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Política
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¿Se acuerda cuando Milei decía que el Estado no debía intervenir en la economía? La creciente flexibilización de la relación entre capital y trabajo lo desmiente ¿Avanza un nuevo capítulo de la reforma laboral regresiva?

Días atrás se conoció el resultado de una encuesta realizada por la consultora Taquion, que da cuenta de que alrededor del setenta por ciento de los empresarios pretende que la Presidencia Milei avance más rápido con una reforma laboral, lo que para ese universo aparece como la principal preocupación sólo detrás de la que le genera lo que consideran “una pesada carga impositiva que afecta negativamente el desarrollo empresarial”. En síntesis: quieren pagar menos impuestos y menos salarios para maximizar su tasa de rentabilidad, lo que entre otras cosas, significa menos ingresos para las arcas estatales que el actual gobierno intentará resolver con más ajuste, así como mayores penurias para los trabajadores y más contracción del mercado interno.

La señal que el universo del capital le está enviando al gobierno es que está dispuesto a bancarlo en su intento por traspasar los límites, que la negociación que tuvo que hacer para que salga la Ley Bases le puso al proyecto inicial de reforma laboral que iba mucho más a fondo de lo que se sancionó a mediados de 2024. Pero de hecho, con escasa y fragmentada resistencia, desde que el gobierno nacional publicó el Decreto 847/2024 que reglamenta el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, desde el Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger, se fueron corriendo las fronteras de lo que estableció la norma inicial por lo que en la práctica se avanza a paso firme hacia una consumación, de hecho, de aquello que el titular de esa cartera calificó como “el cambio más importante en las relaciones laborales en años”.

Para eso el Decreto 847/2024 se planteó apenas como un punto de partida que incluye el perdón de las deudas a las patronales por empleo no registrado, la puesta en marcha de nuevos modos de cese laboral que pueden reemplazar a las indemnizaciones lo que fomenta un sistema de despidos “a la carta” para favorecer a las empresas, así como una simplificación del registro laboral hecho a medida de las patronales, la extensión del período de prueba y un régimen para trabajadores independientes con hasta tres colaboradores sin relación de dependencia.

Todo esto que en sí mismo resulta un combo horrible para el conjunto de los trabajadores, no alcanza a saciar la codicia de las patronales ni se ajusta cabalmente al diseño que en el actual momento que atraviesa su crisis de larga duración, el sistema capitalista impone para las relaciones entre los universos del trabajo y el capital que de la mano del tándem Milei-Sturzenegger, sueña y trabaja para la puesta en marcha de un segundo capítulo de la reforma laboral que -por medio de una ley- brinde soporte a mecanismos que ya se están naturalizando como la recomposición salarial atada a la productividad o las paritarias por empresa, para lo que deberá poder avanzar, por ejemplo, en modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, algo que oportunamente intentó imponer por medio del DNU 70/2023 y que quedaron congeladas merced a una decisión judicial.  

Así, la profundización de la flexibilización de las relaciones laborales ya es un hecho que, entre otras cosas, fomentan las políticas del gobierno nacional que intencionalmente propicia un rotundo deterioro en las condiciones de empleo en relación de dependencia y un preocupante crecimiento del trabajo por contratos temporarios. Y aunque este camino no es nuevo, ya que tuvo capítulos significativos como el ocurrido durante la Presidencia Macri, con la llegada de Javier Milei a La Rosada la cosa empeoró.

De este modo lo que queda claro, una vez más, es que lejos de ponerse al margen del proceso económico como pretende el discurso neoliberal, también ahora y en Argentina, el actual gobierno interviene con toda la fuerza que posee el Estado y regula para favorecer el desarrollo de un determinado modelo social. Y, para ello, utiliza las herramientas que suministra el corpus de leyes propias del Estado Liberal Burgués, que se instrumentan -básicamente- por el imperio del Código Penal y el uso de la fuerza policial. Todo para defender a la propiedad privada individual de aquellos que no la poseen.

Con esos dispositivos la clase capitalista que actúa en Argentina por medio de la Presidencia Milei, avanza en un camino que espera consolidar y profundizar con las elecciones de medio término ¿Pero por qué profundizar normas que así como están ya le permiten al Estado Liberal Burgués regular en favor del capital y en detrimento del trabajo?

Tras el breve interregno abierto con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo ingresó en su Segunda Crisis de Larga Duración. El fracaso del modelo de trabajo fordista en las economías capitalistas desarrolladas, ubica el principio de un momento caracterizado -entre otras cosas- por una acelerada carrera hacia delante, en la que quienes poseen el capital concentrado necesitan avanzar vertiginosamente en un proceso de mayor concentración de poder y maximización de ganancias. Pero también de búsqueda de legitimación. En este contexto global y para satisfacer ése punto en particular, una cuestión clave es aquello del “cambio  cultural” que tiene entre sus objetivos principales el aniquilamiento de la conciencia de clase.

Es que la conciencia de clase es la punta del hilo de un ovillo del que, con sólo tirar un poco, podemos descubrir una construcción atávica y un desarrollo histórico basados en la solidaridad como mecanismo organizativo de resistencia hacia las injusticias, pero también como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva por parte de las clases subalternas ante el ataque de aquellas dominantes. Esto quiere decir que a partir de esta dinámica de acción colectiva se pudo modificar la percepción entre pares y respecto a otras clases antagónicas.

Por eso es que en esta etapa, los ganadores del capitalismo ponen tanto énfasis a la hora de provocar condiciones capaces de favorecer la transformación del proletariado en precariado. Esto que hasta hace algunos años podía parecer una locura, hoy es una realidad con la que nos cruzamos en cada calle cuando a cualquier hora resulta imposible dejar de ver personas de todas las edades cargando una mochila de repartos roja o amarilla.

Este “cambio cultural” y la modificación de la legislación laboral plantean un perverso juego de pinzas que pretenden consolidar un diseño social en el que se naturalice el desempleo, la flexibilización y la precariedad prolongada en el tiempo, acompañada de una baja en el nivel salarial y una profunda incertidumbre que sea capaz de ensombrecer a todo el universo del trabajo para empujarlo a la desazón y la derrota.

¿Pero por qué? Para responder a esta pregunta resulta prudente recordar aquello del neoliberalismo y su carácter intervencionista en un Estado Liberal Burgués absolutamente permeable a que esto suceda. Porque, entre las premisas del Estado Liberal Burgués, está garantizar a rajatabla la propiedad privada, algo que hace -e hizo- con gobiernos de derecha o con aquellos que pretendían propiciar el advenimiento de “un capitalismo bueno”.

Pero lo cierto, es que en la actual etapa del desarrollo capitalista, inmersa a escala global en su Segunda Gran Crisis de Larga Duración, un papel medular de quien administra el aparato del Estado Liberal Burgués, es asegurar que la renta estatal transmute en capital financiero privado que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos comunes, intelectuales y simbólicos.

De ahí que el Estado Liberal Burgués, en tándem con las corporaciones, regule por medio de la legislación para garantizarle la maximización de ganancias. Y, en la otra cara de la moneda, también regule, esta vez avanzando en normas que desestimen -y hasta impidan- cualquier tipo de asociación entre integrantes de las clases subalternas. Es decir, trabajar para que el proletariado se convierta en precariado.

“La lucha de clases existe, pero la estamos haciendo nosotros los ricos”, dijo con impune sinceridad, el estadounidense Warren Buffett, uno de los hombres más poderosos del planeta cuya fortuna asciende -según la revista Forbes- a algo así como ochenta mil millones de dólares.​

Un escenario atravesado por la desindustrialización y la deslocalización, robotización y empresas en red, así como la asociación corporativa que por medio de la terciarización favorece a la flexibilización, configura un panorama que plantea para los trabajadores, incertidumbre y fragmentación.

Por eso es que una parte importante de la tarea es resistir y reconstruir un imaginario social de clase, así como desmitificar aquello que se pretende presentar como atributo sacralizado del capitalismo. Porque todavía queda por ver si, como asevera Buffett, este va a ser el final de la historia.

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Así lo definió Ariel Elger en el acto de cierre que hizo Confluencia de cara a las elecciones porteñas. “Este espacio tiene un largo camino para recorrer, construir y crecer”, recalcó y añadió que “eso es parte del desafío que asumimos durante la campaña”, ya que “se trata de un proyecto de construcción colectiva y no sólo electoral”.

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El pasado miércoles 14 de mayo, en medio de una apretada votación, con 47 votos a favor y 49 en contra, el Congreso de Colombia rechazó la consulta popular presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, con la que buscaba convocar a la ciudadanía a decidir acerca de las modificaciones a la ley que permitirían mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.

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