En Países Bajos los comunistas se movilizaron para exigir que el Estado brinde solución a la crisis habitacional que atraviesa este país.
El Nuevo Partido Comunista de los Países Bajos (Npcn) y el Movimiento de la Juventud Comunista (CJB), condenaron públicamente la represión policial ejercida contra personas que se manifestaban, pacíficamente, para demandar que el Estado brinde solución a la crisis habitacional que atraviesa este país.
Si bien se llevaron a cabo movilizaciones en diferentes ciudades neerlandesas, el epicentro tuvo lugar el domingo pasado en Ámsterdam y Rotterdam, donde alrededor de diez mil personas ganaron las calles para exigir que la vivienda sea accesible, con consignas como “casas para la gente”, “la vivienda es un derecho, no un modelo de negocio”, “el mercado inmobiliario está acabado” y “queremos que el gobierno tenga una política de viviendas”.
Es que es en estas dos ciudades, las principales de los Países Bajos, es donde la constante suba de los precios de venta de las unidades habitacionales y los alquileres, se suma a la escasez de viviendas sociales, lo que vuelve a la situación cada vez más crítica.
Este es un problema que se repite en gran parte de Europa occidental (Ver Berlín dijo “sí” a la expropiación de viviendas), pero en Países Bajos está tomando características más que preocupantes.
En este país existe un sistema de alquileres sociales de viviendas que tienen un tope de 750 euros. Este tipo de alquileres estuvo subvencionado por el Estado, pero ese mecanismo fue derogado en 2013 y desde entonces está gravado con un impuesto que le deja al Estado alrededor de 1.800 millones de euros anuales, algo que se defiende desde la derecha del arco político neerlandés donde se ubica el Partido Liberal del primer ministro, Mark Rutte.
Por su parte, un trabajo confeccionado por la Universidad de Groninga, señala que así como están las cosas “se acaba por subir el alquiler al inquilino”, pero sin que esto conlleve un fomento para la construcción de vivienda a la que puedan acceder los sectores de menos ingresos.
De acuerdo a la Oficina Central de Estadística, sobre una población de unas 18 millones de personas, el déficit habitacional es de alrededor de trescientas mil unidades habitacionales. Esta dependencia estatal, recalca también que el precio de las viviendas fue aumentado 78 por ciento desde 2013 y en agosto los precios fueron incrementados un 17,8 respecto al mismo mes de 2020.
Por su parte, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pide que las formaciones estatales que integran este espacio, reconozcan en sus respectivas legislaciones, que el acceso a un alojamiento adecuado “es un derecho humano fundamental”.
