Una decisión judicial le ordena al Ministerio de Justicia que “deje de reducir recursos humanos e infraestructura institucional” de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia.
Por una decisión del juez Enrique Alonso Regueira, quien está a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, el Ministerio de Justicia debe abstenerse de “reducir recursos humanos e infraestructura institucional” de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). De este modo el magistrado respondió favorablemente al pedido de una medida cautelar presentada por diferentes organizaciones, por medio de la que también se requirió que se renueven todos los contratos del área vencidos al 30 de junio de 2024.
La medida ordenada por el juez Alonso Regueira se extiende “hasta tanto el Ejecutivo asegure y dé certezas sobre cómo cumplirá las leyes vigentes y compromisos internacionales en materia de violencias”, algo que es sumamente improbable si se tiene en cuenta el terrible ataque que la Presidencia Milei perpetra justamente contra esta área y si para muestra alcanza con un botón, basta con puntualizar que el veinticinco por ciento de los recortes que aplicó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que preside Federico Sturzenegger fue sobre áreas de género y diversidad.
La decisión judicial es provisoria pero alerta sobre una situación que se profundizó drásticamente durante el último año. “El feroz ajuste que imprimen a todo lo estatal favoreciendo siempre al sector privado, se ensaña todavía más con todo lo que tiene que ver con políticas de género y diversidad”, advirtió desde la Comisión de Géneros del Partido Comunista, Bárbara Palumbo, y recordó que “desde el vamos Milei llevó a cabo una medida que tiene un fuerte contenido simbólico como fue sacar el Ministerio de la Mujer a lo que siguió con la reducción del presupuesto y los despidos masivos de personal”.
Pero también sostuvo que esto impacta en los gobiernos provinciales y municipales, ya que no pocos “aceptan hacer los deberes que manda Milei y, entonces, en todos los espacios de acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género, vemos que hay una consecuencia grave que se verifica en la merma en la atención y falta de acompañamiento”.
Porque tal como insistido Bárbara Palumbo, la existencia de la cartera nacional de Mujeres y Géneros, “había sido un logro” aunque, recordó, “siempre estuvimos reclamando mayor presupuesto y que se mejoren sus estructuras porque no alcanzaban”. De hecho no hace mucho se conocieron las cifras de los femicidios de 2024 y de acuerdo al relevamiento que hizo el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, fueron 267 los que se perpetraron durante el año que acaba de terminar.
Al respeto, tras recordar que hasta diciembre de 2023 el gobierno “tenía una postura respecto a esta cuestión que marcaba una mayor perspectiva de género”, lamentó que desde entonces “está todo suspendido y por la falta de financiamiento las mujeres que tramitan la ayuda, no pueden cobrar con la rapidez que este tipo de situaciones requiere, el subsidio por seis meses que permite a mujeres en estado de riesgo poder alquilar un sitio para vivir”, ya que “en esas situaciones pesa no poder pagar un alquiler que les permita salir del lugar, más en un momento de crecimiento de la pobreza y la indigencia que impacta mayormente entre las mujeres, tal como lo describimos cuando hablamos de la feminización de la pobreza”.
No se equivoca Bárbara Palumbo cuando denuncia el recorte que se está perpetrando, porque además de bajarle la persiana al Inadi y el Ministerio de la Mujer, el actual gobierno disminuyó letalmente las capacidades de toda la estructura estatal dispuesta para prevenir y atender problemáticas como la violencia de género y lo hizo a fuerza de despidos masivos y desfinanciamiento sistemático.
Pero también muestra de esto son los permanentes ataques que vienen sufriendo las leyes 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002 y la 27.610 que debe garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), ya que entre otras cosas la Presidencia Milei dilató injustificadamente el proceso de licitación de insumos para que se pueda aplicar la norma en centros de salud del sistema público universal y gratuito de su jurisdicción.
Por su parte no le fue mejor a otra herramienta fundamental, ya que la Línea 144 que es la que ofrece asistencia en casos de violencia de género, padeció una reducción del 28 por ciento en su ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2024, mientras que dejó en la calle al 38 por ciento de su personal en junio pasado. Por eso es que el poco personal que queda, tiene serias dificultades para poder dar abasto con todas las llamadas que recibe el sistema.
“El caso de la Línea 144 es fundamental, ya que es una herramienta excelente, porque las mujeres encontraban apoyo y asesoramiento legal y psicológico”, ya que “para poder avanzar en una denuncia es preciso que cuenten con redes de contención en un proceso que no es fácil para ninguna, porque muchas veces implica la separación de la pareja con hijos de por medio”.
Por lo que con el vaciamiento de estas áreas, “se está condenando a muchas mujeres a que permanezcan viviendo una situación de violencia, por no tener una independencia económica, una vivienda donde poder alojarse con sus hijos…desgraciadamente esa es una realidad con la cual se venía trabajando, pero para brindar autonomía, capacitación y la posibilidad de desarrollo laboral de las mujeres tiene que haber una política de Estado que sea sistemática, algo que este gobierno esta desechando”.
