La Banelco volvió a arriar voluntades en Diputados. “El conflicto debe trascender las aulas, las centrales sindicales tienen que llamar a parar en solidaridad con la situación de las universidades y, en particular, la de los docentes y no docentes”, dijo el referente del MUI en la UnQui, Agustín Rigo.
“Esto no tiene que quedar únicamente como un conflicto universitario, sino que debe ser entendido como un conflicto de la sociedad organizada en su conjunto contra un gobierno que destruye a la universidad y todo lo público, como parte de un plan económico diseñado para la fuga de capitales y la maximización de la tasa de rentabilidad de la clase capitalista que es un pequeño grupo concentrado, mientras que del otro lado de la moneda está la enorme mayoría trabajadora”, recalcó el responsable del MUI en la Universidad Nacional de Quilmes (UnQui), Agustín Rigo, tras conocerse el resultado de la sesión en la que Diputados avaló el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo claro es que la decisión de los diputados que apoyaron el veto coloca al conflicto en una nueva dimensión. En este sentido, al cierre de esta edición se multiplicaban las vigilias y tomas de facultades, al tiempo que la comunidad educativa llevaba a cabo un paro de actividades convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que denunció que con lo que pasó ayer en la Cámara Baja “la voluntad popular ha sido defraudada”.
Al respecto, por medio de una declaración el frente que integran las dos Conadu, Fagdt, Ctera, Fedum, Fatum y UDA hizo público su repudio a los legisladores “que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”, tras lo que advirtió que “la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional” y que quedó conformada “una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”.
Por lo que volvió a manifestar su voluntad “de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces protegidas y por un país igualitario”, ya que es preciso que Argentina cuente con una “universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no docentes que la sostienen”.
Con este telón de fondo a las tomas que el martes tuvieron lugar en algunas facultades de la UBA y de Córdoba, así como en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, apenas se supo el resultado de la votación en Diputados se fueron sumando otras protagonizadas por estudiantes de Mar del Plata y Salta, también en la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de San Martín, las de José C. Paz y Tres de Febrero, como así en la Universidad Nacional de Rosario, las de Jujuy, La Pampa, Tucumán, El Litoral y la UNCuyo.
Sobre esto, un caso que reviste particular gravedad es que se vivió en la sede de la Universidad de La Matanza, cuando ayer por la tarde los estudiantes advirtieron que un grupo de individuos que vestía uniformes de fajina del Ejército, junto a policías también uniformados, ingresaron al campus en un acto que representa una clara violación de la ley. Tras exhibir en redes sociales imágenes que acreditan lo sucedido, alumnos de esa casa de estudios denunciaron que tales presencias pretenden “amedrentar a los compañeros que intentan llevar adelante la toma” que la comunidad educativa acababa de votar en asamblea para rechazar la decisión de la Cámara Baja de apoyar el veto presidencial.
Por la tarde, mientras se aguardaba la decisión de los legisladores, ante al Congreso, el Frente Sindical de Universidades Nacionales brindó una conferencia de prensa en la que se dirigieron a los presentes el titular de Conadu, Carlos de Feo, Norberto Heyaca que es secretario general de la Fagdut, su par de la UDA Norberto Cabanas, el integrante de UTE-Ctera Marcelo Creta, Walter Merkis por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, Daniel Ricci por la Federación de Docentes de las Universidades y Francisca Staiti en representación de Conadu Histórica.
Por su parte, en la UnQui se prevé que al promediar la tarde de hoy jueves, tenga lugar una asamblea en la que se debatirá cuáles son las medidas pertinentes para seguir. “Como MUI apoyamos y bancamos las tomas”, recalcó Rigo y añadió que se espera que en las asambleas que se realicen hoy “podamos unificar el criterio de las tomas a partir del lunes, en conjunto con las universidades que ya están adoptando tal medida y aquellas que aún no lo hicieron”.
En este sentido, recordó hoy jueves se efectúa un paro nacional docente y no docente, en tanto que mañana viernes y el sábado son feriados, por lo que “tomar la facultad durante cuatro días en los que va a estar vacía, no tiene ningún impacto político ni costo para el gobierno, en cambio si se toman todas a partir del lunes cuando ya van a estar llenas, eso va a tener otro impacto en la sociedad de cara al debate que queremos generar con esta medida”.
Esto también permitiría que se unifique el criterio, ya que la medida podría alcanzar a todas las sedes universitarias del país. “Ahora ya hay algunas que están avanzando en esto y queremos que durante lo que va de aquí hasta el lunes, podamos mover a fondo la convocatoria para generar mayores consensos dentro de los estudiantes, para que no sólo seamos los militantes quienes participemos”, algo que “buscamos con todas las actividades en las que venimos actuando, tal como pasó ayer en la conferencia de prensa frente al Congreso o en la asamblea que en la UnQui hicimos el martes y el ruidazo de ayer”.
Se trata de iniciativas “con las que venimos preparando el contexto, dentro de las universidades, para que el conflicto pueda escalar cada vez más”, ya que “las políticas del gobierno hacia las universidades son cada vez más agresivas y ayer esto subió a un pico con el apoyo al veto que le dio esa cueva de traidores”.
La forma que utiliza Rigo para calificar a los diputados que apoyaron el veto de Milei nada tiene de exagerada, ya que los legisladores de La Libertad Avanza fueron acompañados muy sugestivamente por otros que integran la bancada de la UCR e incluso por algunos peronistas.
Y, entonces, con las cartas echadas sobre la mesa, la pregunta es cómo puede seguir la cosa para conseguir que la demanda traspase las fronteras del ámbito universitario. “Algo fundamental para que esto trascienda más allá de las puertas de las universidades, es que las centrales sindicales llamen a un paro general en solidaridad con la situación de las universidades y, en particular, la de los docentes y no docentes”, puntualizó Rigo y fue claro al remarcar que “eso sería la mejor forma de escalar el conflicto y también permitiría dar un mensaje claro que señale que la universidad pública es algo que la sociedad argentina no está dispuesta a negociar ni un tantito así”.
¿Pero podrá ser este veto una línea roja que temerariamente traspasó Milei y que, en el mediano plazo, le puede traer costo político real? “Esperemos que sí, creo que la línea roja ya la viene traspasando con cada medida que toma para profundizar la agresión contra las universidades”, reflexionó el referente del MUI y sostuvo que “el veto era previsible porque vienen dando golpe tras golpe contra la comunidad universitaria, entonces la verdadera línea roja es la situación de los docentes y no docentes que ya no se pueden sostener ni un día más con los salarios actuales”.
La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales proponía que “de los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales”, se asigne “un 85 por ciento para gastos salariales” y el otro “quince por ciento a gastos generales y de funcionamiento”, ya que las casas de altos estudios tienen la misma asignación para gastos de funcionamiento que durante 2023, en un contexto en el que “los precios de 2024 no dan tregua”.
Por eso es que la norma propuso que para los gastos de funcionamiento se introduzca un mecanismo de actualización bimestral que debía basarse en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor del cincuenta por ciento, la variación del tipo de cambio, del veinticinco por ciento y la variación de tarifas de servicios públicos, también del veinticinco por ciento. Su costo fiscal era de sólo el 0,14 por ciento del PBI.
