El sindicato que reúne al personal jerárquico del sector, advirtió que el decreto que impuso Javier Milei “atenta contra los derechos de la clase trabajadora en su conjunto y pone en serio riesgo la soberanía argentina”.
El Sindicato Jerárquico Minero (Asijemin) advirtió que el paquete de medidas anunciado por el Presidente Javier Milei “atenta contra los derechos de la clase trabajadora en su conjunto y pone en serio riesgo la soberanía argentina” y tras demandar que se derogue el DNU 70/23, añadió que “no es un buen comienzo para esta gestión, pasar por arriba del Congreso Nacional”.
En este sentido, el sindicato que preside Marcelo Mena Muñoz, hizo hincapié en que, además, “dicho decreto presidencial es inconstitucional y no cumple con los requisitos para ser considerado de urgencia” y fue contundente cuando recalcó que “una mega reforma de tamaña magnitud, necesita de un debate profundo en todos los estamentos del Estado, donde participen todos los actores de la sociedad”.
Asimismo, Asijemín sostuvo que “en tiempos de crisis la solución no es la desregulación ni la desaparición del Estado” y resaltó que el paquetazo que intenta imponer la Presidencia Milei, “perjudica seriamente a los trabajadores y avasalla los derechos más elementales de nuestra sociedad”.
Pero también puso el ojo sobre la derogación de la Ley de Tierras que impuso el DNU que comenzó a regir sobre fin de año. Se trata de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que entre otras cosas establecía un límite de no más de mil hectáreas a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros, cuando estén ubicadas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial. Y limitaba a un quince por ciento toda titularidad de dominio o posesión de campos ubicados dentro del territorio nacional para personas extranjeras, ya sea físicas o jurídicas.
“La extranjerización de tierras, la desregulación de las actividades industriales, la flexibilización laboral, el aumento de las cargas impositivas sobre la clase trabajadora, el regreso del impuesto a las ganancias, la liberación de precios y la privatización de los bienes públicos son algunas de las medidas anunciadas y son suficientes para saber que desde una organización sindical hay que posicionarse en contra”, puntualizó Asijemín.
Minería en zona de riesgo
Por otra parte, Asijemín también encendió luces de alarma por la derogación de dos leyes mineras que efectivizó el DNU 70/2023. Es que la norma habilita que se privaticen empresas públicas y que el Estado Nacional se desprenda de su participación en sociedades anónimas del sector como las mineras Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y Dioxitek SA que produce de polvo de dióxido de uranio que se destina como insumo para centrales nucleares. Y a esto se le suman otras empresas clave para el complejo energético como YPF, Y-TEC, Energía Argentina SA y Nucleoeléctrica Argentina SA.
“Como sindicato de la minería también nos oponemos a las modificaciones propuestas para nuestra actividad, entendiendo que las medidas anunciadas favorecen a la transnacionalización de los recursos en desmedro de la calidad de trabajo y el salario de nuestros afiliados y afiliadas”, indicó Asijemín.
Y, al respecto, remarcó que “no hay resultado positivo posible con esta mega reforma, ni ahora ni esperando”, por lo que “la respuesta debe ser urgente e inmediata y por esto nos declaramos en estado de alerta y movilización, acompañaremos todas las convocatorias unitarias que surjan para enfrentar este paquete de medidas y cualquier medida que perjudique a los trabajadores”.