Lo dijo al fijar postura sobre la demanda popular de declarar la Emergencia Universitaria, Jonás García Leri, estudiante de sociología en Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y referente de La Santiago Pampillón en el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI).
“Fue una marcha que tuvo bastante masividad y dejó en claro que los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, estamos tomando un camino de movilización que históricamente motorizó buena parte de las luchas que se dieron a lo largo de los años”, puntualizó desde el MUI, Jonás García Leri, al referirse a la jornada vivida el jueves pasado en la capital bonaerense, donde la comunidad educativa de la Unlp se movilizó para demandar que el Consejo Superior declare la Emergencia Universitaria, pero también para hacer público su apoyo al Proyecto de Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales que ya tiene media sanción de Diputados, así como para exigir recomposición salarial para docentes y no docentes, entre otras cosas.
La convocatoria corrió por cuenta de varias organizaciones que integran la Federación Universitaria de La Plata y el Frente Gremial Universitario. Y en este punto cabe recordar que pocos días antes, el ejecutivo nacional anunció una recomposición salarial para los docentes, de apenas tres por ciento para agosto y un dos para septiembre, algo que fue rechazado por el Frente Gremial Universitario.
¿Pero en qué consiste la declaración de emergencia reclamada? “Consta de tres ejes”, puntualiza García Leri y aclara que por un lado aparece la necesidad de una “emergencia universitaria en general”, ya que más allá del incremento otorgado por el gobierno nacional para gastos de funcionamiento, tal como sucede con otras casas de estudios, “la Unlp corre peligro porque sin docentes bien pagados en las aulas, poco a poco la universidad va a quedar vacía”.
En este punto vale recalcar que el gobierno nacional habilitó una partida que apenas alcanza para que las universidades puedan abrir sus puertas, ya que lejos está de considerar aspectos inherentes al funcionamiento real que tienen, tal como el derivado de la adquisición de materiales didácticos y mucho menos la recomposición de los salarios de docentes y no docentes que perdieron alrededor de un cuarenta por ciento desde que Javier Milei entró a La Rosada.
Por eso es que como lo explica García Leri, “la segunda emergencia es en términos salariales, ya que hoy el setenta por ciento de los trabajadores docentes y no docentes, perciben haberes que los dejan por debajo de la línea de la pobreza”. En este sentido, recuerda que se trata de puestos que requieren una alta calificación y que la Unlp está entre las tres principales universidades del país pero, pese a esto, “tenemos docentes que no pueden pagarse el alquiler porque cobran menos de trescientos mil pesos”.
Pero esta situación de agobio no es exclusiva de los docentes. También sus alumnos padecen el impacto del empobrecimiento al que la Presidencia Milei empuja a la abrumadora mayoría de la sociedad. Y en este contexto cosas básicas como tener un sitio donde vivir, pagar el boleto de colectivo, poder alimentarse y adquirir textos se presentan como un obstáculo que muchas veces resulta insalvable para los estudiantes.
De ahí que el tercero de los puntos demandados sea la declaración de la Emergencia Estudiantil. “Día a día sufrimos los aumentos de los alquileres, alimentos, transporte y en La Plata esto tiene una implicancia particular, porque el negocio inmobiliario es muy grande y al ser una ciudad universitaria, incluso los monoambientes son muy caros, a veces hay que tomar varios micros para ir a cursar y ni que hablar de quienes vienen desde el conurbano o ciudades aledañas”, por lo que “hay pibes que se gastan todo el sueldo en comer y viajar, otros tiene que dejar de cursar y algunos juntan todas las materias en un mismo día para poder abaratar costos, lo que es inhumano y atenta contra el proceso de aprendizaje”.
Ley de financiamiento
La iniciativa que el Senado prevé votar el jueves, establece que el ejecutivo debe actualizar en forma mensual el salario de los docentes y no docentes, como así el presupuesto de las instituciones universitarias, y que tiene que hacerlo en función del porcentaje de inflación que se establece mediante el Índice de Precios al Consumidor.
En este punto es preciso advertir que aquello de salarios de hambre, no es sólo una frase que busca graficar la situación que atraviesan ocho de cada diez docentes universitarios. Un reciente trabajo que hicieron las universidades de Río Negro y San Martín, da cuenta de que un docente categoría titular con dedicación simple y diez años de antigüedad, gana sólo alrededor de 326.700 pesos.
En marzo, Frente Sindical Universitario volvió a poner el tema salarial sobre la mesa y la respuesta gubernamental fue nula. Pero la masividad y extensión territorial que tuvo la Marcha Federal del 23 de abril, hizo que La Rosada moviera sus fichas y abriera el grifo para viabilizar una partida que no representa mucho más del diez por ciento de lo que debería destinarse, con lo que buscó descomprimir el conflicto garantizando que las universidades pudieran abrir sus puertas, pero sin atender el resto de las demandas que, entre otras cosas, incluyen salarios, becas, obras y presupuesto adecuado para ciencia y técnica.
Así las cosas, los tres reclamos que hizo la marcha que el jueves pasado recorrió calles de La Plata, representan los ejes del petitorio que fue avalado por las firmas de más de mil quinientos miembros de la comunidad educativa, pero también por una movilización que se encuadra en un proceso que tuvo un hito relevante en la Marcha Federal Educativa del 23 de abril, al tiempo que pretende ser un eslabón de un recorrido que va a tener otro capítulo cuando mañana miércoles el financiamiento universitario esté en los la hoja de reclamos de la convocatoria que hicieron las dos CTA junto a un sector de la CGT. Y, por supuesto, en la nueva marcha universitaria que se anunció para el presente mes.
“Queremos mover el avispero, porque la estrategia que hábilmente tomó el gobierno nacional al cubrir los gastos de funcionamiento, hizo correr el eje de la discusión”, sostuvo el referente del MUI y recordó que la jornada del 23 de abril “fue la marcha más grande de la historia del movimiento universitario, porque se percibió el peligro real de que nos cierren las facultades, porque ya había algunas que estaban clausurando cursos al no poder afrontar gastos como el de pagar la tarifa de luz”, por lo que “apareció la plata para gastos de funcionamiento y así se enmascara un conflicto real como es el de los trabajadores docentes y no docentes”.
Por eso resulta pertinente esto de “mover el avispero” que postula el referente de La Santiago Pampillón, quien asimismo sostiene que “nos estamos organizando para que se conozca lo que sucede con la Ley de Financiamiento Universitario”, ya que es un tema que no está instalado en la agenda pública del estudiantado. Pero, recalcó, “es deber de los militantes, ser la vanguardia y poder dar la discusión sobre lo que está pasando, porque aún con las críticas que le hacemos, el proyecto es ambicioso y busca asegurar nuestro derecho a educarnos, por lo menos de una forma legal”.
De todas maneras, tal como pasó con la Movilidad Jubilatoria, la iniciativa que prevé atender el financiamiento del sistema universitario de gestión pública, universal y gratuita va a ser vetado por Milei, en caso de que la Cámara Alta lo convierta en ley.
“Ya sabemos que Milei la va a vetar como hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria”, lamentó García Leri y recordó que “en ambos casos el argumento es que no hay plata, aunque con la Ley Bases le bajó impuestos de Bienes Personales a quienes tienen más patrimonio”. Y, al respecto, añadió que si ese tributo se hubiera mantenido como estaba, el Estado contaría con los recursos para financiar a las universidades, porque “la decisión acerca de qué financiar y qué no financiar es política”.
Entonces, ante la certeza de que si prospera la iniciativa va a se vetada, “aumenta la importancia de mover el avispero, para que el veto de Milei tenga un costo político…porque ambos vetos deben ser un punto de partida para poder desgastar políticamente al gobierno”. Pero, claro está, para lograr que esos vetos se conviertan en un costo para la Presidencia Milei, hace falta decisión política que ponga el tema sobre la mesa, algo que hasta ahora viene escaseando entre buena parte del abanico que integra el esquema de representación que no forma parte del Eje Macri-Milei.
Por eso es que la jornada de lucha que para mañana miércoles convocaron las dos CTA y parte de la CGT, aparece como un dato auspicioso, tal como lo es la nueva marcha universitaria que se viene cocinando para el presente mes. “Las dos movilizaciones son parte de esto de mover el avispero, que es algo que puede permitirnos llegar a esa marcha universitaria generando condiciones para que sea incluso superior a la del 23 de abril”, reflexionó el referente del MUI y sin dudarlo aseveró que “como estudiantes universitarios debemos tener la responsabilidad histórica, como siempre la tuvo nuestro sector, de ser protagonistas de todas las luchas”.
En idéntica dirección hizo hincapié en que “la lucha por el financiamiento universitario es parte de la misma que se libra para que nuestros abuelos puedan comer y si para eso nos tenemos que bancar los palos, como jóvenes, vamos a ponerles el pecho”, resaltó y añadió que resulta “determinante que las dos CTA y la CGT tomen, de una vez por todas, la decisión política de salir a marchar, pero nosotros debemos estar a la vanguardia como movimiento universitario y en particular porque somos un movimiento universitario de izquierda”.
Y fue claro cuando sostuvo que se vuelve necesario “construir los caminos políticos para que la movilización del miércoles, como la próxima marcha universitaria, sean masivas”, ya que “si Milei quiere sacarle el pan de la boca a nuestros abuelos, que por lo menos deba pagar un costo político, que le cueste reputación y que signifique un antes y un después”.
