Tras el brutal hecho del barrio Banderas Argentinas, se pronunciaron diferentes organizaciones para pedir un cambio urgente de política de seguridad.
Distintas organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos de Chaco dieron a conocer una declaración en la que instaron al Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y al ejecutivo provincial a que promuevan un cambio urgente de política de seguridad y el accionar de las fuerzas policiales.
Y, en este sentido, tras denunciar “abusos diarios y el aumento de los niveles de violencia que se ejercen en los barrios populares” por parte del personal policial, recalcaron que nada de esto forma parte “del proyecto político y democrático que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social en pleno contexto de crisis mundial”.
Lo hicieron después de que, el domingo pasado en el barrio Banderas Argentinas, en la localidad de Fontana, personal policial ingresara sin orden de allanamiento a una vivienda donde atacó a miembros de una comunidad Qom, en un episodio que quedó registrado en imágenes que fueron viralizadas en redes sociales.
Ante esto, el gobierno que preside Jorge Capitanich apartó de la fuerza a los efectivos que participaron de la agresión, mientras que la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, coincidieron a la hora de repudiar el hecho.
“Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”, recalcó Alberto Fernández al respecto.
Así las cosas, la declaración aclara que las organizaciones firmantes se pusieron a disposición de los equipos estatales de abordaje a la violencia institucional para fortalecerlos, ya que “sus esfuerzos deben ser puestos en valor con un fuerte pronunciamiento, junto a la investigación y sanción tanto administrativa como judicial, de toda práctica violatoria de los derechos civiles, desde una perspectiva reparatoria y atenta a las denuncias y causas sobre estas violencias en los últimos años”.
Asimismo, recalca que lo que pasó en Fontana es parte de “una serie de abusos que pareciera no tener límites ni control sobre las barriadas metropolitanas, por parte de quienes ostentan el monopolio del uso de las armas y la seguridad”.
Tras lo que resalta que es preciso que se convoque a las organizaciones populares, para “reconstruir una política de seguridad pública y democrática, basada en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, donde el cuidado, el buen trato y los valores de la democracia que supimos conquistar, sean los ejes vertebradores de un nuevo paradigma de convivencia ciudadana”.
Entre quienes suscriben la declaración, están las regionales chaqueñas de la CTA, Hijos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
