En esta columna, el secretario Sindical del Partido Comunista, Mario Alderete, analiza la situación y perspectivas regionales.
Hasta la década de 1980, el FMI tenía una relación de muy poca significación con América Latina; pero, a partir de ese momento, lamentablemente la región conoció bien a esta institución, en particular cuando México declaró su imposibilidad de pagar la deuda externa que había contraído. A México le siguieron los otros países y entonces la banca transnacional acudió al FMI, que se convirtió desde ese momento en un intermediario con gobiernos y aseguró así el pago de los préstamos siempre que se cumpliera con estrictos programas de ajuste especificados en las famosas “Cartas de intención”.
En esencia, tales Cartas introdujeron el neoliberalismo globalizado en América Latina, en una era de “aperturismo” iniciada por el presidente norteamericano Ronald Reagan (1981-1989) y que a la vez se aprovechaba de un nuevo momento signado por el derrumbe del bloque socialista.
En virtud de los compromisos contraídos con el FMI, los países latinoamericanos fueron obligados a liberar mercados internos y externos, suprimir controles de precios de productos básicos, liberar tipos de cambio, elevar las tarifas de los servicios públicos, suprimir subsidios, disminuir y eliminar impuestos que molestaran a las grandes empresas, achicar el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales, privatizar empresas estatales, flexibilizar y reformular las relaciones laborales terminando con los sistemas estatales de previsión social, de salud y de educación
Este recetario quedó expresado en el “Consenso de Washington” y su aplicación en América Latina fue la causante del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, la concentración de la riqueza, la pérdida de derechos laborales y la ruina de las pensiones y jubilaciones junto al derrumbe de los servicios públicos y el auge de la corrupción privada y pública.
El oprobioso ciclo neoliberal fue cortado por el de los gobiernos progresistas que adoptaron otros modelos de desarrollo y de políticas económicas y sociales sin radicalizar, lamentablemente, medidas de carácter estructural.
En lo que respecta a nuestro país, la gravedad de la crisis provocada por los gobiernos que actuaron en consonancia con las recetas del FMI alcanzó su máximo nivel en los años 2001/2002 y en la actualidad, con la entronización de la alianza Cambiemos encabezada por Macri, se lanzaron nuevamente las imposiciones fondomonetaristas actualizadas en correspondencia con la profundización de la crisis mundial capitalista de carácter civilizatorio.
En que se basan esas imposiciones: particularmente en la destrucción del aparato productivo, la primarización de la economía, el endeudamiento externo, el exterminio de la soberanía estatal y el empobrecimiento de los sectores sociales bajos y medios aboliendo derechos y conquistas establecidos en los sistemas laborales y previsionales. Las estrategias del gobierno, de acuerdo con aquellas directivas del FMI y cámaras empresariales pretenden avanzar sobre tres ejes que consideran fundamentales a fin de asegurar “el desarrollo económico, las inversiones y la apertura al mundo desarrollado”. Esos ejes, que garantizarían el tan mentado “desarrollo” bajando “costos”, asegurarían la competitividad, todo en beneficio no del país sino del capital financiero altamente concentrado. Se trata de: a) Reforma Laboral; b) liquidación del sistema estatal de Jubilaciones y Seguridad Social y c) Profunda Reforma Impositiva.
En cuanto a la Reforma Laboral los aspectos más sobresalientes podemos sintetizarlos así:
1) Liquidación de los convenios colectivos y las relaciones laborales comenzarán a pactarse en forma individual o por empresa. De esta manera los contratos privados pasan a ser más importantes que los convenios por rama de actividad.
2) Así podrán cambiarse la duración de la jornada laboral, el salario, las pausas de descanso, las vacaciones pagas, entre otros beneficios. Se alarga la edad para acogerse a la jubilación.
3) Se incorpora el concepto de “jornada intermitente” para que el trabajador cobre por hora y no por mes o quincenalmente. Amplía, favorece y estimula la posibilidad de tercerizar tareas, crea condiciones para extender el horario de labor y cambia condiciones de descanso
4) Flexibiliza las condiciones de despido, se rebajan las indemnizaciones y se establecen nuevas normas para los juicios laborales para terminar, según dicen sin sonrojarse, con la “mafia” que vive de tales juicios.
Como podrá comprobarse este tipo de Reforma es un golpe durísimo a los derechos y conquistas de los trabajadores consagrados en leyes y convenios vigentes y también a su organización sindical como representante de sus intereses. Lo concreto es que hasta ahora y sin aprobación del proyecto de ley correspondiente se están aplicando aspectos esenciales de ese plan por sectores y por gremios, como ocurrió con el convenio celebrado con el Sindicato de Petroleros Privados para la explotación de los yacimientos de “Vaca Muerta” y también con los Textiles, Calzado y la Construcción.
A renglón seguido, para disfrazar aún más la situación, presentan al plan como un intento de llevar justicia a los trabajadores víctimas de la informalidad, (terminar con la “injusticia del trabajo en negro”, dicen) y para ello sugieren registrarlos como monotributistas en tanto liberan a los patrones de saldar las deudas impagas que no ingresaron al sistema previsional.
Lo que resulta más lamentable es que los propósitos que guían al poder neoliberal representado por Macri y Cía. no hayan sido rechazados y a veces hasta compartidos por algunos dirigentes de la CGT, ya que estos nefastos personajes pretenden regular el conflicto instaurando un “diálogo social” el cual está basado particularmente en el principio de la conciliación de clases. Así lo vemos no solo en la negativa a marchar por un camino de construcción de unidad y fortalecimiento de la organización, sino también en su cerrada oposición –que podría ser vencida en estos días- a resolver un paro general como el del 30 de abril concebido como inicio de un plan generalizado y progresivo de lucha, continuador de las movilizaciones parciales que se han dado y se dan en todo el país
En cuanto a la Reforma al sistema Previsional que aprobó el Congreso Nacional a propuesta del gobierno "ceocrático” de Macri, contrariando las exigencias del pueblo y los trabajadores, así como está solo se propone perpetrar un robo a los jubilados y pensionados, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a los Veteranos de Malvinas y a los discapacitados, pisotear sus derechos, engañar con supuestos “bonos” de carácter humillante e incrementar las ganancias de las empresas multinacionales favoreciéndolas con la reducción de impuestos. El fin posterior que se propone el Gobierno con leyes de este tipo es el desfinanciamiento de la Anses, particularmente intentan terminar con el Fondo de Garantía Sustentable (FGS) y utilizar sus fondos para pagar parte de la inmensa deuda contraída, la liquidación del Sistema estatal de Reparto y la vuelta a la vigencia de las tristemente recordadas AFJP puestas al servicio de empresas multinacionales. Junto a ello la elevación de la edad jubilatoria, la modificación de la fórmula de actualización del monto de las jubilaciones y pensiones ya no en función del aumento del costo de la vida y la criminal restricción en la entrega de medicamentos acompañada de la paulatina destrucción del PAMI.
Por lo tanto, entendemos que no queda otro camino más que la profundización de la lucha tratando de marchar lo más rápidamente posible a la construcción de un Centro Unificador que actúe basado en un programa mínimo de carácter reivindicativo, que planifique las acciones de paros y movilizaciones coordinando la labor de todos los organismos básicos, las regionales cegetistas y las multisectoriales que se han ido desarrollando por zonas, provincias y regiones.
La generalización del combate con intención de derrotar la ofensiva de la derecha nacional e internacional debe comenzar desde abajo, desde cada lugar, tratando de englobar a todos los trabajadores y sectores populares de la ciudad y del campo, pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales y junto con ello crear las condiciones a fin de construir una alternativa político-social que se proponga la edificación de un nuevo país soberano e independiente, socialmente más justo e igualitario, con nuevas relaciones de producción y decidido impulsor de la integración latinoamericana y caribeña.
El momento pre-electoral no debe paralizar las acciones de combate. Al contrario, desde la lucha desarrollada en principio sobre la base de la unidad en la acción, se deben crear condiciones óptimas, objetivas y subjetivas, que permitan a los trabajadores y a amplios sectores populares derrotar electoralmente al macrismo, sus aliados y sus mandantes, echando las bases que cimienten el verdadero cambio que necesita nuestra querida Patria, cuyo horizonte no debe estar limitado por la propuestas de carácter reformista o “progresista” ya que la profundización de la crisis capitalista y la pretensión del imperialismo de liquidar a los Estados Nacionales e imponer un nuevo colonialismo, obliga a la radicalización de medidas de carácter estructural con profundas modificaciones productivas, comerciales, industriales y financieras, de tal modo que haya una verdadera distribución de la riqueza y no solo una más equitativa distribución del ingreso. Ello obliga a precisar las consignas y objetivos de carácter estratégico por cuanto resulta necesario, en una época de cambios profundos, un Estado que actuando al servicio de los intereses nacionales y populares, sea capaz de meter la mano en el bolsillo de los poderosos impidiendo que se roben la riqueza, tal como ocurre en todo lugar sometido a los designios del capitalismo financiero. Para esto resultará fundamental ejecutar la nacionalización de todas las empresas estratégicas, la banca, la propiedad extensiva de la tierra y el comercio exterior.
Este escenario debe motivar aún más la actividad de los y las comunistas contribuyendo a la formación en cada lugar de las multisectoriales con decisiva participación de la clase obrera nucleada en cada empresa de concentración, en cada zona o territorio, en todo lugar donde viven los y las trabajadoras y sus respectivas familias, unificados en principio bajo las consignas que hoy son motivo de justo reclamo por parte de todos los sectores populares, es decir:
¡CONTRA LA DESOCUPACION, LOS TARIFAZOS, EL HAMBRE Y LA REPRESION Y POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS!
