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Jue, May
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Política
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Una historia tres pibes asesinados por ser pobres, de impunidad e impudicia, pero también de un barrio que se levanto contra el miedo y la adversidad. Y de un veterano abogado que tenía claro de qué va esto de la Justicia.

“A 35 años de la Masacre de Budge, seguimos el legado del camarada Toto Zimerman y decimos: Gatillo Fácil nunca más”, advirtió desde el MTL de Lomas de Zamora, Anahí Ponce Carpinelli, en el contexto de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional en el que se rinde homenaje a Oscar Aredes, Roberto Argañaraz y Agustín Olivera, cuatro jóvenes de 19, 24 y 26 años respectivamente que fueron asesinados el 8 de mayo de 1987 por una banda de policías bonaerenses.

Como se recordará este feroz crimen conmocionó a la localidad de Ingeniero Budge, pero también provocó la movilización de esta barriada para exigir justicia por los tres pibes ultimados. Y para alertar que este caso lejos estaba de ser un hecho aislado, sino que respondía a una matriz de conducta que definía a la fuerza policial, algo que León Toto Zímerman caracterizó entonces como Gatillo Fácil.

Los autores materiales de los crímenes fueron el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero, quienes argumentaron que se había tratado de un enfrentamiento y que sus víctimas estaban armadas.

Pero esta tapadera no prosperó por la movilización popular que recorrió el barrio y por el accionar de Zimerman que, como abogado, asumió la representación de las familias de los pibes que fueron ultimados.

Esto hizo posible que las evidencias salieran a la luz. Los médicos forenses determinaron que Olivera tenía doce heridas de bala y Aredes siete, en su mayoría y en ambos casos eran disparos por la espalda, mientras que Argañaraz presentaba tres impactos en la cabeza efectuados a corta distancia.

Y en este punto hay que volver a destacar que difícilmente se hubiera sabido la verdad sin la movilización popular y el compromiso profesional y militante de Zimerman. Sobre todo si se tiene en cuenta que, por esos días, el levantamiento carapintada de Semana Santa le marcaba la cancha al Gobierno que encabezaba Raúl Alfonsín y envalentonaba a la bonaerense heredera de Ramón Camps.

Entre los principales protagonistas de la movilización que durante esos días tuvo su epicentro de Ingeniero Budge, pero también se instaló en buena parte del país, estuvieron el Partido Comunista y La Fede, fundamentalmente, con su militancia de UNLZ y del partido de Lomas de Zamora.

Con tres décadas y media más sobre los hombros, varios de esos militantes junto a integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y sociales, funcionarios, familiares y amigos se dieron cita en el acto conmemorativo que tuvo lugar en la intersección de Figueredo y Guaminí, que es el sitio en el que se perpetró la masacre.

Fue el domingo y la jornada tuvo su momento culminante cuando, tras la inauguración de un mural alusivo, se llevó a cabo una marcha por distintas calles de la localidad y se colocó un cartel por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señaliza el lugar.

“A 35 años de la Masacre de Budge, la lucha continúa. Basta de represión. Negro, Willy, Oscar; presentes!!”, se leía en la bandera que iba al frente de la movilización portada, entre otros, por Pedro Ponce Carrasco, hoy consejero escolar de Lomas de Zamora que en los días posteriores a la masacre fue uno de los jóvenes comunistas que le pusieron el pecho a la situación.

Ahí también estuvo el director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, quien representó a Horacio Pietragalla Corti, que estuvo ausente porque está convaleciente de Covid-19.

“La lucha popular y la organización los vecinos hizo que fuera la primera vez que se visibilizó y se dijo basta y se cruzo al barrera del miedo que paralizaba en aquellos años. Particularmente, creo en esta señalización, además de a los pibes asesinados, se homenajeó la lucha popular”, recalcó Przybylski.

 

 

 

Hubo que esperar hasta mayo de 1990 para que se sentaran en el banquillo de los acusados Balmaceda, Miño y Romero. Fue en un juicio oral en el que los dos primeros fueron condenados a cinco años de cárcel por “homicidio en riña”, mientras que para el restante la pena fue de doce años por “homicidio simple”.

Pero aquella decisión judicial resultó anulada por la Suprema Corte de Justicia provincial que dio por probado que existió una manipulación de las pruebas y, en consecuencia, ordenó un nuevo juicio que se hizo en junio de 1994. Ahí los tres policías fueron condenados a once años de prisión por homicidio simple, pero evitaron quedar detenidos hasta que el fallo quedó firme, lo que se produjo en 1998. Entonces los tres condenados se fugaron y recién al año siguiente Romero fue capturado y en 2006 pasó lo propio con Miño y Balmaceda.

Así las cosas, después de toda esta prolongada secuencia de impudicias e impunidad, los tres criminales comenzaron a purgar de manera efectiva sus condenas, que ya se les dio por cumplida.

De acuerdo a la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que fue querellante en la causa penal abierta por este caso, María del Carmen Verdú, “a los querellantes no nos notifican cuando los condenados salen de prisión. Es más, se corrió el rumor de que Balmaceda, que hoy tendría unos noventa años, murió en prisión, pero nunca lo pudimos confirmar”.

Tres décadas y media más tarde, tras varias idas y vueltas, el perfil de la bonaerense y del resto de las fuerzas policiales, poco fue lo que varió. Lo mismo pasó con el Poder Judicial y sus criterios para administrar el Código Penal según se trate de miembros de la clase capitalista, sus servidores o de aquellos para los que -como Oscar, Roberto y Agustín- esa clase capitalista, sólo tiene para ofrecer pobreza y Gatillo Fácil.