“Han desaparecido a nuestros camaradas abogados que entablaban acciones de habeas corpus y ahora plantean este tipo de acciones fingiendo problemas de salud”, denunció Duilio Ramírez ante la audiencia en la que, el jueves venidero, los represores intentarán presentarse como víctimas.
“Esta maniobra de las defensas de los genocidas intenta mejorar las condiciones de detención de esas personas, presentándolos como pobres viejitos…como si fueran honorables, pero ellos han acabado con miles de vidas, torturando y desapareciendo, robando niños”, advirtió el abogado penalista e integrante de varias querellas en causas por crímenes de lesa humanidad, Duilio Jorge Ramírez, al referirse a la audiencia que se va a llevar a cabo el jueves venidero, ordenada por la Cámara del Crimen integrada por Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich, en la que represores condenados por los crímenes atroces que perpetraron durante la última dictadura, intentarán posicionarse como víctimas de un proceso judicial que, según argumentan, vulnera sus derechos.
Esta instancia fue ordenada por la Cámara que solícitamente respondió a un pedido de los abogados Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, por lo que ordenó que el juez Martín Yadarola escuche a todos los represores que deseen hablar sobre sus condiciones de detención, en una audiencia que prevé realizar sin que participen víctimas del terrorismo de Estado ni de los organismos de derechos humanos.
¿Pero quiénes están detrás de este pedido? Aunque el hábeas corpus fue presentado por los letrados del colectivo Justicia y Concordia, entre los que lo motorizan aparecen la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina cuya titular es Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo que tiene como vicepresidenta a Silvia Ibarzabal, quien es asesora del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri.
En este punto cabe citar que en una irrupción poco habitual, la Cámara del Crimen priorizó la demanda de una decena de organizaciones que reivindican lo hecho por la dictadura, que pretenden instalar un debate vinculado a las condiciones de detención de los genocidas y para ello apelan a la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, por lo que presentaron un hábeas corpus colectivo en el que argumentan que esos individuos no están alojados en condiciones adecuadas.
Y como la Convención a la que adhirió nuestro país considera la posibilidad de que se apliquen medidas alternativas a la prisión en unidades penitenciarias a personas adultas mayores, los solicitantes de la audiencia ven en esa instancia la posibilidad de que sus patrocinados puedan encontrar el camino a la domiciliaria, al tiempo que representa una maniobra propagandística que busca deslegitimar los procesos de justicia en los que se avanzó durante las últimas dos décadas, pero asimismo reivindicar a la propia dictadura iniciada en 1976.
Vale recalcar que la audiencia del jueves puede marcar un precedente peligroso, ya que lo que ahí resulte va a determinar la situación de los genocidas involucrados, pero asimismo sentará un precedente acerca de cómo se interpretan los derechos de los condenados por haber perpetrado delitos de lesa humanidad en Argentina.
“Utilizar para estas finalidades un instituto legítimo como es el habeas corpus es una movida artera por parte de los genocidas”, denunció Ramírez y recordó que se trata del mismo recurso “que se utilizaba en la época del terrorismo del Estado cuando se había secuestrado a alguien y no se sabía dónde estaba esa persona” y que entonces “eran pocos los abogados que se animaban a hacerlo, como nuestra camarada Teresa Israel o Carlos Zamorano que iban a presentarse a los juzgados para pedir saber dónde estaban quiénes habían sido ilegalmente detenidos”.
Ramírez explica también que la ley de habeas corpus “permite hacer una presentación de estas características en la competencia del lugar de detención de una persona, en circunstancias en que las condiciones detención son arbitrariamente agravadas, por ejemplo, a raíz de que el lugar de detención es inhumano o si el detenido es ubicado en un pabellón donde su vida corre riesgo”. Pero aclara que “el juez interviniente no tiene facultades para morigerar o atenuar el modo de cumplimiento de la pena que la persona está llevando a cabo, es decir que no puede transformar una prisión efectiva en una domiciliaria, porque no se trata del juez natural”, ya que el magistrado natural de una causa, es el juez de ejecución penal.
Además “está dicho y resuelto en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también reconocida por la Cámara Federal de Casación Penal en Argentina, que en los casos de las penas que están ejecución por crímenes de lesa humanidad, los órganos judiciales del Estado tienen que ser extremadamente prudentes en lo inherente a cualquier tipo de morigeración o atenuación en el cumplimiento de la pena”, por lo que en todos los casos “deben ser consultadas las víctimas o los familiares de ellas para que den su opinión, por ejemplo, cuando se solicitan prisiones domiciliarias”.
Y puntualiza que “esto es así porque, muchas veces, esas prisiones domiciliarias se solicitan por causas inventadas o como en el caso que están planteando ahora los genocidas, porque manifiestan tener problemas de salud”, pero esas circunstancias no son motivo de derivación a prisión domiciliaria si las patologías que los aquejan puedan tratarse dentro de la unidad penitenciaria en la que están. “Sólo la cuestión de salud es un motivo para la derivación al domicilio, cuando se trata de casos que no pueden ser tratados en la unidad penitenciaria en la que está asilado, pero estos son la minoría de los casos”, resalta el abogado Ramírez.
Por lo que sin dudarlo remarca que lo del jueves venidero no es otra cosa que una maniobra de las defensas de los genocidas, “que están intentando mejorar su condiciones de detención presentándolos como pobres viejitos que tienen derecho a estar en sus domicilios como si fuesen personas honorables que no lo son”.
De ahí que hace hincapié en que el Partido Comunista “repudia estos intentos que son acciones consonantes con el discurso negacionista y fascista del gobierno de Milei, quien en estos temas tiene absoluta coincidencia con su vicepresidente”, ya que “el objetivo que persiguen es la reivindicación de los genocidas como si fueran ciudadanos ilustres”, por lo que “es preciso rechazar estas movidas judiciales y sostener nuestra permanente presencia en todos los juicios de lesa humanidad, donde se va a buscar justicia, reparación y que nunca más se perpetren este tipo de crímenes”.
Con este telón de fondo, recordó que en el PC “tenemos camaradas abogados que fueron secuestrados y desaparecidos por presentar acciones de habas corpus durante el Proceso”, por eso no ocultó su indignación cuando reflexionó que “ellos han desaparecido a nuestros camaradas y otros abogados que entablaban acciones de habeas corpus y ahora plantean este tipo de acciones fingiendo problemas de salud, es algo que muestra el absoluto cinismo que tienen esas personas”. Ya que, “cuando ejercieron el poder masacraron, secuestraron y torturaron a abogados que presentaban habeas corpus y hoy que se hacen los enfermos, se valen del mismo instituto para tratar de que se les conceda un mejoramiento en las condiciones de detención”.
