Así lo sostuvo el secretario Sindical del Partido Comunista, Mario Alderete, al salir al cruce del Decálogo Milei y, sobre todo, de los puntos referidos al universo del trabajo.
En el núcleo del decálogo presentado el viernes por Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, se presenta un abierto y frontal ataque a los trabajadores y la inocultable decisión de conculcar derechos que fueron adquiridos durante más de cien años de lucha.
Esta voluntad ya aparecía en el frustrado proyecto de Ley Ómnibus y en el DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo que lo declaró inconstitucional, por lo que al menos por ahora no está vigente. Y es ante este peligro que la militancia del Partido Comunista se movilizó hasta las inmediaciones del Congreso Nacional durante la tarde del viernes para repudiar estos intentos gubernamentales.
El Decálogo Milei es explícito y habla de “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal” (Ver El Pacto del 25 ¿viene asomando?), así como sobre “una reforma previsional”. Esto fue apuntalado en su discurso ante la Asamblea Legislativa, por un nuevo ataque a las organizaciones sindicales que el mandatario explicitó con cuando volvió a insistir con que se debe sancionar a los trabajadores que hagan uso del derecho constitucional a la huelga.
Todo esto corrobora con total claridad la decisión de la Presidencia Milei de apuntar a la cabeza del universo del trabajo. “El intento de terminar con los convenios colectivos de trabajo afecta, en primer lugar, al salario fectivo de los trabajadores” puntualizó el secretario Sindical del PC, Mario Alderete, y explicó que “una cosa es instalar una lucha por mejores salarios en conjunto y otra es hacerlo de forma aislada por cada gremio”.
Y, al respecto, recordó que lo que se busca es permitir que el universo del capital cuente con un marco legal que le permita eludir la intervención y fortaleza que brinda a los
trabajadores la participación de las organizaciones sindicales, cuyo papel está reconocido por la Ley de Asociaciones Profesionales.
Por otra parte, Alderete fustigó el intento de imponer sanciones a los trabajadores estatales que realicen medidas de fuerza, tal como lo propuso Milei. “Esta amenaza busca
hacer desistir a los trabajadores del derecho que tienen al paro, a través de la coerción y el miedo”, dijo y fue claro al hacer hincapié con que esto también forma parte del
intento de destrozar la unidad de cada sindicato y del movimiento obrero”.
Pero asimismo “buscan construir lazos de colaboracionismo que algunos pseudo dirigentes que puedan ser cooptados y convertirse en una herramienta útil para los intentos del gobierno”, sobre todo, en un contexto en el que “crece la lucha por diversas reivindicaciones y la cada vez mayor pobreza e inestabilidad laboral, lo que incluye la destrucción del actual sistema previsional”.
De ahí que “van abiertamente a la confrontación para imponer normas que engorden a los intereses concentrados que cada vez obtienen mas ganancias, en tanto y en cuanto el Estado sin respetar su soberanía está entregando parte de las riquezas de todos los argentinos”.
Con este telón de fondo, mientras se suceden paros y otros tipo de medidas de fuerza sectoriales, no son pocas las voces que se alzan para reclamar que las tres centrales obreras acuerden un plan de lucha, que se convierta en una hoja de ruta que salga a exigir que la oposición en el Congreso cierre del camino al DNU 70/2023 y que los
gobernadores hagan lo propio con el Decálogo Milei.
Una de ellas es precisamente la de Alderete, quien fue contundente cuando recalcó que “es hora de un plan de lucha que ya tendría que estar elaborado”. Y en este sentido, advirtió que si eso no ocurrió hasta ahora, “no fue sólo porque hay diferencias en cuanto a la fecha de convocatoria a un paro nacional, sino que las hay sobre la estructuración de un plan de lucha común que debe incluir a la CGT y las dos CTA, para que desde esa unidad de los trabajadores, se pueda marchar a la unidad con los
movimiento sociales”.