No es personal, sólo son negocios

Para esta semana se espera que lleguen al país tres millones de dosis de Sinopharm y otras seiscientas mil de Sputnik V, mientras en La Rosada cruzan los dedos para que, al menos, no vuelva a discontinuarse el flujo de vacunas que entran a Argentina, en medio de un escenario en el que cada vez se vuelve más evidente el acaparamiento que hacen las principales formaciones estatales y la especulación de las farmacéuticas multinacionales.
De todos modos, el gobierno es optimista y espera que, para fines de abril, hayan recibido la primera dosis la mitad de los argentinos que por edad o patologías preexistentes están en zona de riesgo, esto es, alrededor de siete millones de personas.
Pero también los cruzan esperando que lo de la segunda ola nunca llegue. En especial cuando del otro lado de la frontera, Brasil y Paraguay aparecen colapsados y los hijos de los que hace un año trajeron el Covid-19 cuando se fueron a esquiar a Europa, ahora no pueden contener la pulsión que los lleva a ir de viaje de egresados a Cancún.
Mientras tanto aquellos que anteayer eran adalides de la lucha republicana contra la vacuna/veneno y la infectadura, ahora se rasgan las vestiduras exigiendo que el gobierno vacune a todo el mundo. Aunque en simultáneo, continúan promoviendo conductas antisociales que propician el contagio.
Es bueno recordarlo. Sobre todo cuando la semana pasada se vio la foto obscena de Mauricio Macri lanzándose hacia lo que espera sea su segundo tiempo. Está fresca esa imagen, pero también la degradación, desfinanciamiento e intento de destrucción que perpetró el Gobierno Cambiemos con el sistema, público, universal y gratuito de salud.
Ante su público, en el salón del Centro de Convenciones de la Ciudad, Macri prometió que si vuelve a Balcarce 50, lo va a hacer para profundizar más lo que su gobierno hizo de 2015 a 2019, como para consolidar un ciclo que tuvo sus anteriores y más cercanos hitos en la Presidencia Menem y la dictadura que irrumpió en 1976.
Los dos casos son significativos, ya que constituyen correlatos de momentos en los que el capitalismo retomaba posiciones globales. En el caso de una formación capitalista de segundo orden como Argentina, eso se tradujo, entre otras cosas, en el intento de destruir la estructura de producción científica y tecnológica de excelencia que todavía hoy distingue al país.
Todo eso tiene consecuencias prácticas. Es que viendo los resultados que exhiben desarrollos como los hechos por Conicet y UnSaM en relación al Covid-19, vale pensar que sin esos recurrentes atentados, ahora estaríamos un poco más adelantados, es decir, más cerca de la vacuna propia, tal como está Cuba con su Soberana.
Entonces sería menos preocupante que las multinacionales que producen la mayoría de las vacunas, se nieguen a transferir tecnología o renunciar a los derechos de propiedad intelectual, como reclama la Organización Mundial de la Salud.
Porque como están las cosas y por más que Patricia Bullrich diga que la solución es que “pague la vacuna quien pueda hacerlo”, lo cierto es que son pocos los laboratorios que venden y los que lo hacen, suelen entregar con demoras porque incluso la provisión de insumos para la vacuna está en un cuello de botella.
Sería interesante que, al menos en este caso, los “liberales” que se pusieron de moda por estos lados, lean algunas de las recomendaciones que hizo Adam Smith y se manifiesten contra el proteccionismo que algunos países y multinacionales farmacéuticas practican con las vacunas. Si lo hacen, desde aquí prometemos apoyarlos.

Giras y giros

Así las cosas, el gobierno se va dando cuenta de que eran demasiado optimistas las expectativas que tenía sobre los plazos de vacunación cuando cerró el acuerdo con el Instituto Gamaleya. La cosa va a llevar más tiempo del previsto originalmente y es probable que nadie lo felicite por la buena gestión que hizo de la pandemia, pero también que se le acabe facturando si la vacunación no se hace sentir fuerte, más aún, si irrumpe la segunda ola.
Y todo en un año en el que en tres meses, se larga oficialmente una campaña electoral que el bloque de JxC comenzó hace rato. De esto va el Magical Mistery Tour que durante los últimos días llevó a Patricia Bullrich a Clorinda y Chubut donde volvió a insistir con eso de que existe una confabulación mapuche para establecer un Estado en la Patagonia. Lo suyo es mágico por lo rocambolesco y misterioso por lo inconfesable de los objetivos que persigue. Subestimarla, sería una torpeza.
La otra gira de estos días es más seria. Martín Guzmán se reunió en Nueva York con representantes de fondos de inversión a los que les llevó un muestreo de lo que el Gobierno tiene para vender: un saneamiento de las políticas macroeconómicas, el avance de las negociaciones con el FMI y, sobre todo, el Programa Plurianual (PP) que va a presentar en el Congreso.
El énfasis en el PP está puesto porque es ahí donde hay oportunidades de participación, que pueden interesar a estos fondos que son los que vienen teniendo presencia más constante en el país.
La cita fue en el Consulado de Argentina y ahí estuvieron representados algunos viejos conocidos como Contrarian Capital Management LLC, Monarch Alternative Capital LP, Fintech Advisory Inc. y Greylock Capital Management LLC.
En momentos en que la política expansiva del gasto que lleva adelante el Gobierno de EE.UU. plantea oportunidades para los fondos especulativos, Guzmán llevó a la reunión una cartera que pretende seducir la inversión en Argentina.
Pero esto no es todo. Es que incluso después del acuerdo que logró el gobierno con los tenedores de deuda privada, el Banco Central tuvo que continuar inyectando reservas para abastecer la demanda de dólares financieros, algo que se aceleró este año, de la mano de estos fondos especulativos que se retiran y en el camino presionan para llevarse más.
Hasta ahora la fumata blanca entre el gobierno y el sector agroexportador, sumada a suba de los precios internacionales de los commodities, ayudaron a equilibrar la cosa e impidieron que este trote se convierta en corrida que vuelva a poner el precio del dólar en el ojo del huracán.
Esto seguro que se puso sobre la mesa de lo conversado en el Consulado porque es combustible para sostener elevado el riesgo país, que fija la tasa a la que se financian las empresas que gracias al Gobierno Macri, quedaron bastante endeudadas en dólares.
Por otra parte fomenta la sangría de divisas del Banco Central que se ve ante la disyuntiva de malvender un bien sumamente escaso o retacearlo, con el riesgo de que eso incentive a los “patriotas del mercado” a presionar sobre el dólar financiero, lo que a la corta fomenta la especulación.
En este escenario esos “patriotas” se mueven como pez en el agua a la hora de acovachar materia prima derivada de commodities, lo que trae aparejado desabastecimiento y más inflación.
Como se ve el camino que transita el gobierno está plagado de trampas y tramposos que apuntan a favorecer un proceso que acabe en la devaluación que pulverizaría el salario. Esta es la verdad de esa historia de la puja distributiva que, hay que repetirlo, no es otra cosa que un capítulo de la lucha de clases (Ver La quimera por el oro y Puja distributiva ¿quién se come la torta?).
Por eso es que los conglomerados massmediáticos que actúan en Argentina se rasgan las vestiduras y, en sintonía con los fondos, reclaman que el gobierno acuerde rápidamente con el FMI ¿Pero por que? Sencillo: porque para hacerlo de esa forma habría que firmar el acuerdo-tipo del organismo, lo que quiere decir aceptar la receta tradicional de “reformas” estructurales con un hiperajuste fiscal a la cabeza. Y así subiría el precio de los bonos que poseen: como en El Padrino, la cosa “no es personal, sólo son negocios”.
Pero el encuentro con los Fondos fue sólo la preliminar de los que esta semana va a tener, en Washington, con un representante del Tesoro de EE.UU. y, por otro lado, con Kristalina Gueorguieva.
De un lado y del otro de la mesa saben que como está la cosa, Argentina no puede pagar la deuda que inescrupulosamente tomó la Presidencia Macri. Sólo durante 2022 y 2023 hay vencimientos de veinte mil millones de dólares anuales: para tener una referencia, en 2020 el superávit comercial fue de algo menos de 12.600 millones y para este año se espera quede un saldo positivo cercano a los 16 mil millones.
Como para bajar la ansiedad, vale recordar que con el FMI la expectativa de máxima no existe. Pero de todos modos el viaje estaría pago si Guzmán vuelve con alguna declaración amigable y una foto sonriente con Gueorguieva. Esto contribuiría a ablandar un poco el próximo ring que espera al ministro de Economía.
Es que el FMI tiene para repartir entre sus socios un fondo especial destinado a morigerar los efectos económico-financieros de la pandemia. Si Gueorguieva lo autoriza por medio de una Special Drawing Rights, se podría utilizar la parte que toca a Argentina para tapar el agujero de 2.600 millones de dólares que vencen este año con el Club de Paris. Y si no lo autoriza, pero hace un guiño, se podría renegociar este vencimiento lo que daría al gobierno un poco de aire en el año electoral.

Una de cal, otra de arena

Como se ve, en el corto plazo, resulta urgente ver cómo se paga la salida de la crisis que dejó la Presidencia Macri y profundizó la pandemia, pero la pregunta del millón es quién la paga. En este marco hay un escenario en el que se suceden las paladas de cal y las de arena.
Hay sectores de la producción industrial y la construcción, que durante el cuarto trimestre de 2020 manifestaron recuperación respecto a los meses iniciales de la pandemia, pero también en comparación con lo que dejó el Gobierno Cambiemos.
Asimismo, la moderada mejora para el nivel de contratación dentro del universo del trabajo registrado, dejó a enero como el mejor en tres años, en tanto que los despidos se colocan en el valor más bajo desde 2005.
Por otra parte crece la recaudación por encima de la inflación y se verifica cierto incremento de los depósitos en plazo fijo en pesos ajustables por el coeficiente UVA, al tiempo que se espera que el déficit se coloque por debajo de lo que estimó el Presupuesto y que el PIB crezca siete puntos en lugar del 5,5 estimado.
Pero la inflación sigue siendo una piedra en el zapato de Alberto Fernández. El relevamiento de la consultora LCG señala que sigue la aceleración en el rubro Alimentos, donde la semana pasada hubo una suba de 1,4 por ciento, lo que significa el aumento más elevado desde enero que deja un arrastre para marzo del 3,7 por ciento.
Con este telón de fondo, La Rosada sigue trabajando en las mesas sectoriales en las que espera revisar la cadena que acaba inflando los precios minoristas, al tiempo que la semana pasada presentó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que es un registro para que grandes empresas informen sobre precios, stocks y volumen de ventas, que pretende alcanzar a alrededor de quinientas firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza.
Mientras el gobierno intenta poner la lupa sobre los precios, las principales empresas que los forman, tuvieron un 2020 con utilidades relevantes que dieron vuelta de página al momento adverso que vivieron durante el Gobierno Cambiemos.
De acuerdo a los balances contables que le presentaron a la Comisión Nacional de Valores, el año pasado Arcor ganó 5.442 millones netos y Molinos Río de la Plata cerca de 1.800 millones, algo más que lo que obtuvo Ledesma.
Se trata sólo de casos que sirven de testigo, para explicar qué pasa cuando más del ochenta por ciento de los productos de la canasta básica están concentrados por cinco corporaciones.
Y son estos actores los que desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), ponen el grito en el cielo por la prosecución de los Precios Máximos y Cuidados, así como por la Ley de Góndolas cuya entrada en vigencia despierta gran expectativa en Balcarce 50.
Pero no es sólo por esto por lo que protestan desde el universo del capital. A fin de mes vence el plazo para la presentación de la declaración jurada de los alrededor de trece mil alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, que establece la Ley 27. 605. Aunque la Afip estableció de un régimen de facilidades de pago, desde el conglomerado massmediático con la UIA, AEA y la Sociedad Rural a la cabeza denuncian que la Administración Federal de Ingresos Públicos “salió a la caza de los ricos”.
Así las cosas, el jueves pasado se aprobó el dictamen de comisión que habilita el tratamiento del proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias sobre personas físicas, que beneficia a más de 1.200.000 trabajadores formalizados, pero que en la otra cara de la moneda, deja un costo fiscal superior a los cuarenta mil millones de pesos.
Esto es mucho para un gobierno que tiene una prédica y una práctica fiscalista. Por eso esta moneda tiene otra cara más que La Rosada espera poner sobre la mesa cuando envíe al Congreso otro proyecto, en este caso, para buscar modificar la alícuota de Ganancias para las empresas.
Según se supo la idea es aumentarla para las que más facturan, que quede igual para las de mediana facturación y disminuya para el caso de las pequeñas.
Aquí se diluye el apoyo transversal que tuvo la iniciativa que alcanza a Ganancias sobre personas físicas. Pero si prospera, modificaría la reforma fiscal que impuso Mauricio Macri durante 2017 con apoyo de varios gobernadores, que trajo aparejada una caída de los recursos de Anses e hizo que la cantidad de trabajadores activos y jubilados que pagaban ganancias, pasara del doce al veinticuatro por ciento.
Todo mientras bajaba la alícuota a las grandes empresas, con la excusa de que con la merma de la presión fiscal, iban a invertir y generar más trabajo. Pero la constatación empírica de los años posteriores señala que pasó todo lo contrario.
Y aunque también por esto las principales cámaras empresariales son una sola voz a la hora de quejarse, el gobierno sigue apostando a la búsqueda de acuerdos intersectoriales que, por ahora, tienen su máxima expresión en el Consejo Económico y Social.
En esta dirección, el viernes anunció un plan de promoción del empleo que se implementa por medio de una baja en los impuestos para empresas que actúan en el norte del país. Esto es un subsidio al universo del capital, a través de la reducción de los aportes patronales de hasta el ochenta por ciento.
Una de las provincias beneficiadas es Jujuy, donde como buen surfer Gerardo Morales sabe aprovechar la ola y se monta en la necesidad que tiene La Rosada de encontrar opositores dispuestos a brindarle cuotas de gobernabilidad.
Mientras tanto Milagro Sala y otros militantes de la Tupac Amaru siguen presos por disposición de un Poder Judicial que se jacta de ser el campeón del lawfare. Y, desde la semana pasada, esta provincia vuelve a ser el escenario de una brutal represión, esta vez en el barrio Campo Verde (Ver Otra vez Morales).

It’s capitalism, stupid

Esta breve reseña de lo que pasa hoy y aquí, habla de algunas cosas que son consecuencia insoslayable de las relaciones que impone el capital. Y, sobre todo, de que esas cosas que pasan no son azarosas y que, lejos de estar aisladas de un contexto global, responden a dinámicas que remiten al desarrollo de la propia crisis del sistema capitalista.
La imposición de deuda, es parte de la solución que encontró el sistema para intentar gambetear el cuello de botella derivado de la sobreproducción de porquerías inútiles y extrema mercantilización de todo, que comenzó a manifestarse como expresión de su crisis desde principios de los años 70 del siglo 21.
Una mirada retrospectiva permite ver a Macri, De la Rúa, Menem y una misma matriz que tiene su episodio más cruel en la dictadura que comenzó hace 45 años.
El genocidio que perpetró fue un golpe de bola a varias bandas: una de ellas es su carácter pedagógico, que facilitó la tarea de aquellos que fueron sus continuadores, aunque el ajuste siempre cerró con represión y también provocó resistencia.
Esa vez el programa económico fue el que diseñó lo más concentrado del universo del capital que estaba agrupado en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que sumaba –entre otros- a la Asociación de Bancos Argentinos, la Confederación Rural, Sociedad Rural y el Consejo Empresario Argentino.
De ahí salió la designación de Martínez de Hoz y la aceptación del endeudamiento externo, como mecanismo para captar dinero fiduciario que garantizaba una extrema valorización financiera, al tiempo que destruía trabajo de calidad y salario.
Pero también propiciaba las condiciones de una acelerada destrucción de la matriz productiva industrial y un proceso de concentración de universo del capital que benefició a muy pocos. Entre esos ganadores hay algunos nombres que todavía suenan 45 años más tarde. Socma, la nave insignia del Grupo Macri, pasó de tener siete empresas a 58, en tanto que Techint de Paolo Rocca dio el salto que lo catapultó hacia las ligas internacionales y Clarin dejó de ser el “gran diario argentino”, para comenzar a convertirse en un conglomerado massmediático merced a la cesión de Papel Prensa y de un decreto que en la práctica se convirtió en Ley de Medios, cuyo espíritu todavía se impone.
Todo esto que se hizo a punta de pistola, se garantizó con mecanismos como las leyes de Inversiones Extranjeras y la de Entidades Financieras que rediseñaron un esquema que persiste caracterizado por la imposición de un escenario productivo dependiente de la lógica que impone –sobre todo- el capital financiero transnacional. Y que naturaliza la constante expropiación de riqueza de la mayoría en beneficio de muy pocos.
La sociopatía está en el ADN del capitalismo y se manifiesta con más virulencia durante los momentos en que su crisis alcanza picos. Y el sistema capitalista ya estaba en crisis antes de la irrupción de la pandemia, que sólo la profundizó y visibilizó muchas de sus deficiencias, cuando se alteró el proceso de producción, circulación y realización del capital en el mercado.
Hasta anteayer exigían que se flexibilice el Aspo para que los trabajadores sean carne de cañón, que se inmolara para garantizar que la ronda de maximización de tasa de rentabilidad capitalista ni siquiera se ralentice un poco. Quienes lo hacían, son los que ahora pretenden que el Estado delegue en el sector privado la adquisición y venta de vacunas para que se inoculen sólo los que puedan pagar fortunas por cada dosis.
Porque algo que la pandemia ayudó a poner en negro sobre blanco es que, en el actual momento de su crisis de larga duración, a la hora de resolver el problema estructural que tiene mucho que ver con una relación que no cierra entre sobreproducción de bienes innecesarios, consumo y extracción de plusvalor, al capitalismo sólo le queda imponer la necropolítica como lógica de mediación social. Y desde esa mirada, todo es mercancía, y esto incluye a las vacunas, las personas, su vida y su muerte.