“Preguntamos por qué no se reconoce a los presos políticos, cuál es la estrategia o política del gobierno para liberarlos y no tuvimos respuestas”, lamentó José Schulman, tras la entrevista que organismos de Derechos Humanos tuvieron con la ministra Marcela Losardo.
“Salimos decepcionados”, dijo el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman, tras participar ayer en el encuentro que tuvo lugar entre la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y representantes de trece organismos de Derechos Humanos.
“Preguntamos por qué no se reconoce a los presos políticos, cuál es la estrategia o política del gobierno para liberarlos y por qué no se lo invitó a Diego García Sayán, el relator de la ONU a la reunión, y no tuvimos respuestas”, lamentó Schulman.
“Es muy serio negar la existencia de presos políticos”, insistió y añadió que hacerlo “configura una gravísima violación a los derechos humanos y dificulta, enormemente, toda la labor por lograr su libertad”.
Tras lo que recordó que “a los presos políticos que fueron funcionarios, se los consideraba presos corruptos y se les aplicaba un protocolo especialmente armado para garantizar el espionaje”.
Vale citar que la Ladh tiene una lista en la que consta la existencia de 41 presos políticos y lleva acumuladas denuncias de organismos de derechos humanos de todo el país, pero pese a esto “no hay ninguna organización estatal que nos reconozca la existencia de presos políticos, que no solo no están libres, sino que no son reconocidos ni siquiera en su identidad, una cuestión que es clave para nosotros”.
Y, en este sentido, Schulman hizo hincapié en que “desde siempre defendemos a los presos políticos”, tras lo que fue claro al resaltar que “la existencia de presos políticos es el umbral de la discusión de los Derechos Humanos”.
Asimismo, rechazó que el ejecutivo nacional no se preste ni siquiera a debatir la existencia de presos políticos, actitud que calificó como “mecanismo funcional al continuismo de la ultraderecha corrupta, de los que han violado todos los códigos y garantías procesales, los que han armado las causas más grotescas de la historia argentina y que siguen en su puestos”.
Por lo que destacó que es preciso “saber cuál es la política del gobierno Nacional sobre los presos políticos” y advirtió que “no estamos dispuestos a regalar ochenta años de lucha por los presos políticos, por un capricho semántico”.
De ahí que sin dudarlo recalcó que “en Argentina hubo y hay presos políticos que queremos que estén libres, que las causas se revisen y los jueces que las ordenaron sean castigados como corresponde”, ya que “no queremos más impunidad”.
Reforma judicial
Otro de los temas que se incluyeron en el encuentro es el proyecto de reforma judicial que, tras las audiencias públicas, ayer tuvo despacho con modificaciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado. “Si bien la Liga sostiene que el sentido de la Reforma Judicial es correcto, también creemos que la misma es altamente insuficiente, ya que la modificación va a ser mínima”, sostuvo Schulman.
Por otro lado recordó que, de 2017 a 2019, la Ladh denunció ante la ONU que en la Argentina no hubo “casos aislados de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”, sino que como consta en la denuncia ante el relator de ONU para la autonomía de magistrados, Diego García-Sayán, “hubo un plan sistemático de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo”.
Al respecto, el presidente de la Ladh se refirió a “las infinitas maniobras que fueron mellando la autonomía del Consejo de la Magistratura, que lo convirtieron en un organismo de persecución contra los jueces más comprometidos, como pasó con el doctor Carlos Rozanski, quien encabezó el juicio en el que desaparecieron a Jorge Julio López y fue obligado a renunciar por ese accionar persecutorio”.
Asimismo, la Ladh aprovechó la reunión para expresar su preocupación por lo que definió como “la transformación de los juzgados de Comodoro Py en grupos de tareas”, algo que se verifica en las maniobras de lawfare que facilitó la apertura de causas y el encarcelamiento de funcionarios del gobierno de encabezó Cristina Fernández, así como de empresarios y referentes sociales.
En ese contexto de persecución de sus opositores, desde el Gobierno Cambiemos se llevó a cabo una estrategia de espionaje ilegal que alcanzó, incluso, a quienes ya había encarcelado, tal como va quedando claro a raíz de la investigación que llevan a cabo el juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
“Vamos a ser querellantes en la causa por espionaje ilegal del macrismo sobre los presos políticos y vamos a aportar los documentos que tenemos sobre esa persecución a los presos políticos que visitábamos”, destacó Schulman en el encuentro.
