Cuestión de Estado

Romper el Estado o algunas de sus herramientas, aunque más no sea en su versión liberal burguesa, tiene un costo y en este caso con la brutalidad que impone la premura, la Presidencia Milei avanza en esa tarea y a un precio que ya se puede cuantificar en términos de destrucción de puestos de trabajo en los ámbitos estatal y privado, con el consecuente drama que esto conlleva para quienes son dejados en la calle, además de la afectación de la prestación de servicios básicos que hacen la calidad de vida -y a la vida misma- del resto de la población como son los de salud, educación y seguridad entre tantos otros.

Pero también esto es cuantificable en la destrucción de buena parte del aparato productivo, así como en un realineamiento de las relaciones internacionales de Argentina, que dinamita construcciones bilaterales regionales y globales que llevó muchos años construir y sólo responde a una sumisión perruna del actual gobierno a los intereses del bloque anglosajón y del Estado de Israel.

Queda claro que por más que pontifique contra la intervención estatal, el gobierno encabezado por Milei interviene claramente cuando desregula todos los precios de la economía con la única excepción del salario.

Pero también es evidente que sea cuál sea su característica, la intervención estatal es inherente al propio Estado Liberal Burgués que en todos los casos posee un carácter simbiótico con la corporación capitalista, claro que en una de sus versiones puede dedicarse a hacer rutas que ayuden a la logística del comercio y cosas como extensión de redes de agua potable y hasta hospitales que mantengan a los trabajadores en un estado sanitario aceptable, mientras que en otras sencillamente se restringe a reforzar el aparato policial para resguardar a la clase capitalista, la maximización de su tasa de rentabilidad y, por supuesto, a la propiedad privada individual.

Y esta es una de las claves para comprender de qué va el coletazo que recibimos, acá y ahora, del actual momento de la segunda crisis de larga duración capitalista en el que por su propia dinámica, la financierización desplaza incluso a la deslocalización como expresión dominante de la época y entonces la perspectiva que se plantea como horizonte es exclusivamente la de un país convertido en poco más que una factoría.

A casi cuatro meses, la Presidencia Milei va dejando algunos datos en tal sentido que son más que elocuentes.

Significativamente con un presidente que se exhibe como una suerte de campeón del sistema capitalista, la confianza del sector privado está en un rango bajísimo, algo que se manifiesta en la caída estrepitosa de los niveles de inversión privada, que se da en un contexto de creciente recesión en el que sin la tracción de la obra pública que fue suspendida por La Rosada, finalizó el bimestre inicial del año con un retroceso de 13,3 por ciento respecto del mismo período de 2023, tal como lo sostiene un trabajo recientemente presentado por la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

Pero no sólo esto. Un informe del Centro de Economía Política, explica que durante el primer mes de Milei como presidente se perdieron 9.395 puestos de trabajo registrado dentro del sector privado, lo que tuvo su correlato en los salarios que medidos por promedio se derrumbaron un once por ciento en términos reales, lo que representa una caída que no tiene antecedentes en nuestro país.

En ambos casos se trata de indicadores que continuaron empeorando tal como lo demuestran otros a los que están asociados. Uno de ellos es el nivel salarial medido en dólares, que ya está casi en el mismo rango que presentaba cuando estalló el régimen de la convertibilidad: hace una década en Argentina este nivel era el más alto de la región y ahora con un promedio de 196 dólares, es el más bajo.

Por otra parte, los datos que recientemente dio a conocer el Indec no dejan lugar a dudas cuando advierten que la actividad económica registra un derrumbe del 4,3 por ciento en enero respecto al mismo mes del año anterior, con lo que se acumulan tres meses consecutivos con retroceso.

En este punto, un dato relevante lo suministra la propia Unión Industrial Argentina que a principios de marzo reconoció que se verifican serios inconvenientes en la cadena de pagos y que el 53 por ciento de empresas que componen esta corporación, tiene dificultades para abonar salarios, pero también a proveedores, impuestos y servicios públicos, así como para enfrentar sus compromisos financieros.

En esto hay que volver a reiterar el impacto que tiene la devaluación del 119 por ciento que forzó Javier Milei apenas investido como presidente, pero también el brutal ajuste fiscal que, entre otras medidas, coadyuvó a que se registre una drástica caída de la capacidad de compra de la población con el consecuente impacto negativo que esto tuvo en la producción del mercado interno y en la demanda agregada.

Y todavía a este tsunami le falta la segunda ola que será la de la merma en la recaudación fiscal, porque con salarios que pierden poder adquisitivo y una cantidad terrible de trabajadores que lisa y llanamente se quedan sin sueldo porque los despiden, se consume menos, lo que genera menos recaudación en concepto de IVA, pero también impacta en la recaudación de otros impuestos porque -hay que repetirlo- entre comer y pagar impuestos, claro está que se elige comer.

Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el sistema bancario disfruta de un extenso verano que lo llevó a que entre enero de 2023 e idéntico mes de este año, su tasa de rentabilidad se haya catapultado en un 96 por ciento.

Y todo mientras los créditos destinados a familias, esto es los dedicados al consumo, en enero cayeron un 33 por ciento tal como lo confirma un reciente informe del Banco Central.

Con este telón de fondo, fabricar recesión es el único recurso que le sigue quedando al gobierno para evitar que la inflación que ya es altísima, se le escape todavía más, algo que los pocos sensatos que aún quedan en La Rosada, perciben que podría ser un factor que acabe de desestabilizarlo rompiendo el “pacto de esperanza” que con habilidad viene logrando sostener hasta ahora con buena parte de la sociedad.

Así las cosas y mientras se espera el impacto que va a tener el tarifazo que este mes incluye al servicio de gas y en mayo a los de electricidad y agua, en Casa Rosada se aprestan a festejar el IPC de marzo que de acuerdo a diferentes consultoras se colocaría apenas por encima del que se registró en noviembre de 2023.

Teniendo en cuenta el acotado resumen que acabamos de dar sobre las consecuencias que las decisiones de gobierno tuvieron desde entonces, vale preguntar qué es lo celebran.

 
Actor de carácter
Con Javier Milei la clase capitalista que actúa en el nuestro país, encontró al actor exacto para interpretar el papel que le reserva a la Argentina el actual momento en el que, a escala global, la crisis de larga duración del sistema parece acelerarse minuto a minuto.

Y, vale decirlo, quien hoy lleva la Banda Presidencial, parece disfrutarlo y lo vive con el vértigo que la ocasión le demanda.

Entonces a nadie debe sorprender que en menos de cuatro meses hayan empeorado, como lo hicieron, los índices de inflación, pobreza, recesión y consumo, sumado a una peligrosa destrucción del aparato productivo.

En este plan, ahora se viene la etapa de destrucción de trabajo registrado y tres hitos clave para comprender de qué va todo esto, son las situaciones que durante estos días eclosionan en el ámbito estatal, Acindar y Techint.

Al cierre de esta edición, ya eran más de catorce mil los trabajadores estatales que fueron dejados en la calle durante la última semana.

Ellos se suman a una lista en la que deben incluirse otros que resultaron despedidos durante los dos meses previos y a los que, lamentablemente, habrá que añadir otros que van a correr idéntica suerte tal como lo adelantó el propio Milei cuando, entre los aplausos de los asistentes al International Economic Forum of the Americas (Iefa), se regodeó al sentenciar que “echamos cincuenta mil empleados públicos” que son parte de los setenta mil que piensa cesantear.

Mientras tanto las cosas no parecen ir mejor en el sector privado, donde en Villa Constitución, la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dispuso un paro activo por tiempo indeterminado en Acindar, que va a comenzar la semana venidera para enfrentar la posición intransigente de la patronal que pretende imponer un acuerdo salarial a  a baja, pese a que la empresa viene registrando un fenomenal incremento de su tasa de rentabilidad.

El contexto es claro: el 18 de marzo esta siderúrgica determinó paralizar sus cuatro plantas hasta el 15 de abril y, hace diez días, suspendió a más de 1700 operarios que se desempeñan por medio de empresas contratistas.

Uno de los puntos que, junto con la recomposición salarial, demanda la UOM local en la mesa paritaria es la efectivización de cargos, algo a lo que la patronal se opone sistemáticamente.

La situación del sector metalúrgico es alarmante, ya que desde que Milei es presidente, perdió siete mil puestos de trabajo, situación que tiene en el ojo del huracán al grupo Techint que sabe aprovecharla y dilata cualquier posibilidad de acuerdo salarial.

En esto va en tándem con el gobierno que terciarizó en el holding comandado por Paolo Rocca la Secretaría de Trabajo donde, con Miguel Ponte a la cabeza, un equipo de Techint deja en claro que no se va a homologar ningún acuerdo paritario que se inscriba por encima del doce por ciento en una clara señal de que la intención es que los salarios pierdan drásticamente respecto a la inflación.

Este es el marco en el que un serio conflicto atraviesa a la rama siderúrgica que involucra, principalmente, a las seccionales de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe que la semana pasada manifestaron en Campana ante la planta que posee Tenaris que es una empresa del grupo Techint, en lo que fue el corolario de paros escalonados que desembocaron en uno por 72 horas para exigir recomposición salarial.

Los trabajadores piden el 25,5 por ciento y la patronal ofrece sólo el diez, pero en simultáneo aumenta el precio de la chapa al cien por cien lo que le mete presión a toda una cadena de valor que va desde los electrodomésticos hasta la construcción.

Hace apenas un mes, Sidear dio a conocer su balance de 2023 donde se reconoce que tuvo un saldo positivo de 193 mil millones de pesos, algo que es levemente inferior al que anunció Siderca, mientras que el grupo Techint paga salarios que en el caso de los trabajadores que se desempeñan por medio de contratistas, son un poco superiores a los trescientos mil pesos.

Los holding Acindar y Techint son beneficiarios privilegiados de la licuación del poder adquisitivo del salario que plantea la devaluación del 119 por ciento, pero asimismo son hijos de Martínez de Hoz y la dictadura y, como tal, ambos tienen las manos manchadas de la sangre de la represión que se desató durante la década de los 70 para imponer un plan socioeconómico que es el mismo que ahora pretende imponer la Presidencia Milei (Ver La obra inconclusa de la dictadura de 1976).

Así las cosas, como pocas veces antes la clase capitalista exhibe ahora una maniobra de pinzas destinada a acorralar a los trabajadores para disciplinarlos e imponer nuevas reglas que, en este caso, se pretenden plasmar en una normativa que eche por tierra toda la legislación que desde hace casi un siglo rige las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, por medio de una reforma laboral que ponga al precariado como paradigma (Ver El sistema al recate).

Y para eso, con relativo éxito, el gobierno negocia con una oposición que va desde la absoluta complicidad hasta una preocupante permeabilidad a avanzar en cualquier tipo de acuerdo que permita dotar a La Rosada de algunas herramientas como son la remozada Ley Ómnibus en su formato Ley Bases 2 y, sobre todo, el DNU 70/2023 que posee explícitamente un capítulo que contempla una reforma laboral regresiva que -por ahora- está judicializado pero no derogado.

Esto es, todo lo que la Presidencia Milei espera presentar en sociedad con el Pacto del 25 de Mayo (Ver Treinta monedas de plata).

Con este telón de fondo, trabajadores estatales y siderúrgicos, van a estar esta semana en el centro de la escena con movilizaciones que en el caso de los agrupados en ATE prometen una apuesta fuerte para el miércoles cuando delegados e integrantes de la conducción sindical, se presenten en diferentes dependencias junto a trabajadores que fueron despedidos días atrás.

Pero también volverán a estarlo los movimientos sociales que esperan poner sobre la mesa, nuevamente, una agenda de reclamos que tiene en la página inicial a la restitución de los fondos destinados al funcionamiento de los comedores populares que el gobierno nacional suspendió.

Recesión y ¿quién tiene esperanza?

Con todo este contexto el gobierno no puede exhibir ningún dato socialmente saludable, pero continúa siendo apoyado por una base social considerable y el sistema financiero que disfruta montado en la bicicleta que favorece la gestión ministerial de Luis Caputo, por lo que los mercados celebran una festichola atravesada por la suba de acciones y bonos así como en la estabilidad de los dólares financieros. Todo mientas la economía real se hace pedazos.

Pero como hablar de “los mercados” es hacerlo de personas y corporaciones concretas, vale recalcar lo que recientemente reclamó en el Iefa uno de los beneficiarios de los tarifazos, el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni.

“En Argentina están todos los recursos, pero necesitamos las leyes del Congreso” sostuvo, mientras que desde el mismo estrado, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, hizo hincapié en que en nuestro país se vive un momento de “recesión y esperanza”.

De esto va la clase capitalista que actúa en el país, mejor dicho, de esto va toda la clase capitalista.

Y también aquello que Mieli repite hasta el hartazgo en foros como el Iefa, cuando dice que “los problemas del país se resuelven con propiedad privada y sin intervención del Estado” y por eso no sorprende que entre las medidas más crueles e insensatas de su gobierno, esté la destrucción de universos cooperativos, la economía popular y la agricultura familiar.

Porque recrear el mito de la propiedad privada individual como un valor absoluto y su naturalización en el sentido común que prevalece en la sociedad, representa un campo orégano para esa clase capitalista sumamente parasitaria que vive de las prebendas que otorga el Estado Liberal Burgués, al tiempo que diversifica una cartera de negocios cada vez más desligada de la economía real y asociada con la financierización y la transnacionalización.

Pero el triunfo del concepto de la propiedad privada individual y excluyente, es resultado de un proceso histórico de consolidación de una serie de derechos en detrimento de otros que implicó, en la práctica, la expropiación de los más pobres con la consiguiente desaparición de derechos colectivos relativos al uso de bienes y recursos. Y la apropiación progresiva de bienes que, al privatizarse, acaban mercantilizándose.

Como se ve, no hay nada de natural en todo esto, sino el resultado de procesos dinámicos que, a lo largo del tiempo, se fueron construyendo a partir de determinadas correlaciones de fuerzas que se acaban galvanizando en legislaciones concretas. Pero es clave advertir que este proceso no concluyó: la historia reciente da cuenta de procesos de privatización, mercantilización y también de desmercantilización que van sucediéndose en una y otra dirección.

Y esto no deja de ser una buena noticia, porque aunque en los días que corren, en una suerte de remake fukuyamista, la clase capitalista se jacta de que la historia está terminando con el push privatizador y mercantilizador de recursos naturales, materia primas y fuentes energéticas, pero parece quedar claro que desde el universo del trabajo comienza a ponerse en evidencia que se puede construir otro camino que plantee una correlación de fuerzas diferente.

Porque, sobre todo, lo que sí queda claro, es que no alcanza con destrozar el Estado Liberal Burgués, sino que hay que cambiarlo.