Jair Bolsonaro y otros individuos que formaron parte de su gobierno, fueron imputados judicialmente de haber perpetrado los delitos de «intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «golpe de Estado» y «organización criminal».
Por medio de su Comisión Política Nacional, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), hizo pública su condena a los militares vinculados al ex presidente Jair Bolsonaro, que según se supo no hace mucho, en diciembre de 2022 pergeñaron un plan por el que se proponían asesinar al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Al respecto, el PCdoB hizo hincapié en que se trató de una manifestación del carácter neofascista del gobierno de Bolsonaro que «actuó para atacar la democracia e intentar imponer un régimen dictatorial» y después de remarcar que por medio de ese acto terrorista se pretendió dar un golpe de Estado, pidió que el Poder Judicial castigue de forma ejemplar a sus responsables.
Cabe recordar que este plan magnicida fue revelado por el informe final de una investigación que llevó a cabo la Policía Federal a instancias del Supremo Tribunal Federal, lo que devino en el inicio de causas penales en las que 37 personas, entre ellas Bolsonaro, fueron imputadas de haber perpetrado los delitos de «intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «golpe de Estado» y «organización criminal».
Por estos delitos también fue imputado el general Walter Braga Netto, quien integró como candidato a vicepresidente la fórmula que perdió contra la conformada por Lula y Alckmin en las elecciones de 2022. También aparecen otros individuos que ocuparon cargo oficiales relevantes durante el gobierno de Bolsonaro, entre ellos el general Augusto Heleno, quien fuera ministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia, el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, el teniente coronel Mauro Cid que fue ayudante de campo de Bolsonaro y Valdemar da Costa Neto, que es el presidente del Partido Liberal.
Más de la mitad de los acusados son militares. Otros que fueron imputados son Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que fue ministro de Defensa y Almir Garnier Santos, que es un almirante de reserva y ex comandante de la Armada.
«Brasil se enfrenta a un momento histórico», puntualiza el PCdoB y señala que con este informe final la responsabilidad la tiene ahora el Ministerio Público Federal y del Poder Judicial, cuyas decisiones «tendrán un fuerte impacto en el presente y el futuro de la democracia brasileña».
Y tras alertar que «la extrema derecha, sus aliados y los imputados intentarán desmentir y tergiversar», para lo cual van a echar mano «al uso masivo de noticias falsas y amenazas para que el caso acabe en impunidad», recalcó que e preciso «poner en marcha de inmediato un movimiento cívico integrado por instituciones, entidades de la sociedad civil, prensa, partidos, movimientos y entidades del pueblo y trabajadores que valoren la democracia para apoyar el proceso en la Fiscalía General de la Nación y el juicio que debe realizarse en el Supremo Tribunal Federal, sin presiones ni intimidaciones, vengan de donde vengan».
