La Corte volvió a beneficiar al agronegocio autorizando las fumigaciones cerca de las escuelas rurales. “Esto deviene además en un modelo contaminante que es totalmente contrario a la salud”, recalcó desde el PC, Leandro Pozzi.
“Esto nos pone en la confrontación con el poder corporativo judicial y sus rasgos conservadores que alienta el tipo de modelo de sociedad que padecemos que, en Entre Ríos, se vincula al modelo productivo de monocultivo y contaminante, que coloca como centro de gravedad a los grandes propietarios de la tierra”, sostuvo desde el Partido Comunista entrerriano Leandro Pozzi, al referirse a la decisión de la Corte Suprema que consideró “carente de trascendencia” el reclamo de que se establezca una distancia prudencial entre las zonas fumigadas y las escuelas rurales.
Vale recordar que esta situación que en Entre Ríos deja a miles de pibes y trabajadores de la educación expuestos a sustancias que afectan gravemente su salud, “deviene además en un modelo contaminante que es totalmente contrario a la salud”, recalcó Pozzi y recordó que desde su gremio, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, “hemos articulado con otros movimientos sociales, del movimiento obrero, del espacio ecologista y de defensa de los bienes naturales para denunciar esta situación”, por lo que lo determinado por la Corte “es un gran cachetazo”.
Pero también, añadió, se trata de algo que “pone de relieve que cuando hablamos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, no lo hacemos sobre un tema abstracto de la realidad”, ya que “tiene que ver con ese poder del Estado que acciona concretamente en la legitimación de la afectación de la salud”, tal como otras veces lo hizo para afectar otros derechos “como el de acceso a internet, entendiendo a la comunicación como un derecho humano”. Y ahora, denunció, “lo hace afectando el derecho a la preservación a la salud de las comunidades escolares y de seres humanos”.
De ahí que, sin dudarlo, Pozzi repudió la decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti “que nos pone en alerta y por eso seguimos planteando que esa decisión judicial no resguarda ningún derecho para los docentes y la comunidad en general”.
