El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor de la postura de Joseph Lewis respecto al acceso a Lago Escondido.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) es una de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que hicieron público su “más profundo repudio” a la sentencia dictada el jueves pasado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), que revocó los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del juez en primera instancia que ordenaban garantizar el acceso público al Lago Escondido por medio del camino del Tacuifí.
La decisión del STJ marca un hito importante en una discusión política y jurídica que se viene llevando a cabo desde hace casi dos décadas. Y, al respecto, el abogado Ernesto Montecino que es apoderado legal de la ex diputada Magdalena Odarda, anticipó que trabaja en el recurso extraordinario federal para impugnar el fallo que protege la postura del magnate inglés Joseph Lewis.
A partir de esta decisión judicial, el único camino público habilitado es aquel que va por el sendero de montaña que tiene un recorrido de alrededor de 33 kilómetros, muchos más que los del camino vecinal por Tacuifí que no cruza por las propiedades de Lewis. Y, así, el STJ le asesta un golpe a la posición que desde hace muchos años vienen sosteniendo organizaciones sociales, políticas y sindicales que pugnan por el acceso público al Lago Escondido.
Con este telón de fondo, la Ladh junto a otras organizaciones, recordó que Lewis magnate está acusado de “corrupción corporativa” por su participación en el tráfico de información considerada confidencial en EE.UU. y que pagó trescientos millones de dólares para no quedar preso mientras se sustancia el proceso en su contra. “Y ahora también en Inglaterra se le originan causas judiciales en relación al club de fútbol Tottenham, de su propiedad”, al tiempo que “la justicia norteamericana lo considera un delincuente y acá es tratado como un señor”.
Asimismo, resaltó que el STJ “perjudica claramente nuestra soberanía nacional y fortalece intereses de monopolios imperialistas, como expresa Lewis, en zona de frontera violando la ley 26.737, que prohíbe expresamente la posesión de tierras por extranjeros en zona de frontera”, así como en zonas “que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanente”.
