En sintonía con Javier Milei y con el gobernador Claudio Poggi, el intendente de San Luis criminaliza la protesta sindical. "Esto profundiza el fascismo que a través de ajustes y despidos intenta acallar a las voces populares que reclaman por una sociedad más justa", denunció el PC.
El Partido Comunista de San Luis, hizo público su repudio a "la criminalización de la protesta gremial" y advirtió que esta práctica "sólo contribuye a profundizar el fascismo imperante que a través de ajustes, despidos y disciplinamientos judiciales intenta acallar a las voces populares que reclaman por una sociedad más justa".
Lo hizo a la hora de fijar postura sobre la medida que dispuso el juez de Garantía, Juan Manuel Montiveros Chada, quien le impuso al secretario de la seccional provincial de ATE, Fernando Gatica, una orden de restricción de trescientos metros para evitar que se acerque al intendente de la ciudad capital, Gastón Hissa.
La restricción que también incluye a otros integrantes de ATE como Florencia Mendoza y Walter Barroso, fue adoptada después de que los representantes de los trabajadores ingresaran al Palacio Municipal, en medio de una protesta contra los despidos que viene perpetrado el jefe comunal que pertenece al esquema político que lidera el gobernador Claudio Poggi.
En este sentido, el PC puntano recordó la alineación que ambos tienen respecto al gobierno nacional y sin dudarlo advirtió que este caso "señala lo que están dispuestos a hacerle a todos quienes se atrevan a enfrentar la práctica cruel de la política saqueadora que representan". Y remarcó que "la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema americano garantiza en la Declaración Interamericana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos".
Por otra parte, hizo hincapié en que desde que asumió como intendente, Hissa dejó en la calle a más de 280 trabajadores "con las consecuencias de hambre, desesperación y miseria que este Estado ajustador lleva adelante". Y recordó que "el único gremio que ha interpretado el clamor de su pueblo es ATE San Luis y por ello, como primera medida, el intendente pidió a esta justicia obediente dicte una restricción de acercamiento".
Porque, lamentó el PC provincial, "en lugar de acercarse a quienes interpretan las necesidades de los puntanos, Hissa no tuvo mejor idea que violentar a los gremialistas con una orden judicial que además se acaba de renovar", en un hecho que "roza lo ridículo y exhibe su divorcio con las clases populares", para lo que se vale de "una justicia obediente que formula cargos por 'daños contra bienes del Estado resistencia a la autoridad y amenazas', sólo porque los trabajadores reclaman diálogo".
Y todo esto sucede, tal como lo denuncia el PC, en momentos en los que "el municipio continua recortando derechos", por lo que ATE San Luis "se organiza para asistir al pueblo ante el hambre que crece de manera inaudita en una provincia que puede darse el lujo de ejercitar la bicicleta financiera con el salario de los puntanos".
