Derechos Humanos

Los estatales llevan a cabo una jornada de lucha con asambleas ante cada dependencia donde la Presidencia Milei acaba de perpetrar miles de despidos. “Debemos hacer frente a la motosierra y la licuadora de este gobierno cruel”, recalcó desde la CoNaT, Fernando Canales, secretario de Prensa de la junta interna de ATE Ministerio de Salud bonaerense.

Al cierre de esta edición y en medio de amenazas por parte del gobierno nacional, los trabajadores nucleados en ATE llevaban a cabo en todo el país una jornada de lucha, para protestar contra los miles de despidos de estatales perpetrados desde que asumió la Presidencia Milei, que consiste en el ingreso simultáneo de trabajadores a los organismos públicos de donde fueron echados.

La cosa es sencilla: los trabajadores están concurriendo a los sitios donde vienen desarrollando sus actividades, porque sus despidos son ilegales. “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos por las cesantías masivas.

Se están cometiendo delitos penales”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, tras lo que aseveró que Milei “ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular”, ya que “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.

Ante esto, durante los días previos, desde el Ministerio de Seguridad se intentó amedrentar a delegados y trabajadores en general, con la amenaza de que se va a aplicar el Protocolo Bullrich, pero también desde esa cartera se hizo saber que se va a desplegar un fuerte operativo policial que incluye el vallado de las dependencias oficiales, algo que ya se estaba realizando durante los feriados del lunes y martes.

Así, son muchas las dependencias oficiales que quedaron militarizadas por un desmesurado operativo que incluye agentes de Gendarmería, Infantería, Policía Federal y Policía de la Ciudad, así como personal de agencias de seguridad.

Hasta ahora, de acuerdo al monitoreo de despidos que confecciona ATE, la cifra de trabajadores de diferentes áreas de la administración pública que el gobierno dejó en la calle en esta última oleada, asciende a más de los once mil.

Y, en este marco, se espera que al promediar la tarde de hoy, se lleve adelante un plenario federal al que van a asistir delegados de todo el país para debatir de qué forma se va a profundizar el plan de lucha en curso.

“Ya desde sus inicios, este gobierno trazó la idea de hacer de cada derecho un negocio”, lamentó desde la Corriente Nacional Agustín Tosco, Fernando Canales, quien es secretario de Prensa y Organización de la junta interna de ATE Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Y, al referirse a la ola de despidos que se lleva adelante en estos días en las diferentes áreas del Estado, recalcó que “lo hacen porque los estatales, como garantes de derechos, somos un estorbo y cuanto menos trabajadoras y trabajadores seamos, peor será la calidad del servicio que se va a brindar y por ende la imagen de las funciones protectoras del Estado irá cayendo”.

Por eso es que destacó la pertinencia del plan de lucha que viene encabezando ATE para salir al cruce de estas cesantías.

“Esta es una decisión colectiva de no retirarnos de nuestros lugares de trabajo, aún siendo despedidos”, algo que permite “interpelar a todas las personas que requieren de nuestra asistencia para contarles nuestra situaciones, es decir, interpelarlos y sensibilizarnos” ya que, alertó, “no hay que tomar a la ligera los efectos que causa la propaganda negativa lanzada por el gobierno y sus medios afines contra quienes trabajamos en el Estado”.

Pero para Canales, lo que va a expresar la jornada de hoy miércoles, debe ser sólo el inicio de un camino que necesariamente tiene que sumar a más organizaciones sindicales para enfrentar a las políticas de ajuste, despidos y vaciamiento del Estado que es impulsada desde el gobierno nacional.

“Creo que el camino trazado por ATE debe ser emulado por todos los gremios, es decir, trabajar con delegadas y delegados para construir, desde las bases, la legitimidad de cualquier medida de fuerza a tomarse”, puntualizó.

Tras lo que hizo hincapié en que “en estos tiempos donde la opinión pública está siendo cooptada por medios masivos que responden a intereses corporativos, es correcto construir medidas de fuerza que realcen nuestra labor cotidiana y exponer cuáles son los derechos que corren riesgo de perderse”.

Porque, sostuvo, “por una cuestión de costumbre no solemos darnos cuenta de cosas como, por ejemplo, la importancia que tiene el Plan Nacional de Vacunas que Nación garantiza para cubrir todo el calendario, algo que quedó en evidencia con la pandemia y que ahora se vuelve a poner sobre el tapete cuando el actual gobierno se niega a vacunar y adoptar medidas sanitarias necesarias contra el dengue”.

Y esto, resaltó, “es sólo un ejemplo de todo lo que estamos perdiendo cada día frente a la motosierra y la licuadora de este gobierno cruel”.

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A partir de mañana César Albarracín, Rubén Escobar, Patricio Finnen y Julio Casanova Ferro se van a sentar en el banquillo de los acusados para responder por los crímenes que cometieron en los Centros Clandestinos operados por la SIDE y la patota de Aníbal Gordon. Estos represores son algunos de los responsables del secuestro y desaparición de los militantes del PC Carmen Román, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez y Juan Arano. 

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La hicieron pública la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista ante las amenazas del “Gordo Dan” contra esta abogada que representa a Pablo Grillo y es una reconocida activista del “No a la baja”.

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Organismos de Derechos Humanos pidieron que Rogelio Frigerio los reciba para plantearle su “profunda preocupación” por el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad,  que viene siendo vaciado por las políticas del mandatario provincial, en sintonía con el ajuste y el negacionismo del gobierno nacional.

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“Son perversos”. Así definió Iris Pereyra de Avellaneda a la diputada Lilia Lemoine y los mileístas que se burlaron públicamente de las víctimas de los Vuelos de la Muerte. Familiares de víctimas pidieron, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, que Lemoine sea expulsada del Congreso y la denunciaron por el delito de apología del terrorismo de Estado.

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El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante  y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.

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En la continuidad de lo que fue el celebrado en Concepción del Uruguay, esta vez la cita fue en la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde organismos de Derechos Humanos de ambos márgenes del Río de la Plata, reflexionaron sobre el Plan Cóndor su impacto y vigencia.

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Dieciséis represores fueron sentenciados a cadena perpetua en el contexto de la Megacausa del Comando V del Éjercito por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “La justicia tarda en llegar y el reloj corre a favor de estos genocidas, por eso es muy importante lo de este juicio”, dijo desde el PC bahienese Guillermo Colantuono, quien sostuvo además que “para que lo de Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad plena es necesario construir una estrategia de poder popular”. Por su parte, el diario La Nueva Provincia deberá rectificar lo publicado entonces en sus páginas, cuando presentara a estas víctimas del secuestro y la desaparición como “ultimadas en enfrentamientos en la vía pública”.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en 1976 durante la última dictadura militar en La Rioja.

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“2025 fue un año de lucha en el que no tuvimos la fuerza suficiente para frenar todas las iniciativas del gobierno, pero nunca dejamos de luchar y continuaremos haciéndolo”, recalcó en la ocasión Gerardo Etcheverry, el vicepresidente de la LADH. En tanto que su presidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, destacó las condenas que en el cierre de este año obtuvieron los responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo y la resistencia contra los cierres de los sitios por la Memoria, como la que ella misma protagoniza desde la Comisión de Campo de Mayo.

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Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura. 

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Así lo recalcó la secretaria de Géneros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Analía Fonzalida, al reflexionar sobre la campaña nacional con la que Ctera pide que se lleve a juicio a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “Isauro fue el maestro que no sólo enseñó una asignatura, sino también a pensar”, definió.

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Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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Desde La Violeta en Suteba, Alba Werenchuk, hizo hincapié en la pertinencia que tiene la campaña llevada a cabo por Ctera para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

Leer más…Un verdadero militante de la Libertad

El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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“Como decimos siempre, a donde vayan los iremos a buscar, tengan la edad que tengan”, dijo desde La Violeta, Julieta Alonso, al celebrar que Ctera lleve a cabo la campaña nacional para exigir que se juzgue a los acusados del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia.

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

Leer más…Caso Medina Ortíz: cuando el Poder...

El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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Por Alexia Massholder (*) 

Lo  que aconteció esta madrugada con el brutal ataque de los EEUU a la República Bolivariana de Venezuela deja una vez más en evidencia que los discursos sobre la democracia, los DDHH, el narcotráfico y el terrorismo sólo se utilizan cuando los intereses del imperialismo así lo consideran. 

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Desde diferentes puntos del planeta se multiplican las expresiones de rechazo al feroz bombardeo estadounidense durante esta madrugada contra la República Bolivariana de Venezuela. 

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Es lo que recalcaron los organismos de Derechos Humanos de nuestro país ante “el brutal ataque del gobierno de Estados Unidos contra la soberana República Bolivariana”. También se pronunció la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas.

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Por medio de una declaración de su Secretariado Nacional exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por las fuerzas estadounidenses en un acto que constituye una violación flagrante del derecho internacional”. 

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Estos dos colectivos regionales coincidieron en denunciar la peligrosidad que tiene el ataque de hoy de Estados Unidos en Caracas y otros puntos de Venezuela.

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Desde Europa, Asia y África se multiplican las expresiones de apoyo a la Revolución Bolivariana y de repudio a los ataques de Estados Unidos contra el país sudamericano.   

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La Avenida Paulista fue el epicentro de una fuerte concentración de manifestantes que, en Brasil, se dieron cita para rechazar la agresión estadounidense contra la República Bolivariana. En el marco de las múltiples movilizaciones en la región también se movilizó en Ecuador y en las principales ciudades uruguayas.

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