Luego de un atentado contra un supermercado cercano a la familia de Lionel Messi, en Rosario, con extremo oportunismo la derecha busca instalar en la agenda pública la problemática del narcotráfico. El propósito es “hacer de la violencia un modo de hacer política en un año electoral”, dijo Champa Galiotti, del PC rosarino.
La escalada mafiosa del narcotráfico en Rosario alcanzó repercusión internacional luego del ataque perpetrado la semana pasada contra un supermercado local, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Para la ocasión, con el oportunismo de siempre, la derecha montó un show con el imprescindible apoyo de los medios de comunicación, que de algún modo adelanta el tono que se le intentará dar a la campaña presidencial este año. Al respecto, Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario, señaló que “la derecha actúa con oportunismo sobre una problemática que efectivamente se expande en la ciudad y en la provincia”.
Mientras la massmedia y la derecha se proponen instalar en la escena nacional una mirada sumamente sesgada sobre la cuestión y que carga las tintas contra el gobierno nacional del Frente de Todos, otros acontecimientos vinculados a la misma problemática son invisibilizados. Por ejemplo, Galiotti indicó que “antes de la balacera contra el supermercado de la familia Rocuzzo se detuvo a una mujer policía que trabajaba en una banda de sicarios, liderada por su hijo, de la que se sospecha que cometió al menos cincuenta asesinatos”.
En efecto, según el dirigente del PC “la matriz impuesta en Rosario pretende ser exportada a todo el país” ¿De qué matriz se trata? De “una matriz mafiosa asentada en los negocios del contrabando y el lavado y que incorporó en los últimos años a las mafias del narcotráfico”. En ese sentido, remarcó que “lo que ocurre en la zona de Rosario y Gran Rosario, es un acelerado proceso de colonización por parte del poder económico que incorporó a las mafias del narcotráfico en su modelo de negocios”.
Y explicó que, “para ello, los grupos económicos como Vicentín, cuentan con el beneplácito de un sector del Poder Judicial y con el apoyo logístico de las fuerzas de seguridad como la policía, la Prefectura y la Gendarmería”, como así también “con la complicidad o complacencia de la derecha política”.
La medición de Vicentín no es caprichosa. Al respecto, Galiotti explicó que “la droga ingresa y sale, fundamentalmente, por los puertos de Rosario”. Por eso, “recuperar la Hidrovía es una política estratégica de primer orden para desarticular el narcotráfico,” dado que por el Río Paraná es por donde llega la materia prima de la cocaína y por donde los laboratorios la exportan al resto del mundo.
En esa dirección, hizo hincapié en que pese a lo que se denuncia en los grandes medios, “el negocio del narcotráfico nunca fue el mercado interno, sino que está orientado a la exportación”. Esto quedó demostrado, argumentó, el año pasado cuando se encontró en un galpón en un barrio de Rosario mil seiscientos kilos de cocaína que iban a ser enviados a Catar desde los puertos de Vicentín. Al mes siguiente se encontró en España un cargamento de una tonelada y media de cocaína que había partido desde el puerto rosarino de Vicentín. “No casualmente -explicó- las cargas de los cargamentos eran coincidentes, hay un patrón que indica un proceso muy organizado”.
Decisión acertada, política errada
Por estas circunstancias es que el dirigente comunista celebró la decisión del presidente, Alberto Fernández, quien anunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el llamado a licitación para, finalmente, construir el Canal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires.
Galiotti enfatizó, por ejemplo, que “el Canal de Magdalena es necesario para sostener la soberanía alimentaria”, ya que si bien “el dragado del canal no puede equipararse a las necesidades requeridas para que transiten buques de gran porte”, luego de su construcción “podrán transitar buques medianos y pequeños” que, no obstante, provocarán un fuerte impacto positivo en los costos de transporte, contribuyendo a su reducción.
Para calibrar la importancia de la obra sobre el costo del transporte, explicó que un tren, por ejemplo, lleva veinte veces lo que puede transportar un camión. Pero un buque transporta veinte veces lo que puede trasladar un tren. La diferencia es exponencial en lo que respecta a la capacidad del transporte, con la importante ventaja además de que permitirán conectar directamente el tránsito fluvial y el marítimo hacia los puertos argentinos en la costa atlántica.
Por estos motivos es que también “el Canal de Magdalena podría contribuir a reducir la restricción externa, pero para ello habría que recuperar el control del comercio exterior y para eso se necesita decisión política”. Y, al respecto, recordó que “el año pasado en los puertos del rosafe las empresas privadas facturaron, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, 42.300 millones de dólares”. Y exclamó: “la pelea es por ver quién administra esos dólares, si las empresas o el Estado”.
Para ganar la batalla, consideró, “hay que desarticular el Estado neoliberal”. En 1992 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado se disolvieron las empresas marítimas y portuarias, que pasaron a ser oficinas de control. Sobre la reforma del Estado se consolidó el poder económico de las empresas multinacionales.
Sin embargo, “en la actualidad Argentina cuenta con la capacidad técnica y operativa para conformar una empresa nacional que asuma las tareas de dragado y balizamiento”, dijo el dirigente del PC de Rosario y añadió que no se trata sólo de una expresión de deseo. En efecto, las empresas que explotan el sector lo hacen gracias a la capacidad y la infraestructura del Estado, por eso lamentó que el anuncio del presidente no haya contemplado la conformación de una empresa del Estado para llevar a cabo la construcción del Canal.
Sucede que, tal como lo hacía la empresa belga que administraba Hidrovía SA, “las empresas privadas que ganen la licitación van a tener que contratar los buques de dragado argentino y a trabajadores altamente calificados, también argentinos”. Por eso, la decisión de licitar la construcción resulta un despropósito, ya que “las empresas no ponen infraestructura ni capital, todo lo pone el Estado y el sector privado se llevan ganancias netas”.