El régimen de Kiev ratifica la ilegalización del Partido Comunista de Ucrania y otras fuerzas de izquierda. A más de dos meses de su secuestro, poco se sabe del destino que corrieron los hermanos, Mikhail y Aleksander Kononovich.
Una decisión del Poder Judicial del régimen que encabeza Volodomir Zelensky, ratificó la proscripción del Partido Comunista de Ucrania en sintonía con la profundización de la Ley de Descomunización que fue promulgada durante 2015 por el entonces presidente Petró Poroshenko.
Con esta medida, se cierra el círculo que impone una fuerte violación de la libertad de expresión, pensamiento y asociación, al tiempo que legaliza la luz verde que tienen en Ucrania los grupos fascistas que desde hace varios años vienen perpetrando acciones que configuran una limpieza étnica.
Además del Partido Comunista de Ucrania, fueron proscriptos el Partido Comunista Renovado de Ucrania, el Partido Comunista de los Trabajadores y Campesinos, la Plataforma de Oposición-Por la Vida, el Partido Sharia, el Partido Socialista y la Unión de Fuerzas de Izquierda, entre otros.
Estas leyes que fomentan el odio son las que, entre otras cosas, llevaron a que el régimen de Kiev secuestre y torture amparado por una farsa de legalidad, a los dirigentes de la Juventud Comunista Leninista de Ucrania, Mikhail y Aleksander Kononovich, quienes aún continúan encarcelados desde hace más de dos meses.
Como se puede recordar, estos secuestros fueron perpetrados en medio de una escalada represiva del régimen de Kiev que en esos días había asesinado a Denis Kireyev, quien era miembro del equipo negociador de Ucrania que acababa de participar de una ronda de conversaciones con su contraparte rusa, así como al alcalde de la ciudad de Kreminna, Vlodymyr Struk. Ambos fueron acusados de ser “traidores” por el propio ministro del Interior Anton Gerashchenko quien, por supuesto, nunca presentó ninguna prueba al respecto.
Pero la persecución hacia los comunistas ucranianos no es cosa nueva. Durante 2015, poco después del golpe de Estado que acabó con el gobierno de Víktor Yanukóvich, el ejecutivo encabezado por OleksandrTurchínov, prohibió toda actividad a los partidos comunistas que entonces existían en Ucrania.
Todavía estaban calientes las cenizas que dejó la Masacre de Odesa perpetrada cuando, el 2 de mayo de 2014, paramilitares fascistas asociados a fuerzas policiales, cercaron a trabajadores que resistían al golpe en la Casa de los Sindicatos de esa ciudad. Ahí, tras atacar el edificio durante varias horas con armas de grueso calibre, lo incendiaron. A quienes intentaban escapar los remataban con disparos lo que dejó un saldo es de más de cincuenta personas asesinadas y alrededor de 250 heridos.
Todo en un contexto en el que las bandas del Maidán actuaban financiadas por la Unión Europea (UE) que también financió el golpe de Estado, entre otras cosas, porque Yanukóvich se negaba a abrir la economía ucraniana a los intereses multinacionales patrocinados por la UE.
