Así lo aseveró en diálogo con Nuestra Propuesta, Claudia Cesaroni, abogada integrante del Equipo Jurídico de la Liga que integra la querella que representa a la familia de Pablo Grillo en la causa iniciada por el brutal ataque del que fue víctima el fotorreportero.
Claudia Cesaroni es quilmeña y desde muy joven, cuando militó en La Fede, tiene un compromiso contundente en la defensa de los Derechos Humanos, algo que ejerce desde su profesión de abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero también desde una tarea militante que nunca abandonó. Desde 2001 hasta 2004 se desempeñó en la Procuración Penitenciaria y desde ese año hasta 2010, hizo lo propio en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Más recientemente fue directora Adjunta de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura que tiene su sede en Panamá y actualmente es integrante de la querella que, en octubre pasado y después de casi medio siglo de sucedidos los hechos, consiguió llevar a juicio la causa abierta por la Masacre del Pabellón Séptimo, un episodio brutalmente represivo perpetrado por la dictadura contra presos comunes y que la abogada Cesaroni señala como un caso clave para abrir la mirada hacia otros sectores que también fueron víctima de la represión ilegal que se implementó desde el aparato estatal por aquellos años.
Desde el viernes pasado, junto a la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Paula Litvatchky, forma parte de la querella que representa a los padres de Pablo Grillo. El anuncio fue hecho en una ronda de prensa y ambas letradas anticiparon que se van a pedir medidas de prueba para investigar la responsabilidad que pudiera tener el cabo Guerrero por “tentativa de homicidio agravado”, pero también anunciaron que va a avanzar en la investigación sobre el mando de responsabilidad que hubo durante el operativo represivo que se dispuso sobre quienes salieron a manifestar el miércoles 12 en defensa de los jubilados, en las inmediaciones del Congreso Nacional, que estuvo comandado por Patricia Bullrich.
Que ambas abogadas y los organismos que integran estén involucrados en la querella que representa al fotorreportero que ese día fue herido por un disparo dirigido de forma directa a su cabeza, no deja de ser una buena noticia, como también lo es que Pablo Grillo siga peleándola en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía donde está internado y que durante las últimas jornadas haya dado señales positivas. Sus familiares relataron que este sábado escribió su nombre dos veces y también la palabra “Abuelo” o “Abuela” en el papel de un recetario médico.
—¿Cómo fue el proceso por el que usted llega a integrar la querella de la familia Grillo?
—Por historia, porque conocía al papá de Pablo personalmente y a través de compañeros de militancia de hace cuarenta años ya que somos todos del Regional Sur, ellos de Avellaneda y Lanús y yo de Quilmes. Entonces hemos tenido compañeros de militancia en común y cuando sucedió esto, el mismo miércoles 12, me pidieron que me acerque al hospital Ramos Mejía porque estaban preocupados, además de estarlo por el estado en el que estaba Pablo, se preocuparon porque habían escuchado que la ministra Bullrich andaba diciendo que Pablo estaba detenido. Me acerqué como una compañera para ponerme a disposición, para ver si podía aportar algo, aunque esa vez no hizo falta otra cosa que simplemente acompañarlos. Después, con el pasar de los días, tanto yo como muchos compañeros y compañeras le fuimos diciendo a la familia que era muy importante que ellos se presentaran como querellantes, ya que había que iniciar una causa contra el autor material y los posibles otros autores no materiales que participaron en este hecho. Y, finalmente, el lunes pasado la familia decidió que esa asistencia jurídica la diéramos junto con el Cels. Yo lo hago no sólo desde el punto de vista individual, sino como parte de un colectivo junto a otros compañeros abogados y abogadas que son con los que voy a estar trabajando.
—¿El hecho de qué detrás de la querella estén el Cels y particularmente la Liga le da más fortaleza al trabajo que van a llevar a cabo?
—La Liga es el primer organismo de Derechos Humanos que ha existido en Argentina. Yo he sido secretaria juvenil de la Liga en el año 1985 y, desde entonces, sigo siempre vinculada y ligada a ese organismo. De hecho, la de la Masacre en el Pabellón Séptimo es una querella unificada, ya que yo represento junto a otra compañera abogada a familiares y sobrevivientes y también a la Liga.
Pero además es un lugar que tiene una trayectoria muy importante y que también ha participado en una innumerable cantidad de casos de violencia estatal, sola y junto a otros organismos. Y, por supuesto, el Cels es también una garantía en términos de sus equipos jurídicos, por la seriedad con la que trabajan, la cantidad de casos en los que ha participado, como asimismo por la formación que tienen sus equipos jurídicos y de comunicación. Todo eso me parece que es importante para sostener un caso que es complejo.
—¿Por qué es complejo?
—Es complejo quizás no tanto por la dificultad que pueda haber para demostrar lo que pasó, porque pocas veces hemos tenido tantas imágenes sobre algo que haya pasado como esta vez. Pero sí lo es por la calaña del poder del gobierno con el que nos enfrentamos y la calaña de funcionarios y funcionarias a los que señalamos como la ministra Bullrich, por ejemplo.
—Caía la tarde del miércoles 12 y el abogado de la Ladh, Gerardo Etcheverry, fue terminante cuando dijo que el ataque del que fue víctima Pablo Grillo constituye, al menos “una tentativa de homicidio” ¿Coinciden ustedes con ese criterio? ¿Qué es lo que puntualmente van a intentar demostrar desde la querella?
—Precisamente la calificación jurídica que planteamos en nuestra presentación es, exactamente, la de tentativa de homicidio agravada por el rol, porque el cabo Guerrero es un integrante de una fuerza de seguridad, pero también por el abuso de funciones que supone el disparo que efectuó. Así que sí, efectivamente, esa es la calificación que nosotros planteamos en nuestra presentación.
—¿Dónde quedan en esta historia los autores intelectuales de este intento de homicidio agravado?
—Eso depende justamente de la prueba que vayamos recolectando y es muy importante. Por eso era tan importante la presentación de la familia para insistir en la producción de prueba. Nosotros hemos pedido toda la documentación que demuestre dónde estaba cada uno, qué órdenes daba, qué cosas decían, porque una cosa pueden ser las órdenes escritas y otra son las que van sucediendo a medida de que los hechos se van desencadenando, es decir, las órdenes verbales que se dan. Por eso pedimos el registro de modulaciones, de las comunicaciones. Y a medida que vaya incorporándose esa prueba, se va a ir viendo.
Nosotros podemos tener claro que políticamente alguien es responsable de un hecho o de varios hechos, pero penalmente hay que probarlo. Son estándares distintos…yo no tengo ninguna duda de la responsabilidad política de Bullrich y de Milei en este tipo de episodios, pero la demostración de que una persona es responsable penalmente es algo distinto. Entonces, por ahora, lo señalamos. Señalamos que queremos llegar a demostrar esas responsabilidades, señalamos a la ministra de Seguridad Nacional…me cuesta decir “seguridad nacional”, pero ahora se llama así el ministerio y obviamente el cambio de nombre es una señal, porque tiene que ver con la Doctrina de la Seguridad Nacional que es una doctrina del enemigo interno, que es lo que ellos plantean todo el tiempo. Porque el discurso oficial es un discurso del enemigo interno al que hay que destruir, no dicen exterminar pero, más o menos…
Entonces, en función de esa prueba que se vaya produciendo, nosotros podremos hacer imputaciones o pedir llamados a indagatorias más adelante. Por ahora el único llamado a indagatoria que hemos solicitado es el del cabo Guerrero.
—Usted hablaba de la construcción de un enemigo interno y en medio de todo este fárrago de cosas que pasaron durante los últimos días, también lo que pasó es la Ley 27.786 con esa figura “antimafia” con la que pretenden dar luz verde para salir a cazar al boleo…
—La Ley Contra Organizaciones Criminales. Ese es el nombre real, porque en eso también son muy vivos y a veces nosotros compramos sus etiquetas. Ellos la llaman “Ley Antimafia” y nosotros repetimos Ley Antimafia, pero en realidad se llama Ley Contra Organizaciones Criminales. Entonces la venta de que es una ley que va contra las mafias hace que mucha gente compre y diría que, incluso, algunos y algunas legisladoras compran la idea de que esto va contra el narcotráfico, que esto va contra las mafias…pero en realidad esto va contra vos y contra mí. Va contra los hinchas de un equipo de fútbol, va contra cualquiera. De hecho el gobierno ya pretendió que se aplicara el 12 de marzo ¿Qué mafias había el 12 de marzo? Cinco hinchas de All Boys, quince Chacharita…diez de otro club y a eso el gobierno pretende construirlo como una organización criminal. Entonces, otra vez, es gravísimo que haya legisladores que voten esos adefesios jurídicos.
Un poco esto es algo que ya vivimos, sobre todo quienes tenemos cierta edad o hemos leído un poco de historia argentina y latinoamericana por lo que sabemos cómo se va construyendo dentro de los propios estados un estado de excepción. Y se trata de estados que formalmente son democráticos, porque hay elecciones y partidos políticos, en los que ahora muchos están descubriendo esto del estado de excepción que algunos y algunas denunciamos a partir del momento en el que el presidente dictó el DNU 70/2023 que construye una especie de estado de excepción que se va profundizando día a día.
—¿Desmontar ese discurso, desarmar esas etiquetas, ayuda a plantear el caso que ustedes van a defender como parte querellante?
—Creo que sí y no sólo desde el punto de vista jurídico. Nosotros lo planteamos en nuestro propio escrito donde dimos ese marco político. Creo que esto hay que hacerlo todo el tiempo, en la presentación de una querella, en las movilizaciones y en las discusiones públicas…cuando tenemos cinco minutos en la tele, en la radio o en cualquier medio. Porque en un punto, lo de ellos, es una aplanadora del sentido, en el peor de los sentidos. Entonces, a veces, se vuelve difícil enfrentarlos porque hay como tantos frentes que no sabés por dónde comenzar. Pero creo que es indispensable hacerlo. Y, sin querer sonar exagerada, me parece que es casi cuestión de vida o muerte poder desarmar, no sólo el discurso, sino las piezas que van acomodando día a día, las piezas jurídicas y las legislativas.
Pero también la dependencia económica que se profundiza con el nuevo acuerdo con el FMI. Hoy estamos viendo al jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, Demián Reidel, en el Foro Económico Internacional de las Américas diciendo en un inglés perfecto y ante un grupo de ceos y otros multimillonarios, que el territorio argentino es maravilloso pero que “obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos”. Es eso, gobiernan un país al que odian…odian a la Patria, nos odian a nosotros. Entonces, contra ese odio hay que actuar en de todas las áreas posibles que podamos, en todos los campos y con todos los elementos que tengamos para defendernos y para defender la noción de Patria, porque no te puede gobernar gente que te odia.
—De alguna manera el disparo contra Pablo Grillo buscó tener un sentido pedagógico que va más allá del cabo Guerrero ¿Poder conseguir una condena en el contexto político actual y con el Poder Judicial que hay, también puede tenerlo pero en sentido contrario?
—Quiero ser muy cauta y honesta. Por eso debo decir que puede pasar mucho tiempo hasta obtener una condena. Un llamado a indagatoria puede ser pospuesto y puede pasar que se haga recién cuando se vaya recopilando toda la prueba…puede pasar mucho tiempo.
Soy abogada de la causa abierta por la Masacre del Pabellón Séptimo y pasaron 47 años para que recién podamos comenzar un juicio el 9 de octubre pasado. Por supuesto que no va a pasar lo mismo en este caso. Vamos a hacer todo lo posible y necesario para que eso no suceda. Creo que la condena es importante porque es un elemento dentro de la lucha contra la impunidad…es un elemento pero hay otras cosas como tratar de hacer todo lo necesario para que no se repita, para que no sea posible que vuelva a suceder una cosa así, para que no tengamos miedo de ir a marchar, es decir, que se generen las condiciones políticas para que podamos volver a marchar sin miedo a que te caguen a tiros, te revienten a bastonazos o que gaseen.
Hay muchas cosas que rodean un caso como este, de las que la condena es uno de esos elementos, que incluso puede llegar pasado más tiempo que el que pensábamos y por otra figura, pero también resulta relevante todo lo que pasa hasta entonces.
El viernes el papá de Pablo fue recibido por la conducción de la CGT. El Cels había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora le agregamos una nota firmada expresamente por Fabián, el papá de Pablo, acompañando esa nota y pidiendo una reunión. Todo eso rodea al caso jurídico. Entonces, la condena es un elemento más de toda esa movida que hay alrededor de este caso y, por supuesto, la solidaridad, el acompañamiento, el amor del pueblo para Pablo y su familia también está, forma parte y es muy impresionante. Todo eso también es parte de este proceso.
—¿Esto que usted señala como parte de este proceso es un insumo que permite ser optimista todavía?
—Al conversar con el papá y la mamá de Pablo, notamos que ellos están en un momento desgarrador, porque no hay que olvidarse que Pablo todavía sigue muy grave, que no salió del estado de gravedad y aunque hay pequeñas situaciones que alientan la esperanza, aún así sigue muy grave. Entonces ese momento horrendo de estar en un hospital esperando día tras día el parte y viendo si hay algún cambio, si hay alguna cosita…si mira, si sonríe, si dice una palabra. Todo ese tempo…pensémoslo en tiempo, en horas de ir al hospital, volverse a su casa para descansar un poco, comer mal y volver.
Por lo que veo y lo que ellos cuentan, siento que todo esto pueden soportarlo de la mejor manera posible porque se sienten rodeados por ese afecto que se nota en la puerta del hospital…con los cartelitos, los rezos de gente que es católica y reza a la Virgen, mientras que quienes no lo son tiran buena energía o le piden a un santo pagano…lo que sea…también las organizaciones, el respaldo político, todo eso es algo que los rodea y protege de tanto dolor en esta espera angustiosa en la que están.
—Y mientras tanto el Poder Judicial juega al gato y al ratón…
—Al día de hoy no hay juzgado…no hay causa abierta, hay un número de causa, pero no hay juez o jueza que esté investigando esto. Eso es vergonzoso. Pasó de un juzgado a otro en una especie de revoleo entre juzgados, del de Servini al de Ariel Lijo y ninguno de los dos se quiso hacer cargo de la investigación. Entonces hay que esperar a que la Cámara Federal de Casación Penal tome una decisión, pero es una vergüenza…un síntoma más de lo que es la Justicia Federal, que a doce días de este crimen no haya una autoridad judicial que esté investigando el caso.
—Y en este contexto, un nuevo 24 de marzo…
—Es un 24 de marzo especial, justamente porque estoy participando como abogada en la causa por la Masacre del Pabellón Séptimo que es una masacre sucedida en plena dictadura, pero que hasta ahora no ha sido juzgada como un delito de lesa humanidad. Esta es una pelea que a mí me enorgullece en lo personal y como parte de un colectivo de sobrevivientes de familiares con mi compañera abogada Natalia D’Alessandro, con la Liga con la que llevamos una querella unificada, porque es una manera de pelear contra una doble vara, contra la idea de que los presos comunes no fueron víctimas de la dictadura.
Desde que comenzamos a marchar por primera vez los 24 de marzo, una de las cosas que hemos ido viendo es cómo se va resignificando lo que fue la dictadura. Le hemos ido agregando en el concepto de cívico, después cívico-militar-eclesiástica…hemos entendiendo como contra las mujeres se actuó de una manera particular, como se usó la violación como una tortura autónoma y hemos ido añadiendo a los niños que fueron secuestrados, por ahí por uno o dos días, y que en principio no se los consideraba víctimas. Ahora, nosotras tratamos de introducir a los presos comunes.
Eso pensando en la dictadura, en el pasado que todavía está en estos juicios y en los que faltan realizar. Pero también en lo que de esa dictadura queda en el presente, algo que se ve en acciones como esta en la que fue atacado Pablo. Cuando nosotros escuchamos a los sobrevivientes de la Masacre del Pabellón Séptimo, nos cuentan como les tiraban con gases lacrimógenos dentro el pabellón y se desesperaban porque no podían respirar e incluso a algunos les disparaban sobre el cuerpo. Ahora tenemos un caso, hoy marzo de 2025, en el que un integrante de las fuerzas de seguridad te gasea en la cara, te tiran gas pimienta, te rocían con gas pimienta como si fueras una cucaracha y además disparan un cartucho de gas lacrimógeno a la cabeza. Ese link entre pasado y presente a mi me parece que es de lo más importante, porque a todas las peleas que hay que dar, las pienso de esa manera. Pensando en el pasado y en el presente.