La comunidad educativa se moviliza el 2 de octubre contra el veto a la Ley de Financiamiento y brutal recorte que Milei anticipó en su Presupuesto 2025. “Estamos en una nueva etapa de la lucha”, recalcó la secretaria de Derechos Humanos de Conadu Histórica, Elena González.
La pregunta es ¿por qué tanto ensañamiento? ¿Es sólo por el enfermizo afán que tiene la Presidencia Milei por lograr equilibrio fiscal aunque sea a costa del hambre de más de la mitad de la población, de empujar a los jubilados a tener que sobrevivir por debajo de la línea de la pobreza y perpetrar un desfinanciamiento que pone a varias universidades al borde del cierre?
Lo cierto es que las cartas están echadas sobre la mesa: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió 7,2 billones de pesos para garantizar el funcionamiento correcto de las casas de estudio, en su Proyecto de Presupuesto 2025, Javier Milei adelantó que está dispuesto a destinar a esa finalidad sólo 3,8 billones y, además, anticipó que va a vetar la Ley de Financiamiento.
Por eso es que nadie puede sorprenderse con la decisión adoptada el viernes pasado por la comunidad educativa, que anunció un plan de lucha que incluye diferentes actividades de visibilización de las demandas que comenzaron ayer lunes, en tanto se prevé un paro para el jueves y viernes, lo mismo que el miércoles 2 de octubre ocasión en la que también se va llevar adelante una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria.
“No al veto de Milei a la Ley de Financiamiento. En la calle la conquistamos, en la calle la defendemos”, es la consigna con que Conadu Histórica convoca a estas actividades que atraviesan una semana clave para el destino del sistema de educación público, universal y gratuito en Argentina, tal como lo determinó durante el plenario de secretarios generales que sesionó el viernes pasado, en el que definió profundizar el plan de lucha en defensa de la universidad pública y el salario de sus trabajadores, ya que “sin presupuesto ni salarios dignos, no hay universidad pública”. Y, en este contexto, hoy martes se va a realizarse una conferencia de prensa conjunta del CIN, con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
Como se recordará, la semana pasada después de casi cinco meses del momento en que más de cien mil personas se movilizaran en defensa de la educación pública participando de la Marcha Federal, el Senado sancionó favorablemente una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia, investigación y extensión en las universidades.
En este punto es preciso recalcar que lo dispuesto por la norma implica un impacto fiscal que, de acuerdo al análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, es de sólo 0,14 por ciento del PBI. Pero pese a esto, Milei anunció que va a vetar la ley y casi en simultáneo envió su Proyecto de Presupuesto 2025 que -si prospera- va a destinar a las universidades nacionales la mitad de lo que el CIN considera que es necesario para que puedan funcionar con lo que no se va a cumplir, entre otras cosas, con el seis por ciento del PBI que establece la Ley de Financiamiento Educativo ni con el 0,45 que prevé la Ley de Financiamiento de la Ciencia.
“Estamos en una nueva etapa de la lucha de toda la comunidad universitaria”, recalcó la secretaria de Derechos Humanos de Conadu Histórica, Elena González y añadió que esto es así “porque tenemos una situación mucho más difícil que la de abril cuando fue la multitudinaria jornada de la Marcha Federal Educativa” y, en este sentido, señaló que es gravísimo que Milei pretenda reducir a la mitad el presupuesto elaborado por el CIN.
“Esto es así, también, porque abrazándose a superpoderes que se arroga con el DNU 70/2023, Milei pisotea cosas que fueron garantizadas por leyes previas y dice que puede modificar el porcentaje destinado a educación e investigación”, pero asimismo porque desde aquel 23 abril, de la mano del Protocolo Bullrich, la Presidencia Milei “ha agudizado la represión en todos los lugares del país donde hubo movilizaciones”.
Por eso es que Elena González no duda cuando asevera que “ahora las organizaciones estudiantiles y el CIM tienen una doble responsabilidad a la hora de plantarse: primero porque todos los rectores se deben sentir agredidos por Milei que redujo a la mitad el presupuesto de las universidades que ellos presentaron”, pero fundamentalmente “porque con el Presupuesto que presentó el presidente es imposible que funcionen las universidades nacionales”.
¿Por qué?
Vale citar que el Proyecto de Financiamiento se convirtió en ley con el apoyo de un amplio sector del Congreso, algo que a priori pinta un panorama de final abierto a la hora de hacer un poroteo que permita establecer si se puede llegar a los dos tercios que se necesitan para ratificar la iniciativa ante un veto presidencial.
Pero en medio del tembladeral que alcanza a todo el esquema de representación política, los integrantes del Congreso no vienen teniendo comportamientos demasiado homogéneos y también son los mismos que siguen dejando correr el DNU 70/2023. Y, por otra parte, con la resolución que tuvo el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, quedó en claro que La Banelco está funcionando y que Milei está decidido a utilizarla, para abroquelar en el Legislativo un espacio que le sirva de apoyatura a su gobierno, así como a un armado político que se exhibe con intención de ir por la propia en las elecciones de medio término.
Con este telón de fondo es que Elena González insiste en que es preciso redoblar esfuerzos militantes para construir una movilización que sea contundente de cara al 2 de octubre. “En estos días que tenemos hasta la marcha, se presenta una gran cantidad de actividades para realizar” sostiene la militante comunista y puntualiza que “vamos a entrevistarnos con cada uno de los diputados a quienes les va a tocar ratificar el veto, pero además hay que multiplicar esto en cada provincia y localidad”.
Por eso es que “resolvimos que haya una gran marcha nacional que se va a llevar a cabo en Ciudad de Buenos Aires”, pero también “grandes movilizaciones en cada uno de los lugares donde haya universidades, como fue el diseño del 23 de abril”, ya que “debemos lograr que todos los argentinos se manifiesten en defensa de la educación pública, el ascenso social y todo lo que sabemos que significa la universidad pública”.
Es verdad que arreció la represión y que, por si alguien tenía alguna duda, desde el 23 de abril Milei se encargó de dejar en claro que el sistema educativo de gestión pública, universal y gratuita no está en el radar de su gobierno o mejor dicho: sí está, aunque sólo para destruirlo.
Pero también es cierto que desde entonces hubo como un salto de calidad, al menos, en los niveles de articulación de la movilización que aunque aún sea tibia, comienza a advertirse en hechos como la participación de las dos CTA y parte de la CGT en las convocatoria que cada semana hacen los trabajadores jubilados, así como en los avances que durante los últimos días se dieron en la intención de transitar un camino de unidad por parte de las CTA ¿Puede la jornada del 2 de octubre convertirse en un hito que señale un paso hacia delante en tal sentido?
“Vivir lejos del centro de poder nos da algunas licencias”, reflexiona Elena González y recuerda que “en casi todas las localidades de Chubut, logramos una organización que fue la Mesa de Unidad Sindical, cuando los gobernadores Das Neves y Arcioni decidieron pagar los salarios fragmentados y con atrasos de hasta tres meses”. Y puntualizó que “generamos ese movimiento de unidad sindical que fue una experiencia hermosa”, ya que “ahí nos juntamos los gremios de las dos CTA y la CGT para hacer un trabajo conjunto y solidario muy importante a partir del reclamo de cobrar el salario en tiempo y forma”.
Por lo que, sin dudarlo, hace hincapié en que “las muestras de unidad son indispensables en este momento, pero también lo es que todos los actores de la universidad asuman la responsabilidad y esto incluye a los rectores, sean del color que sean, y por supuesto a los estudiantes porque Milei ya avisó que va a entregar la mitad de lo que se necesita para que la universidad funcione”.
Entonces, la pregunta sigue siendo si la relación patológica que La Rosada exhibe impúdicamente con los jubilados, el sistema sanitario, el de contención social y el educativo, responde sólo a urgencias macroeconómicas o a la perversión de una banda que se hizo con las herramientas del Gobierno.
Es probable que a la hora de encontrar respuestas, haya que considerar algo de todo esto. Pero hay un dato que es insoslayable para comprender mejor por qué, usando como ariete a la Presidencia Milei, la clase capitalista que actúa en el país se esfuerza por desmembrar cosas como el sistema jubilatorio asentado en un mecanismo solidario, pero también a los sistemas sanitario y educativo de base universal y acceso público y gratuito, así como la red que a partir de lazos profundamente solidarios atiende algo tan básico como suministrar comida e intentar construir trabajo entre aquellos a los que el sistema expulsó.
Y la respuesta es que estas cuatro herramientas representan una concesión que el capitalismo tuvo que hacer, en un contexto histórico determinado que ya no existe, como consecuencia necesaria de la propia crisis que está inscripta en el ADN del sistema capitalista.
Es que el diseño que todavía tienen los sistemas de pensiones, sanitario y educativo, pero asimismo el de las redes solidarias que incluyen comedores, merenderos y cooperativas de trabajadores son, de alguna forma, avanzadas de un tipo de sociedad que no es la capitalista, ya que esencialmente representan una manera de relación social basada en la asociación, la cooperación y la autogestión entre pares. Y todo esto es algo que el capitalismo aborrece, tanto como que las personas queramos ser personas y no simples mercancías…ya sea que estemos en un comedor popular o atendiéndonos en un hospital, seamos jubilados, docentes o estudiantes universitarios.
