos humanos de los argentinos corresponde al gobierno nacional, tal cómo surge de los pactos y compromisos internacionales firmados”.
Asimismo, la Ladh insistió en que “es la hora de asumir la conducción política de las fuerzas policiales con firmeza y convicción democrática”, así como de que se investigue cada hecho denunciado, se separe de la fuerza a los involucrados, para que se garantice “una investigación verdadera”.
Así las cosas, propuso que se constituya un espacio de control social, en el que los organismos de Derechos Humanos “puedan asumir la voz de los perseguidos y agraviados por las fuerzas policiales y de seguridad”.
Algo que podría aportar a construir condiciones “para la investigación independiente de los crímenes de Estado”.
