"Dicen querer más libertad, pero sus proyectos de ley significan más cárcel y represión", denunció La Fede y recordó que el principal argumento que se utiliza para esta nueva escalada punitivista, "es que la delincuencia juvenil está en aumento" pero "esto no se ve reflejado en los datos oficiales".
“Tenés 13 años: si las hacés, las pagás”, escribió Patricia Bullrich en un posteo que recientemente hizo en redes sociales para defender el proyecto que envió al Congreso, que si prospera va a establecer un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre trece y dieciocho años, algo que desató la reacción contraria de diferentes actores sociales en un arco amplio que va desde la Conferencia Episcopal Argentina hasta el Partido Comunista y La Fede.
“Bajo el liderazgo del Presidente @JMilei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará sus consecuencias”, amenazó la ministra de Seguridad al intentar argumentar en favor de la iniciativa que se postula en un escenario en el que un relevamiento realizado por Unicef, da cuenta de que a raíz de la horrible situación económica y social que profundiza la Presidencia Milei, un millón de pibes se van dormir sin cenar, al tiempo que por el mismo motivo 1,5 millones se ve obligado a saltear alguna comida durante el día.
Pero mientras el actual gobierno continúa ajustando salarios, destruyendo trabajo y sin entregar los alimentos que retiene Capital Humano y que servirían para paliar esta terrible situación, la cartera a cargo de Bullrich acaba de gastar doce millones de dólares en la adquisición de pistolas, escopetas y camionetas destinadas al aparato represivo federal. Y este es un dato clave, ya que se trata de elementos cuyas características los vuelven aptos para la represión de movilizaciones, pero no para actuar contra la delincuencia.
Y todo esto sin ningún tipo de control, ya que son compras que se hicieron por contratación directa, con lo que se eluden los mecanismos de contralor técnico de precios que se establece en organismos públicos para adquisiciones de tal volumen. Y si de eludir controles va la cosa, ahí están los cien mil millones destinados a gastos reservados y secretos de la Side, que el Gobierno asignó por medio de un DNU.
"Dicen querer más libertad, pero sus proyectos de ley significan más cárcel y represión", denunció con este telón de fondo La Fede de Buenos Aires y recordó que el principal argumento que se utiliza para esta nueva escalada punitivista, "es que la delincuencia juvenil está en aumento desde hace varios años" pero, advierte, "este planteo no se ve reflejado en los datos oficiales".
Y, en este sentido, la FJC recuerda que si se toman los datos de 2022, en Ciudad de Buenos Aires se registraron 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. "Del total de victimarios, sólo uno fue menor de dieciséis años, mientras que apenas seis tenían entre dieciséis y diecisiete años, es decir que eran menores de edad punibles", algo que representa apenas un seis por ciento del total.
Por otro lado, "la mayoría de los casos de delitos cometidos por menores, corresponden a delitos contra la propiedad y no contra la persona" y añade que "una persona que se ve en la necesidad de tomar un paquete de galletitas porque no tiene nada para comer o porque tiene que alimentar a su familia, no puede ser perseguida por el Estado", tras lo que recalca que este tipo de casos representa "un síntoma de la falta de políticas públicas para contener a las personas que sufren de extrema pobreza".
Así las cosas, la FJC hace hincapié en que este proyecto que impulsa Patricia Bullrich, "es una continuación del deseo enfermizo del gobierno nacional de volver al año 1800", ya que "busca negar la adolescencia y la infancia" y remarca que tal como en esa época se hacía trabajar a los niños "hoy se quiere encarcelarlos como se hace con cualquier adulto que incumpla una norma o se enfrente al gobierno".
Y, asimismo, sostiene que "en la realidad argentina las cárceles no sirven para reeducar o reinsertar a las personas en la sociedad", ya que "sólo potencian el aislamiento de las personas en la sociedad, con todo el peso y estigmatización que implica el hecho de ser detenido". Y, por todo esto, "decimos no a la baja de la imputabilidad y no a la criminalización de la juventud".
