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Jue, Ago

Derechos Humanos

Juan Manzur propuso a un abogado de represores para ser vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial. “Ideológicamente la sociedad tucumana no salió entera de la dictadura, arrastra una visión que se refleja en la vigencia que tienen el bussismo y la derecha”, sostuvo el referente del PC, Juan Palacios.

“Manzur tiene un gran respaldo ideológico en Tucumán para hacer estas cosas”, lamentó el referente del Partido Comunista de Tucumán, Juan Petu Palacios, al referirse a la propuesta de Facundo Maggio para ser vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial, que hizo el gobernador Juan Manzur.
Esto encendió luces de alerta entre las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia que recordaron que Maggio fue abogado defensor de tres personas imputadas en la megacausa conocida como Arenales II, que es más importante abierta en la región por violaciones a los derechos humanos.
Maggio fue abogado de Carlos Tucco, quien resultó condenado a catorce años de prisión por ser autor material del delito de asociación ilícita y autor mediato de violación de domicilio en seis oportunidades, privación ilegítima de libertad y tormentos agravados contra siete personas y partícipe secundario de un delito igual contra dos personas.
Truco también fue encontrado culpable de haber perpetrado torturas seguidas de muertes contra una persona y homicidio agravado en perjuicio de otras dos.
Asimismo, fue defensor de Miguel Ángel Chuchuy Linares, que recibió la misma condena que Tucco, por ser autor material de asociación ilícita y partícipe necesario de violación de domicilio en 46 oportunidades, además de privación ilegítima de la libertad en 98 casos, homicidios calificados en 68 ocasiones.
Y, se acreditó que integró una patota comandada por el condenado Roberto Albornoz que actuó en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la policía.

A la derecha

Al respecto, Palacios fue claro al hacer hincapié en que este tipo de decisiones que adopta Manzur “no son nuevas” en el ejecutivo provincia, ya que su antecesor, José Alperovich, “ya había empezado a rescatar personajes vinculados a la dictadura y meterlos nuevamente en el Estado y el Poder Judicial”.
También, el dirigente del PC de Tucumán, lamentó que “la pandemia impida que ahora los organismos y el campo popular no podemos estar en la calle luchando para reclamar que se reviertan este tipo de decisiones”.
Tras lo que advirtió que “hay muchos juicios abiertos por crímenes de lesa humanidad que siguen parados en la provincia”, por lo que “debemos seguir movilizados para evitar que se caigan”.
Asimismo, destacó “la ardua lucha de los organismos de Derechos Humanos en Tucumán contra la violencia institucional de las fuerzas represivas del Estado” y recordó que “seguimos luchando para que haya justicia por el crimen de Luis Espinoza”.
Se trata de un caso de gatillo fácil perpetrado durante mayo pasado contra Espinoza, un peón rural de 31 años a quien personal policial se llevó detenido sin razón. Su cadáver apareció en un descampado, en Catamarca.
Los peritos judiciales que actuaron en esta causa, determinaron que Espinoza fue asesinado con un arma reglamentaria de la Policía de Tucumán.
“La policía es el fiel reflejo de lo que son la autoridades de los poderes del Estado” reflexionó Palacios y añadió que por eso nadie debe sorprenderse con pos casos de “mano dura y gatillo fácil”.
Y finalizó recalcando que “ideológicamente la sociedad tucumana no salió entera de la dictadura, arrastra una visión llena de autoritarismo que se refleja en la vigencia que tienen el bussismo y la derecha”.

 

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