Habitantes de la localidad misionera de Colonia Pepirí, denuncian que desde la empresa Puerto Laharrague SA y la policía provincial los hostigan para que abandonen el lugar donde viven.
“Las empresas y sus terratenientes están desalojando a las familias, mientras que el gobierno provincial mira para otro lado”, señaló Nelson Galeano, militante del PC y del MTL de Eldorado, Misiones, y alertó que “es algo que ha sucedido en varias zonas de la provincia”.
Un ejemplo de esto aparece en la localidad de Colonia Pepirí, ubicada cerca de la ciudad de El Soberbio, donde un grupo de familias campesinas denunció que son presionadas por la empresa Puerto Laharrague SA, para que abandone las tierras en donde viven.
Estas familias viven ahí desde hace más de hace sesenta años. Originalmente eran casi medio centenar, pero “el hostigamiento fue tan violento que hoy solo quedan un poco más de ocho familias que se saben dueñas de las tierras de la colonia donde sostienen la Escuela de Frontera 618, viven y producen en comunidad”.
Esta situación se profundizó durante los últimos meses, cuando los integrantes de la comunidad sufrieron amenazas y agresiones por parte de efectivos policiales, que les advirtieron que debían abandonar el lugar.
Pero este caso es apenas la punta de un iceberg de un problema mucho más extendido en toda la zona donde terratenientes y empresarios ligados a las pasteras de celulosa, presionan y desalojan a moradores de localidades como Comandante Andresito, Garupá y La Candelaria.
Como en los otros casos, los integrantes de Colonia Pepirí sólo reclaman, sin éxito, que la Provincia les entregue los títulos de propiedad de las tierras que habitan.
Así las cosas, Galeano hizo hincapié en que las organizaciones sociales de la provincia “han evitado muchos otros desalojos” y alertó que “los empresarios no cumplen con la ley que prohíbe los desalojos, más en este caso cuando no hay motivo”.
A su vez, también destacó la solidaridad que hubo por parte de muchas familias con las personas damnificadas y, en esta línea, que una de las razones por las que desalojan es “hay personas al no poder trabajar por la pandemia no han podido pagar la renta de la tierra”. Y, ante esto, exigió que el gobierno provincial intervenga “porque no se cumple la ley”.
