El Gobierno analiza un mecanismo para congelar, temporalmente, el precio de los medicamentos. Los laboratorios la juntan con pala, pero se quejan y dicen que el estado los “hiper regula” ¿Qué pasaba cuando no los regulaba?
“Tenemos que dar el debate respecto de los márgenes de ganancias de las grandes empresas”, dijo ayer el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, a la hora de señalar que el Gobierno analiza establecer una medida similar a la Resolución 1050 que, en este caso, alcanzaría a los medicamentos.
Por ese motivo adelantó que va a reunirse con la ministra de Salud Carla Vizzotti y la titular de Pami, Luana Volnovich, así como representantes de las cámaras empresariales que intervienen en el sector. Y recalcó que “vamos a empezar a revisar el tema suba de precios de los medicamentos”, ya que “no puede haber consumos esenciales sin regulación del Estado”.
Los datos en los que ancla la decisión gubernamental son claros. El Índice de precios del el Indec, da cuenta de que durante el semestre inicial de este año, el precio de los medicamentos ambulatorios fue aumentado en un promedio del 28,6 por ciento, mientras que la inflación correspondiente a ese período, fue del 25,3.
Como se ve, en un escenario de inflación elevada, el precio de un producto que define vida o muerte, fue aumentado por encima del promedio general.
Ante a esto y pese a que aún no se conocen las características puntuales de lo que piensa hacer el Gobierno, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) salió con los tapones de punta a cruzar los dichos de Feletti.
Desde esa corporación que reúne a las empresas que actúan en el sector, advierten que la actividad que desarrollan ya está “hiper regulada”. Aunque este postulado es cuestionable ¿qué habrá pasado cuando desde La Rosada le encendieron la luz verde a la desregulación?
Al promediar 2018, un relevamiento de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), sobre los precios netos de venta de remedios a consumidor final -correspondiente a más de 120 drogas-, revelaba que desde diciembre de 2015, se había registrado un incremento del 129,5, lo que representaba una suba de 22 puntos porcentuales superior que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Este informe también detectó que ese escenario, favoreció un importante incremento en la facturación de los laboratorios.
La idea de Feletti de abordar esta situación con un esquema similar a la resolución 1050, nada tiene de antojadiza. Es que, también en este rubro, el esquema oligopólico que prevalece, acaba volviendo insuficiente a cualquier estrategia estatal que pretenda paliar el peso concreto que la compra de los medicamentos tiene sobre salarios de trabajadores activos y jubilados.
Un informe de la corporación que nuclea a la mayoría de las empresas que actúan en la gestión privada del sistema sanitario, la Unión Argentina de Salud, reconoce que si se lo compara con lo que pasa en EE.UU., en Argentina se triplica el precio de los medicamentos que más se utilizan en relación al salario mínimo.
Y explica que si se lo compara con lo que pasaba hace doce meses, en el caso de los medicamentos de venta bajo receta, el precio se catapultó un 78 por ciento y 57,45 en el caso de los medicamentos de venta libre.
Es que se trata de un mercado absorbido por apenas una veintena de laboratorios que concentran algo así como el ochenta por ciento de la producción de medicamentos, con comportamientos cartelizados que son clave a la hora de sostener los precios al alza.
Lo paradójico es que, también en este caso, quienes desde el universo empresarial se quejan y horrorizan ante la idea de que el Estado intervenga para establecer un paréntesis en la suba de los precios de los medicamentos, no tienen la misma reacción cuando ese mismo Estado interviene metiendo dinero en sus bolsillos ya que, en Argentina, el Estado Nacional es el principal cliente que tienen los laboratorios.
Y en esto hay que recalcar que estas compras se hacen con dinero que sale de las arcas del Pami, es decir, con dinero que los que ahora son jubilados, aportaron durante toda su vida como trabajadores activos.
Flor de negocio
Mientras muchos se ven en la disyuntiva de comer o tomar los remedios que precisan para vivir, otros pocos especulan con esto para maximizar su tasa de rentabilidad hasta superar cualquier límite.
Esta semana se supo que Pfizer Inc. elevó su pronóstico de rentabilidad y espera ganar 29 mil millones de dólares de cara a 2022, y que lo hizo merced a la excelente perspectiva que presenta la venta de su vacuna contra el Covid-19.
Esta multinacional encabezó la negativa al pedido de suspensión de las patentes de vacunas y medicamentos contra el coronavirus mientras dure la pandemia, que hace varios meses hicieron, entre otros, la Organización Mundial de Salud y Médicos Sin Fronteras.
Al respecto, la semana pasada al participar en la Cumbre del G-20, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó que la distribución desigual del acceso a las vacunas, significa un impedimento para que se supere la pandemia.
Pero el negocio no es sólo para Pfizer. Durante 2020 el valor de capitalización bursátil de las 25 firmas líderes de la industria farmacéutica global se incrementó 194,360 millones de dólares gracias a la expectativa que por entonces provocaba el desarrollo de vacunas contra el Covid-19 (Ver Temporada de caza en el zoo).
Estas son las 25 corporaciones que acaparan la mitad de las ventas de fármacos y, de ellas, Merck, Bayer, Novartis, Roche, Glaxo y Pfizer poseen una cartera diversificada en actividades como biotecnológica y agroquímica, pero también se desempeñan en la industria financiera donde es difícil seguirles el rastro. Y si de industria financiera se trata, por supuesto que aquí también aparece BlackRock que es accionista privilegiado de Pfizer.
