Derechos Humanos

Se trata del predio y el edificio donde funcionó el Regimiento 9 de Corrientes. “Para nosotros tiene un significado particular porque fue donde asesinaron a Ito Gómez”, sostuvo desde el PC provincial Diego Silva y advirtió que detrás del intento se esconde la voracidad de un negocio inmobiliario.

En octubre y por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el gobierno nacional resolvió poner en remate cientos de propiedades y predios que forman parte del patrimonio que posee el Estado Nacional que, en algunos casos se trata de oficinas que están en pleno funcionamiento, pero también aparecen 27 mil hectáreas de campo que son del Inta e inmuebles donde durante la última dictadura funcionaron centros clandestinos de detención y tortura que oportunamente fueron declarados sitios de la memoria, tal como el edificio y solar donde funcionara el Regimiento 9, en la ciudad de Corrientes.

Cabe recordar que en ese sitio permaneció secuestrado, fue torturado y asesinado el militante del Partido Comunista Ito Gómez, el 15 de agosto de 1977. “El decreto de Milei avanza en la venta de los espacios de la Memoria entre los cuales está el Regimiento 9, que fue el centro clandestino de detención más grande del NEA”, recuerda el dirigente del PC de Corrientes Diego Silva, y añade que “para nosotros ese lugar tiene un significado particular porque fue donde asesinaron a Ito, pero también porque pasaron por ese sitio casi toda la dirección  partidaria de esa época y una cantidad de compañeros y compañeras de otras organizaciones que algunos aún continúan desaparecidos”.

Y en este sentido, hizo público el apoyo del PC “a la lucha por preservar ese lugar”, cuya venta ahora está frenada merced a un amparo judicial que fue presentado recientemente por el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y querellante en causas vinculadas al terrorismo de Estado, Ramón Leguizamón.

El lugar representa “un sitio relevante por la Memoria, la  Verdad y la Justicia”, insistió Silva tras lo que advirtió que “también su intento de venta se inscribe en una política de aprovechar bienes del Estado para ponerlos al servicio de la especulación inmobiliaria y del negocio gastronómico”.

Al respecto, informó el dirigente del PC provincial que el edificio está ubicado donde comienza la costanera de la ciudad de Corrientes, “por lo que es un predio muy codiciado por empresarios que quieren transformar la costanera en un espacio para pocos al que la gran mayoría del pueblo no pueda asistir”.

También recordó que no es éste el primer intento por privatizar la costanera y la playa de Corrientes. “Esto comenzó con un plan costero que se ideó en la época del gobierno de Mauricio Macri, que con la lucha del campo popular, de sectores políticos y sociales se logro frenar, ya que implica la privatización de toda la costanera, algo que ahora pretenden hacer por partes”. Y alertó que “ya privatizaron una parte del puerto y ahora están pretendiendo privatizar este sector que incluye al Regimiento 9”.

Por eso es que “esto representa una doble lucha para nosotros, primero preservar el espacio por la memoria que hoy funciona, para que todas las generaciones que vienen sepan lo que pasó en ese lugar que sirvió para instalar un proyecto de país que hasta el día de hoy continúa vigente, un proyecto que quiere que Argentina vuelva a ser una colonia exportadora de materia prima y otros recursos naturales como petróleo y litio y gas, una colonia en la cual solamente un a pequeña porción de la población se beneficie y la gran mayoría quede condenada a un futuro de pobreza y de postergaciones”.

Y, entonces, concluyó Silva, “la tarea de defender ese lugar, también es porque así defendemos los bienes que son del Estado, que la costanera y la playa de la ciudad sigan estando para el disfrute de todos los correntinos, para que no que se privatice y acabe siendo un negocio para unos pocos”.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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Desde La Violeta en Suteba, Alba Werenchuk, hizo hincapié en la pertinencia que tiene la campaña llevada a cabo por Ctera para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

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El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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Lo dijo desde La Violeta Emanuel Ríos, al referirse a la campaña nacional por la que Ctera exige que se juzgue a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “La dictadura los asesinó pretendiendo cortar de cuajo aquello por lo que luchaban”, puntualizó.

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El gobernador de Salta paraliza el Comité contra la Tortura que es una instancia autárquica que monitorea el accionar de fuerzas policiales y penitenciarias en la provincia. La Mesa de Derechos Humanos advirtió que peligra su funcionamiento ya que el ejecutivo no llama a concurso para cubrir los cargos que vencen dentro de tres meses.

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El Tribunal 1 de Rosario absolvió a los acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados contra obreros durante la represión del Villazo. “Es un hecho vergonzante por parte del Poder Judicial que se mostró obsecuente con un clima de época que sopla desde la derecha”, lamentó desde el Partido Comunista de Villa Constitución, Matías Pereyra.

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Comunidades mapuche radicadas en la zona de Bahía Blanca alertaron sobre el daño ambiental que pueden provocar los ejercicios que tropas estadounidenses llevan a cabo en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

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Se llevó a cabo en Rosario el cuarto Encuentro Provincial de Derechos Humanos en el que participó la Liga junto a otros organismos como Hijos, Familiares y la Apdh. En el debate también estuvo presente la causa Villazo y la demanda de justicia por Florencia Gómez.

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Mientras mañana va a tener lugar en Rosario el Encuentro de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, el martes se prevé que en los Tribunales Federales se lea la sentencia en la Causa Villazo. Por su parte, la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación confirmó este miércoles que recibirá al PC para responderle a su reclamo de información en la investigación sobre el femicidio de Florencia Gómez, una conquista que es consecuencia de la lucha militante sostenida a lo largo de cinco años.

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Avanza la campaña que lanzó Ctera para demandar que comience el juicio que debe poner en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia. “Es primordial explicar a la sociedad el porqué de la lucha de aquellos militantes y dirigentes, que como Isauro y Arturo dieron sus vidas”, sostuvo Pablo Moren desde La Violeta de Lanús. 

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Sigue la campaña nacional de Ctera para exigir que inicie el juicio por el asesinato de los hermanos Arancibia. “Es preciso que esta campaña culmine con el juzgamiento y condena de los responsables del fusilamiento de nuestros compañeros”, subrayó desde La Violeta, la secretaria de Derechos Humanos integrante de Amsafé, Maru Regué.

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Con los votos de Rosatti y Rosenkrantz el máximo tribunal anuló la prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre el integrante de la CNU, Carlos Castillo. La Liga y otros organismos de Derechos Humanos repudiaron tal decisión.

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Se espera que en el banquillo se sienten veintitrés ex militares y ex policías que deben responder por su responsabilidad en la comisión de 63 delitos de lesa humanidad cometidos contra 71 víctimas de la ciudad de Río Cuarto.

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Esto es lo que reclamó Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de Ctera, ante el lanzamiento de la campaña nacional para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Fue el sábado pasado y junto a la Liga se dieron cita integrantes de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Amigos y Compañeros de Campo de Mayo.

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