Con algunas fortalezas y varias debilidades se lanzó la segunda etapa del Programa, en un escenario en el que el gobierno se exhibió con actores del universo del capital que no se muestran muy dispuestos a resignar ni un ápice de una tasa de rentabilidad que es evidentemente excesiva.
Pese a que está llevando a cabo una tarea seria en materia macroeconómica con la que pretende establecer un correlato en la economía doméstica, el paso a paso que se propuso el ministerio presidido por Sergio Massa para administrar su programa de desaceleración inflacionaria, sufrió un duro golpe en enero que amenaza con extenderse durante este mes.
Es que después de pasar de forma aceptable el desafío que planteaba la clásica aceleración de precios que se produce en diciembre, con el comienzo de 2023 volvió a quedar en claro que por más buena voluntad que le ponga, el Gobierno lejos está de poder controlar todas las herramientas ni los precios de la economía y, menos aún, a los diferentes actores que deliberada o inercialmente inciden en la suba de los precios minoristas.
En este contexto, lo cierto es que el Programa Precios Justos (PPJ) muestra algunas fortalezas y varias debilidades, y que los principales socios que la cartera de Economía eligió para su puesta en marcha, exhiben conductas sumamente reprochables. Por eso, como en un complejo rompecabezas, el Gobierno tiene que garantizar que cada parte de la intrincada cadena de valor que acaba en el precio de góndola, no sólo cumpla con lo que acordó, sino que evite boicotear el Programa. Y, en esto, como dijo Michael Corleone, “nada es personal, sólo es negocio”.
Así las cosas y con el dato fresco de que en enero los precios del rubro Alimentos y Bebidas aumentaron 5,3 por ciento, lo que convierte a la del primer mes del año en la inflación promedio más alta en diez semanas, el ministro Massa presentó el viernes pasado la segunda etapa de PPJ que amplía el programa hasta junio con una pauta promedio de aumento mensual de 3,2 por ciento para 49.832 productos que son elaborados por 482 empresas.
Junto a los rubros alimenticios, vuelven a aparecer los acuerdos que rigen durante este mes sobre insumos industriales e indumentaria, así como el que continúa vigente hasta el 30 de abril por calzados, en tanto que se suman productos de la canasta escolar.
En lo inherente a la ampliación de la oferta del Programa, se destacan los sectores indumentaria, construcción, calzado deportivo, hogar, teléfonos móviles, pequeños electrodomésticos, canasta escolar y educación, bicicletas, medicamentos, insumos industriales, textiles, motos y venta por catálogo.
Queda claro que para un gobierno que, por condicionamientos externos y propia impericia se vio obligado a tachar La Doble, en el inicio del año de las Presidenciales, la meta de un IPC que comience con el número tres para abril, es algo más que un de desafío de gestión. Y lo es para el gobierno, pero también para las aspiraciones de Massa que sabe que si lo logra, es número puesto para la candidatura presidencial, al menos, para buena parte del armado que hegemoniza el FdeT. Pero también tiene claro que un escenario de ese tipo, subiría considerablemente sus propias acciones aún si en diciembre La Rosada cambiara de signo político, lo que podría propiciar un barajar y dar de nuevo en una parte del esquema de representación política vigente.
Cualquiera de estos escenarios están atados a lo que hagan los integrantes de un universo disperso y diverso, que tiene un factor común en dos cosas: una voracidad excesiva por la maximización de su tasa de rentabilidad y el reclamo -abierto o solapado- de una megadevaluación que licúe sus deudas en pesos y sobrevalúe todavía más las posiciones en dólares en las que vienen avanzando desde hace varios años.
Algunas de las caras visibles de esos actores estuvieron en la cita del CCK el viernes, cuando se presento la segunda etapa de Precios Justos. Y si para muestra alcanza con un botón, basta con mencionar a Daniel Funes de Rioja que es el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos, una corporación de empresas que integran buena parte de las firmas que retacean la entrega de productos incluidos en PPJ, justamente a las cadenas que forman parte del acuerdo, pero que siguen abasteciendo normalmente a aquellas bocas de expendio donde las cosas se consiguen con facilidad, pero más caras.
También anduvo por ahí Lucía Urquía, que es la hija de Roberto, que es el dueño de Aceitera General Deheza, firma que pisa fuerte en el agronegocio y que la semana pasada fue denunciada públicamente por Víctor Fera, el dueño de Marolio, porque al parecer no le estaba suministrando materia prima, algo que sí hacía con otras embotelladoras cuyas marcas no están en PPJ.
Y, otro presente, fue Francisco De Narváez, ex socio político de Massa que al culminar el acto en que en noviembre de 2022 presentó PPJ, se apresuró a ir a abrazar al ministro de Economía. De Narváez también es dueño de Chango Más, que es la cadena de supermercados que, desde entonces, registra más denuncias por incumplimientos en la aplicación del Programa.
Así las cosas va quedando en videncia que el gobierno le habla a un universo altamente identificado con la financierización y, por lo tanto, con el cortoplacismo. Pero también que, una vez más, se pone en superficie que la puja distributiva no es otra cosa que un episodio de la lucha de clases, en el que las reglas del juego las está estableciendo un universo del capital donde se verifica una fuerte preeminencia oligopólica en un rubro clave como el de la producción y comercialización de alimentos, donde 65 empresas y seis cadenas de supermercados concentran alrededor del ochenta por ciento de la facturación.
De esto va lo de los formadores de precios y aquello de las corporaciones empresariales que, por medio de una estrategia de integración vertical y horizontal, construyen una posición dominante que les permite poner el precio de lo que comemos todos los días, pero también ejercer lobby para evitar que se desacople el precio exterior e interior de los alimentos, subfacturar y evadir, tal como quedó al desnudo en el caso paradigmático del holding Vicentin.
Así, mientras con una mano firman el acuerdo por PPJ, continúan fogoneando a una economía sombra y paralela que facilita un lucro excesivo y la maximización casi infinita de su tasa de rentabilidad, al tiempo que presiona sobre la economía real, ya que impone una dinámica alocada de salarios que persiguen a la inflación, casi siempre sin éxito, lo que entre otras cosas provoca un proceso constante de devaluación de la moneda que los favorece.
Y, en este escenario, el tiempo transcurre y juega a favor del esquema que la derecha aglutina detrás de la representación política que ejerce el bloque encabezado por Juntos por el Cambio, pero también contra un gobierno al que cada vez le queda un margen de error más ajustado, como ajustados están el bolsillo y el cinturón de los trabajadores.
